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Congreso interpelará a Zeballos por términos del Acuerdo con Odebrecht

En Congreso decidió hoy por mayoría (58 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención) admitir una moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Antonio Zeballos Salinas, a fin de que, de acuerdo al texto aprobado, informe a la Representación Nacional sobre los términos del Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios suscrita con la empresa Odebrecht, por el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, funcionario que depende de su despacho.

La sesión de interpelación se realizará, de acuerdo a la propuesta de Daniel Salaverry, aprobada a mano alzada, se realizará el próximo jueves 21 a las 9 de la mañana.

La bancada de Peruanos por el Kambio, de Alianza para el Progreso y la Bancada Liberal expresaron su oposición por la interpelación, Incluso el reincorporado congresista César Villanueva afirmó que no tiene sentido la concurrencia del ministro de Justicia a una sesión de interpelación para hablar del acuerdo alcanzado con Odebrecht.

“El ministro Vicente Zeballos  no tiene responsabilidad en ese proceso”, señaló el legislador de la Bancada Liberal, Gino Costa,  para precisar que el acuerdo fue suscrito por los fiscales encargados de la investigación del caso Lava Jato.  “Ellos no reciben ningún tipo de disposición del Poder Ejecutivo”, detalló.

Recalcó igualmente que en la suscripción del acuerdo intervino el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien, si bien dirige un despacho que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, goza de autonomía y no recibe indicaciones del titular del pliego. “Quien debe pronunciarse sobre este caso es el juez encargo de controlar la legalidad del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht”, indicó.

La interpelación

De acuerdo al texto aprobado, presentado como fundamento de la moción, el acuerdo “permitirá que la constructora Odebrecht y  sus ex directivos, con  Jorge Barata a la  cabeza,  queden excluidos en el Perú de toda sanción penal,  estableciéndose un pacto de impunidad,  obteniendo a cambio la cooperación de  la  empresa  Odebrecht para  la  entrega  de  la  información extraída de los servidores My Web  Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas  (DOE) de dicha empresa para el pago de  las coimas y sobornos. Información  que estará relacionada sólo a cuatro casos que, en su mayoría, ya es conocida por el Ministerio Público”.

Agrega “el acuerdo no fue global,  sobre el total de los proyectos en los que ha participado Odebrecht en el Perú,  sino sobre cuatro casos específicos: Tren Eléctrico, Carretera Interoceánica  Sur tramos 2 y 3,  Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusca, por los cuales se habrían firmado seis contratos con el Estado. Ello,  a pesar de que, a la fecha del acuerdo, ya se conocía que la Comisión Lava  Jato del Congreso de  la República,  ya  había investigado y encontrado indicios de delito en diecinueve  contratos en los que participó la empresa brasileña”.

Además, señala el documento “se acepta  la  versión  de  la  empresa  Odebrecht  de encontrarse en situación deficitaria,  y que está realizando un cambio profundo de prácticas empresariales,  hecho evidenciado en el Acuerdo de Colaboración, por  lo  que  la empresa quedará habilitada para trabajar en  el  país bajo  la obligación de  pagar prioritariamente a sus acreedores, es decir la empresa brasileña va a poder seguir contratando  con el Estado y con las ganancias que obtenga pagará la reparación civil pactada en el pre acuerdo de colaboración”-

 

De otro  lado,    pese a los beneficios logrados por Odebrecht no se  ha acordado que esta empresa se desista de los proceso judiciales y arbitrajes que tiene con  el  Estado peruano,  es  decir que  no  sólo se  le  exonera de responsabilidad  y por lo tanto de la inhabilitación para contratar con el Estado, sino que, probablemente  habrá que indemnizarlos  en una cuantía mayor a la que el Perú recibirá por concepto de la reparación civil pactada”.

 

Concluye la moción “Por  los  hechos expuestos, relativos  a  la  deficiente  defensa  de  los intereses del Estado evidenciada  en los términos pactados en el denominado “Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración  y Beneficios”,  suscritos con la empresa Odebrecht, la  gestión del Ministro de Justicia y Derechos Humanos exhibe grave negligencia  y lenidad,  las que no sólo son cuestionadas por el Congreso de la República,  sino,  sobre todo, por la sociedad peruana en su conjunto”.

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