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Daniel Urresti: Corte Suprema anula absolución sobre caso Bustíos

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que preside César San Martín Castro declaró nula la sentencia que absolvió a Daniel Urresti Elera como coautor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato con gran crueldad y explosión, en agravio del periodista Hugo Bustíos Saavedra y asesinato, en grado de tentativa, en agravio de Eduardo Reny Rojas Arce y ordenaron que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior.

A criterio de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, existe suficiente evidencia para considerar razonablemente que, desde el Derecho Internacional Penal, los delitos de asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, son crímenes de lesa humanidad.

Asegura que el tribunal superior, al absolver a Urresti, no ponderó el sentido integral de los elementos de juicio contenidos en las pruebas personales y documentales obtenidos durante el proceso penal.

“En consecuencia, al haberse incurrido en lo previsto en el artículo 298, numeral 1 del Código de Procedimientos Penales (…) es razonable rescindir la sentencia recurrida y convocar a un nuevo juicio oral a cargo de otro Tribunal Superior”, señala la resolución judicial que ordena también convocar a testigos y analizar pruebas documentales no tomados en cuenta por la sentencia absolutoria.

Además del presidente César San Martín Castro, integran la Sala Penal los jueces supremos Carlos Arias Lazarte, Hugo Príncipe Trujillo e Iván Sequeiros Vargas.

El 4 de octubre del año pasado, cinco días antes de la realización de las elecciones municipales y regionales y en las que el exministro participaba como candidato a la alcaldía de Lima, la Sala Penal Nacional absolvió a Urresti como coautor del asesinato de Hugo Bustíos.

El Ministerio Público y la parte civil presentaron recursos de nulidad contra esa sentencia absolutoria, bajo el argumento de que “no se valoraron adecuadamente las pruebas personales y documentales ni las circunstancias del asesinato; además, se infringieron las garantías constitucionales al debido proceso y no se consideró el hecho delictivo como un crimen de lesa humanidad”.

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