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Chávarry: Subcomisión mandó al archivo denuncia por encubrimiento

No pasaron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las imputaciones por encubrimiento real y encubrimiento personal interpuestas por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalas en contra de su antecesor Pedro Gonzalo Chávarry por vulnerar de manera irregular el lacrado de una oficina del Ministerio Público y retirar documentos vinculados al caso “Lava Jato”.

La fiscal Ávalos había señalado a Chávarry como instigador de la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público y de la sustracción de documentos en la misma, en enero pasado.

La Subcomisión por seis votos a favor, todos de Fuerza Popular y cinco en contra, desestimó el pedido de la Fiscalía y lo mandó al archivo, debido a otra denuncia que contempló estos delitos fue declarada improcedente en abril pasado.

Sin embargo, la subcomisión encontró “indicios razonables”, la denuncia en la parte referida a la imputación del presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador).  Este extremo que fue aprobado por la subcomisión por 10 votos a favor y 1 en contra, tiene una pena menor que los otros dos ilícitos citados.

En consecuencia, en la próxima sesión de la Subcomisión se elegirá al congresista delegado para que se encargue de realizar las indagaciones en torno a la denuncia por la magistrada Ávalos Rivera.

En la sesión que se desarrolló en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, el grupo de trabajo calificó de procedente la denuncia constitucional hecha por los congresistas Lourdes Alcorta, Miguel Castro, Edwin Donayre, Luz Salgado Rubianes, Marco Miyashiro y Carlos Tubino, contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, por presunta violación de varios preceptos constitucionales, entre ellos el 76º de la Carta Política.

La denuncia también incluye a los exministros Pedro Cateriano Bellido, Wilfredo Pedraza, Daniel Urresti y José Pérez Guadalupe.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales calificó, asimismo, de improcedentes alrededor de 16 denuncias constitucionales en contra de congresistas, ministros y magistrados y, por lo tanto, se dispuso de archivamiento. 

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