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Actualidad Politica

Comisión aprueba acusaciones constitucionales contra Rodríguez y Chávarry

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Milagros Takayama Jiménez (FP), aprobó por unanimidad  las calificaciones de procedentes las denuncias constitucionales contra el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo; fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos; el juez Supremo, César Hinostroza Pariachi; y contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Rodríguez

La denuncia contra Duberlí Rodríguez,  presentada por la congresista Yeni Vilcatoma (FP) se fundamenta en la presunta infracción constitucional de los artículos 39º y 44º de la Carta Política por los audios propalados por la prensa nacional, en los cuales se advierte la profunda crisis del sistema de administración de justicia del país, la responsabilidad del denunciado y la corroboración de su participación en una reunión social con personas actualmente investigadas por tales audios o con procesos pendientes en el Poder Judicial.

“Se ha establecido que el denunciado, siendo presidente del Poder Judicial, fue incapaz de identificar los focos  de corrupción existentes en el interior de ese órgano constitucional; y es más, hay evidencia de que sus conductas mostrarían su relación con personas que forman parte de una organización criminal, hechos que ameritan la realización de una exhaustiva investigación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

Fiscal de la Naciòn

La denuncia constitucional 227 interpuesta por el congresista Marco Arana (FA) contra el Fiscal de la Nación se argumenta en el hecho de haber sostenido conversaciones con el juez Supremo César Hinostroza Pariachi sobre la posibilidad de cambiar a un fiscal encargado de determinadas investigaciones, cuyo actuar le resulta incómodo al mencionado juez.

Igualmente, porque en otro de los audios propalados se aprecia un diálogo entre el denunciado y el antes mencionado juez Supremo, quien le solicita el otorgamiento de una constancia que acredite que varios procesos que lo involucran habían sido archivados a lo que el denunciado conviene desconociendo los trámites y plazos que la ley exige para la obtención del citado documento.

También se escucha en un tercer y cuarto audio que el fiscal de la Nación coordina con Hinostroza Pariachi y éste con el investigado Antonio Camayo, la realización de una reunión con la prensa “amiga”, evento que inicialmente fue negado por el denunciado y que posteriormente fue confirmada su participación.

El caso fue calificado de procedente porque se ha determinado que el fiscal de la Nación convino en realizar a favor del juez Supremo actos irregulares para otorgarle un documento, haber claudicado de su función de autonomía e independencia constitucionalmente establecida, al negociar con el aludido miembro del Poder Judicial, para la remoción de un fiscal que le era incómodo.

Juez y consejeros del BNM

La tercera denuncia constitucional fue planteada por el propio fiscal de la Nación contra los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila Grados, por delitos cohecho pasivo específico y tráfico de influencias sancionados por los artículos 395º y 400 del Código Penal.

También contra Orlando Velásquez Benites, por delito de cohecho pasivo específico sancionado por el artículo 395 del Código Penal; Sergio Noguera Ramos, por delito de patrocinio ilegal, regulado por el artículo 385º del Código Penal; y al vocal Supremo César Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias previstos en los artículos 385º, 395º y 400 del Código Penal.

En los audios propalados por la prensa se ha logrado establecer que los exmiembros del CNM y el vocal Supremo denunciados, han intervenido de manera concertada en diferentes actos al promover un irregular nombramiento y ratificación de postulantes y magistrados, sin cumplir los requisitos que la ley exige actos contrarios a las normas legales y constitucionales.

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