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Abren investigación preliminar contra fiscal Pérez Gómez y juez Concepción

La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar en contra del fiscal José Domingo Pérez Gómez y el juez Richard Concepción Carhuancho, por presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad a raíz el allanamiento a la oficina de un asesor del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

La investigación tiene un plazo de 120 días. No comprende los delitos de violencia contra la autoridad y prevaricato en el caso del fiscal Pérez Gómez, así como el de prevaricato en el caso del juez Concepción Carhuancho.

Según resolución firmada por la fiscal superior Escarleth Laura Escalante, de fecha 31 de enero, es necesario investigar si es que el allanamiento y descerraje que se realizó la noche del viernes 4 de enero han respetado las prerrogativas constitucionales que tenía Pedro Chávarry como fiscal supremo y fiscal de la Nación, quien en esa fecha tenía abierta una denuncia por el presunto delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal y encubrimiento real.

“Es necesario que el fiscal José Pérez explique si las diligencias dirigidas a investigar los vínculos entre (Pedro) Gonzalo Chávarry Vallejos están referidas a los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Nación como noticia criminal de supuestos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real por parte de su despacho”, señala el texto de la fiscal Laura Escalante,

La resolución establece que, de ser así, el allanamiento no se habría podido llevar a cabo por estar relacionado a una investigación a un fiscal supremo, algo que constituiría un exceso de las atribuciones de Pérez Gómez.

Igualmente, la fiscal Laura Escalante considera que habría un exceso de atribuciones por parte del juez Richard Concepción Carhuancho por permitir un allanamiento relacionado a una investigación que no le correspondía a un fiscal superior como José Domingo Pérez.

La presunta comisión del delito de abuso de autoridad, para ambos magistrados, está previsto en el artículo 376 del Código Penal, que señala que aquel funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad “no mayor de tres años”.

En tal sentido, agrega la resolución, se le otorgan cinco días hábiles para que Pérez Gómez y Concepción Carhuancho presenten un informe de descargo respecto a la comisión del referido delito.

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