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Actualidad Politica

Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Camayo de Iza Motors

Antonio Camayo, el empresario automotriz propietario de Iza Motors, protagonista de audios que revelan una red de corrupción en el sistema de justicia en el Perú, junto a Walter Ríos (expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, recluido en prisión bajo mandato de prisión preventiva) y el aún juez supremo, Walter Hinostroza (en proceso de acusación constitucional para su destitución) permanecerá 36 meses en prisiòn hasta en tanto la justicia lo sentencie por los delitos en los que habría incurrido. 

El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) que despacha el juez Manuel Chuyo Zavaleta dictó 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Camayo Valverde, José Luis Cavassa Roncalla y otros once investigados por el caso denominado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El juez dictó similar medida contra Gianfranco Paredes Sánchez y Nelson Aparicio Beizaga, asesores del exjuez Walter Ríos, el chofer Jhon Misha Mantilla, la exjefa de Administración y Finanzas de la Corte del Callao, Verónica Rojas Aguire; el exgerente de Administración, Carlos Parra Pineda, así como a los abogados Fernando Seminario Arteta y Jacinto León Montenegro.

La medida limitativa de derechos también alcanza a los investigados Juan Antonio Egüez Beltrán, Jacinto Salinas Bedón y Mario Mendoza Díaz.

El magistrado Chuyo Zavaleta, además, dispuso una orden de captura para el abogado Marcelino Meneses Huayra, quien no fue a la audiencia y está en calidad de prófugo de la justicia.

Contra ellos, la fiscal Rocío Sánchez atribuye cargos por la presunta comisión de los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado.

Luego de varias sesiones de audiencia y debate entre las partes procesales, el juez  Chuyo Zavaleta concluyó que este caso reúne los requisitos que exige el Código Procesal Penal para dictar la medida requerida por la Fiscalía.

Estos son: la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos atribuidos; el pronóstico de pena supera los cuatro años de prisión, así como está latente el peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad por parte de los imputados.

Las evidencias de los ilícitos investigados están registradas en audios difundidos por la prensa y otros medios de prueba presentados durante la audiencia por la representante del Ministerio Público.

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