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Corte IDH verá caso Munárriz Escobar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará entre el 20 y 24 de agosto su 126 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica, en la que deliberará casos contenciosos  como Munárriz Escobar y otros versus el Estado peruano.

El caso

El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar desde el 20 de marzo de 1999, después de ser presuntamente detenido por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, donde, supuestamente, estuvo privado de libertad.

Si bien el Estado peruano argumentó que el señor Munárriz Escobar fue puesto en libertad, la Comisión alegó que no existe prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado y que constituyen la única prueba de la alegada liberación de la víctima no cumplen con estándares mínimos de credibilidad, que existen múltiples elementos circunstanciales que tomados en su conjunto demuestran que la actuación policial en general respecto del señor Munárriz Escobar fue irregular y arbitraria.

Por otra parte, la Comisión concluyó que. a la fecha de aprobación del informe de fondo, habían pasado más de 17 años del inicio de ejecución de la presunta desaparición forzada y ésta aún no habría sido esclarecida.

La Comisión determinó que el Estado habría incurrido en una alegada demora excesiva en las investigaciones y que no se sustentaría en la complejidad del asunto, sino en la alegada falta de impulso y diligencia por parte del Estado.

La Comisión también concluyó que el Estado habría incumplido su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno debido a la tipificación inadecuada del delito de desaparición forzada de personas.

Finalmente, la Comisión estableció la alegada violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares del señor Munárriz Escobar.

Caso Coc Max y otros Vs. Guatemala

El caso se relaciona con la masacre presuntamente perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anojb’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman tras haber estado refugiada en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

 

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