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Congreso aprueba Ley que permite desalojo de morosos en no más de 30 días

Basta de inquilinos morosos. El país podrá contar con un instrumento legal que permitirá frenar el abuso de inquilinos morosos que por muchos años viven sin pagar en viviendas de alquiler por la dejadez del Poder Judicial.

El Congreso de la República, en su sesión plenaria, aprobó en primera votación, por 83 votos a favor, un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo que abre las puertas para que los procesos de desalojo se acorten y puedan efectuarse en un plazo de entre 20 y 30 días.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, preciso que la ley conocida también como Ley de ‘desalojo notarial’, brindará garantía a los propietarios que alquilen sus inmuebles, pues podrán recuperarlos de forma inmediata en caso el inquilino incumpla con el pago puntual de las cuotas.

Alcances de la ley

Este proyecto de Ley establece y regula el desalojo, con intervención del notario, a fin de restituir el bien inmueble arrendado a su dueño, además de disminuir la carga procesal de los juzgados. Esta iniciativa busca contrarrestar las invasiones y la informalidad.

Las causales de desalojo son el vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o el incumplimiento de pago de la renta, según lo establecido en el contrato. El notario sólo considerará la constancia de transferencia o depósito de los pagos realizados a través de la cuenta bancaria acordada por las partes.

Como parte del procedimiento, el notario constatará el cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento. Posteriormente, dejará constancia del vencimiento del contrato o de resolución del mismo por falta de pago y remitirá copia legalizada del expediente al Juez de Paz Letrado, del distrito donde se ubica el inmueble arrendado.

Dentro del plazo de 3 días hábiles de recibido el expediente, el Juez de Paz Letrado emitirá la resolución judicial y cursará oficio a la Policía Nacional, disponiendo el desalojo o el descerraje, en caso de resistencia. La resolución judicial es impugnable.

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