Publicidad

Actualidad

TC: Fundamentos de la inconstitucionalidad de la Ley Mulder

Estos son los fundamentos del Tribunal Constitucional para declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad de la  Ley 30793,  Ley que regula el  gasto del Estado peruano, presentado el 20 de junio del 2018 por más del 25% del número  legal de congresistas y por el Poder Ejecutivo, por medio del Procurador Público Especializado  en Materia Constitucional.

La resolución tiene los votos a favor de la inconstitucionalidad de la norma conocida como “Ley Mulder” los magistrados  Blume  Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada,   Espinosa-Saldaña   Barrera  y Ferrero  Costa, además del voto singular de la  magistrada   Ledesma  Narváez. (Vea la sentencia al final de la nota)

En resumen este Tribunal considera necesario resaltar esta doble dimensión de la libertad de información  pues, como se verá a continuación, la publicidad institucional  tiene Funciones informativas.  Y es que si se disminuyen los canales  se   pretende  hacer  llegar  información  relevante  a  la ciudadanía,  es factible  sostener que se está empobreciendo la  recepción de tal mensaje.

“Este Tribunal considera que la  publicidad  estatal  está  protegida por el  derecho a la  libertad  de información, en tanto se asume qué el  Estado brinda en muchas ocasiones,  información relevante para el interés social), lo que se relaciona con el derecho de la colectividad de ser infomada.

Siendo la libertad de información un derecho de la sociedad misma, es importante preguntarse  si  la  publicidad  estatal  es uno de  los  mecanismos jurídicos  para concretarla. O dicho de otro modo si  es  que  la  prohibición  total  de  la publicidad estatal supone una restricción  para el  derecho a recibir  información  en su faceta social o colectiva.

Recomendaciones

El  Tribunal  nota que  los  inconvenientes que generan el  uso desmedido   del   gasto   público   en  publicidad   y   que  generan  una   legítima preocupación por parte de la  entidad emplazada,  pueden ser combatidos  sin  acudir  a la prohibición  absoluta  y la criminalización  como  respuesta general.  En  efecto, corno se precisó,  es posible enfrentar   dicho  flagelo  con medidas de fiscalización  y con la  introducción de límites al financiamiento, lo cual  demanda adoptar todas aquellas  medidas   necesarias   que  permitan reglamentar    y precisar las formas en las  que se hará uso de  la potestad  de controlar el gasto público.

Estos controles deben ser realizados por ta Contraloría General de la República y también utilizados  por el Poder Ejecutivo, así como por todo  ente público que contrate publicidad en medios de comunicación privados mediante el establecimiento de una serie de criterios y estándares que permitan una mejor supervisión, control   y fiscalizaci6n  sobre el  gasto que  el  Estado  realiza  en  publicidad  estatal. Estos controles,   como es evidente, estilo direccionados a evitar que partes considerables del presupuesto público  sean asignadas para cubrir gastos relacionados con publicidad  que puede ser innecesaria.

El  Tribunal considera  que, a fin de hacer efectiva la lucha centra posibles   actos de corrupción,  estos controles deben ser previos, a fin de evitar la materialización de operaciones  de  gasto público   que sean arbitrarias; así  como simultáneos   y posteriores para evaluar  los resultados  de las operaciones o gestiones a fin de poder determinar si es que el  gasto público se ha direccionado a aspectos de publicidad estatal  institucional o comercial y  no para el beneficio  de un grupo político  o persona determinados.

A modo  de referencia,   los criterios  que podrían  utilizarse   para  lograr tal objetivo podrían incluir el  uso de  indicadores de audiencia, tiraje   o cuota de mercado, distribución   geográfica, idioma,  así como la  evaluación  del público   objetivo  al que se desea llegar  con la  publicidad   y qué medios  serían  los idóneos para llegar a la audiencia.

Evidentemente,  cualquier gasto con fondos públicos  que sea innecesario  para cumplir con esta labor,  podrá  ser oportunamente   fiscalizada  no solo por la Contraloría General de la  República, también por la  misma  ciudadanía, ya que   la  información  concerniente  a ésta clase  de gastos debe ser de público conocimiento y de simple acceso, a fin que puedan advertirse  la  forma como se emplea  el dinero del Estado

 

https://www.scribd.com/document/391377640/00013-2018-AI

 

Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada día un resumen de noticias en su correo electrónico.