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Iglesia

Ante excarcelación de Morote, obispos preguntan si el Estado ha cumplido su rol

¿El Estado ha cumplido su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una sociedad que mira el futuro con paz y justicia?, es una de las preguntas que se hacen los obispos del Perú ante la decisión del Poder Judicial de dictar orden de excarcelación por la de arresto domiciliario a favor de Osmán Morote, quien llegó a ser el número dos de la cúpula terrorista, y de Margot Liendo Gil, integrante del comité central de Sendero Luminoso.

En un pronunciamiento denominado “Garantizar la vida, la seguridad y la paz social”, la Conferencia Episcopal Peruana señala que “el dolor y el  rechazo que dejó la violencia terrorista en el Perú son aún muy intensos, como se puede verificar en la repulsa y la indignación de la población ante la variación de la condición jurídica de algunos miembros de la cúpula senderista en los procesos judiciales que se le siguen”.

Ante éste panorama, la entidad que agrupa a los representantes del clero peruano manifiesta que:

  1. Es obligación del Estado garantizar al pueblo peruano la integridad de la vida, el bien común y la paz social. De esta responsabilidad ningún poder del Estado puede excluirse, es decir, del respeto a la integridad de la ley, pues con ello dejaría desprotegida a la población.
  2. No podemos negar que nuestro país fue herido gravemente por las acciones de violencia y terrorismo que destruyeron vidas, familias, comunidades enteras y nos sometieron al miedo, al borde del colapso y la ruina, cuyas secuelas de todo orden todavía no se han curado ni resarcido.
  3. El derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto a la ley, sin el cual caemos en la lógica que el más fuerte imponga siempre su voluntad. Pero, nos preguntamos: ¿Estas personas que han seguido este camino equivocado, han pedido perdón por ello, han mostrado arrepentimiento sincero?
  4. El Estado de derecho que vivimos, posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad. Rechazamos los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo y/o sus métodos. Cabe preguntarnos: ¿El Estado ha cumplido su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una sociedad que mira el futuro con paz y justicia?
  5. Como cristianos defendemos la justicia y la dignidad. Pero, una justicia que tarda, cualquiera fuere la razón, no es justicia, por el contrario, ocasiona más daño.
  6. Renovamos el pedido que nos hizo el Papa Francisco “no permitan que les roben la esperanza”, es el momento de unirnos y trabajar juntos por la vida, el bien común y la paz social.

Lima, 22 de Abril de 2018

 

La Presidencia

Conferencia Episcopal Peruana