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Centros juveniles pasan al Ministerio de Justicia

El Poder Judicial transfirió formalmente el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Sinarsac), a cargo de La Gerencia de Centros Juveniles, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

El acta de formalización de la transferencia fue firmada esta tarde por el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga y el titular del Minjus, Vicente Zeballos Salinas, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1299 y en presencia de los equipos técnicos de ambos sectores.

Prado Saldarriaga explicó que son diez centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR) de medio cerrado y 25 centros de orientación al adolescente (SOA) de régimen abierto de Lima y del interior del país donde son atendidos los jóvenes en conflicto con la ley penal.

“Los centros juveniles quedan en buenas manos”, afirmó  Prado Saldarriaga tras agradecer al sector Justicia por asumir este nuevo reto.

Señaló que más que una transferencia es “un proceso para crear un mejor tratamiento, alternancia y esperanza en favor de los menores de edad en conflicto con la ley penal”.

Por su parte, Zeballos Salinas expresó que su portafolio asume el reto con hidalguía y responsabilidad al sostener que buscarán desterrar la premisa de que “Maranguita” es el paso previo al penal de Lurigancho. “Nuestro objetivo es que nunca pisen un penal”, indicó.

Según el documento serán transferidos los CJDR de Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzáles (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo.

Asimismo los SOA de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.

La transferencia también comprende a los 236 agentes de seguridad que laboran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 (CAS), de los cuales 89 prestan servicios en los CJDR y SOA, además de los recursos económicos para el pago de sus remuneraciones en los meses de noviembre y diciembre próximo.

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