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CIDH pide suspensión inmediata de acusación constitucional contra miembros del TC

CIDH pide suspensión inmediata de acusación constitucional contra miembros del TC (Foto: tc.gob.pe).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió (ordenó)  hoy al Estado que suspenda inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los Magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, hasta que el Pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 Período Ordinario de Sesiones, que celebrará en su sede en San José, Costa Rica, del 29 de enero al 9 de febrero de 2018. Sentencia CIDH casos magistrados TC

La decisión se produce tres días después que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe que recomienda la destitución e inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública al magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y suspender por treinta días a sus colegas Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y a Carlos Miranda Canales por haber cambiado el voto del ex juez constitucional Juan Vergara Gotelli en la sentencia del caso de la matanza de El Frontón que tenía autoridad de cosa juzgada.

En su resolución, la Corte otorgó un plazo hasta el 10 de enero de 2018 a los representantes de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera (internos por terrorismo que se encontraban detenidos en el establecimiento penal de la Isla El Frontón cuando, en junio de 1986, el Estado develó un motín que se había producido en el centro penitenciario) para que precisen la información o explicaciones solicitadas en aras de que la Corte Interamericana cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse.

Además amplió el objeto de la audiencia convocada por el Tribunal para ser celebrada en el 121 Período Ordinario de Sesiones para que abarque tanto la supervisión de cumplimiento de sentencia como los argumentos de las partes y la Comisión Interamericana sobre la solicitud de medidas provisionales, de manera que el Tribunal cuente con todos los elementos necesarios para adoptar una decisión en razón de la complejidad de la misma y sus implicancias. La audiencia  será de carácter público y se celebrará el 2 de febrero de 2018 de las 09:00 a las 11:00 horas.

Finalmente dispuso que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la presente Resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Antecedentes

En abril de 2017 “se […] presentó] una acusación constitucional [ante la  Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República,] contra los magistrados constitucionales Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, bajo el argumento de que habrían trasgredido la cosa juzgada constitucional y habrían cometido el delito de prevaricato” .

La referida acusación constitucional tuvo como origen una sentencia emitida por una anterior composición del Tribunal en el 2013, mediante la cual resolvió un “Recurso de Agravio Constitucional” planteado a favor de imputados en el proceso penal abierto en “cumplimiento” de la reparación relativa a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, dispuesta por la Corte Interamericana en su Sentencia del caso Durand y Ugarte. El referido recurso de agravio constitucional fue presentado contra la decisión de apertura de la investigación penal en el año 2009, en tanto los imputados consideraban que “los hechos materia de investigación judicial estaban prescritos” .

En la sentencia de 2013, el Tribunal Constitucional estableció que el proceso judicial ya abierto debía continuar siendo tramitado por el Poder Judicial, en tanto el caso judicial prescribirá cuando termine el juicio actualmente en trámite”, disponiendo además que no puede haber ningún nuevo proceso por estos hechos . Adicionalmente “determinó que los hechos calificados [en la apertura de la investigación como] crímenes de lesa humanidad no tenían tal condición”.

Con respecto a la votación de ese extremo relativo a la no calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad, el “Procurador Público Supranacional sobre [Derechos Humanos […] y […] algunas organizaciones no gubernamentales [… pidieron] al Tribunal Constitucional […] hacer un nuevo cómputo de votos para ver si se había configurado o no sentencia en [ese] extremo” debido a que consideraban que se computó indebidamente el voto del entonces magistrado Vergara. La anterior composición del Tribunal Constitucional no dio “el trámite correspondiente” a dicha solicitud. Fue en marzo de 2017 que los cuatro magistrados de la “actual composición del Tribunal Constitucional […] procedieron …] a realizar un correcto cómputo del sentido de los votos de lo resuelto [y, por tanto] corrigieron] el error material en que se había incurrido”. Esta decisión tuvo como consecuencia “eliminar] del texto de la sentencia” el extremo relativo a que los hechos no podían ser calificados como delitos de lesa humanidad.

El referido auto constitucional de marzo de 2017 motivó la presentación de una acusación constitucional ante el Congreso contra los mencionados cuatro magistrados. Los representantes señalaron que dicha acusación “no solo contiene la posibilidad de destitución de los [cuatro] magistrados constitucionales acusados, sino que, además, constituye una amenaza inminente contra quienes vienen haciendo cumplir el mandato de la Corte en el caso Durand y Ugarte Vs. Perú dentro del Poder Judicial”. Asimismo, consideraron que la referida acusación “viola la independencia de los jueces[,] quienes todavía vienen conociendo [el] proceso [relativo al agravio constitucional]” . Los representantes también alegaron que durante el proceso seguido ante el Congreso se han dado “violaciones […] al debido proceso” .

Para la CIDH, “Existe “la inminente posibilidad de que los [referidos] magistrados del Tribunal Constitucional [… sean] destituidos del cargo[, lo cual] puede afectar gravemente el cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables”. Resaltaron también que dicho “acto de amedrentamiento […] ya ha originado […] la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana a la cual se han adherido los magistrados denunciados”.

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