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¿Cuáles son las acusaciones que pesan contra Keiko Fujimori?

¿Cuáles son las razones sostenidas por el juez Richard Concepción Carhuancho para dictar, a pedido del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, detención preliminar por  10 días, contra Keiko Fujimori y otras 19 personas?

De acuerdo al Auto de Detención preliminar judicial,  “Keiko Fujimori lideraba una organización criminal en el interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo  Odebrecht en el Perú  y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos  mediante  el otorgamiento de obras sobrevaluadas (Ejecutivo), beneficios normativos (Legislativo) y/o favorecimiento judicial, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”.

En su resolución el juez recoge las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Antonio Camayo, quien aseveró que Keiko Fujimori  habría tratado de influir en el Caso Cocteles a través del ex juez supremo César Hinostroza.

Fundamentos de la decisión judicial:

Keiko Fujimori como cabeza de una presunta organización criminal y la búsqueda de poder

La fiscalía sostiene que Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas, es la cabecilla de una organización criminal que se formó al interior del partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).

La lideresa del partido habría creado dicha organización para obtener poder político de las instituciones del Estado y tener facilidad para cometer delitos, entre ellos el lavado de activos.

Según la hipótesis fiscal, Fujimori Higuchi, en calidad de presidenta de FP y en atención del artículo 41 del estatuto del partido político (que la faculta a remover de manera unilateral al secretario general de la organización y a los tesoreros), encargó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya solicitar dinero a la constructora brasileña Odebrecht.

Fuerza Popular y los aportes de Odebrecht 

Fuerza Popular es considerada por la fiscalía una organización criminal moderna.

De acuerdo con la tesis del fiscal Pérez que fue acogida por el juez, por disposición de Keiko Fujimori dicho partido político recibió, transfirió y convirtió un total de US$1’200.000 de Odebrecht. De dicho monto, US$1 millón tendría procedencia ilícita.

La fiscalía sostiene que el aporte de dinero ilícito se dio a través los cocteles y por la modalidad del ‘pitufeo’

Según las tesis fiscal, entre el 2010 y 2011, el dinero ilícito fue entregado a los amigos, familiares y correligionarios de los investigados que participaron en cocteles o adquirieron boletos de la denominada “gran rifa”. Se detectó que a través de la modalidad del ‘pitufeo’ (entregas de dinero en pequeñas cantidades) se habría hecho pasar dichas sumas como aportes a la campaña. Además se habría suplantado a 114 personas que son consideradas aportantes falsos.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dice el fiscal, emitió documentos de conformidad a los informes que presentó FP para justificar los aportes. Por ello, también se cuestiona el papel de algunos funcionarios, específicamente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.

Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y las llamadas telefónicas

Para fundamentar el pedido, se acogió como elementos probatorios las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, quienes declararon que habían aportado dinero a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Esto habría quedado reflejado en la anotación ‘Aumentar Keiko 500’ que fue hallada en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. Además, se identificaron dos llamadas telefónicas entre Jorge Barata y el ex secretario de FP Jaime Yoshiyama.

Testigos claves y aportantes negaron que habían entregado dinero

La orden judicial hace referencia a declaraciones de testigos claves y colaboradores eficaces, como los CE 2018-2 y TP 02-2018, quienes habrían confirmado los falsos aportes. Entre los casos analizados por el magistrado está el de Marizol Valles Chong, esposa del congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui. Ella aseguró haber aportado S/27 mil a través de su contadora Micaela del Águila Vela. Sin embargo, esta lo negó.

También se recoge la declaración del colaborador 2018-1 quien sostuvo que, en mayo del 2011, el ahora congresista Reátegui llegó al restaurante El Dorado, en Tarapoto, y solicitó a un grupo de personas que firmaran “unos recibos como aportes de campaña” por haberse excedido en los gastos de la contienda del 2011. El colaborador sostiene que hasta el cocinero del restaurante firmó un recibo en blanco.

La detención como medida preventiva y el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto
Según la resolución, la detención preliminar se hace necesaria como una medida preventiva, ya que, a través de la organización criminal, Keiko Fujimori habría logrado tener influencia e interferencia en el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Como muestra de ello, se señala el informe que emitió la fiscal contra el crimen organizado Sandra Castro, que investiga a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.

En dicho informe se recogen las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Antonio Camayo, quien aseveró que Keiko Fujimori habría tratado de influir en el Caso Cocteles a través del ex juez supremo César Hinostroza.

Peligro de obstrucción y fuga 

De acuerdo con la resolución, Fujimori Higuchi no tendría arraigo laboral (por no tener trabajo conocido) y pese a tener familia, su vivienda es alquilada. Por ello y con la ayuda de la organización criminal, indica el juez, podría eludir la justicia.

A ello –señala la resolución– abonó su falta de colaboración con las investigaciones, pues no asistió a dos citaciones y obstruyó el allanamiento a un local de Fuerza Popular en el 2017.

Vea la resolución: Resolución detención Keiko Fujimori

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