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Politica

Condenados por corrupción y violadores no podrán trabajar en el Estado

El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen sustitutorio del proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público, no tener condena por delito de terrorismo, apología del terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y delito de corrupción de funcionarios.

Sometido al voto la propuesta fue aprobada, en primera votación, por 68 congresistas a favor, cuatro en contra, cero abstenciones. De acuerdo a las disposiciones reglamentarias dentro de siete días será sometido nuevamente al voto el proyecto.

El dictamen sancionado por la Representación Nacional en la sesión vespertina establece textualmente “como requisito para ingresar o reingresar a laborar en el sector público, que el trabajador no haya sido condenado con sentencia firme por el delito de terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas o delito de corrupción de funcionarios.  Anota que la rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para trabajar en el sector público.

Precisa que en caso de que el trabajador se encuentre comprendido en algunos de los supuestos señalados en el párrafo anterior y mantenga vínculo laboral con el Estado, bajo cualquier modalidad, este vínculo deberá ser resuelto.

Indica, asimismo, que están exceptuados de lo previsto en los párrafos anteriores los beneficiarios de la Ley 26655, que “crea la Comisión encargada de proponer al presidente de la República la concesión de indulto a personas condenadas por delito de terrorismo o traición a la patria”.

El proyecto de ley aprobado alcanza a todas las entidades de la administración pública que tenga cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal. El dispositivo entrará en vigencia a los 90 días de su publicación, con la finalidad de que las entidades del sector público adecúen su procedimiento de selección de personal para incorporar el requisito señalado.

En el debate, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Rolando Reátegui (FP) destacó la propuesta legislativa que fue aprobada por unanimidad en su grupo de trabajo. Dijo que es necesario que el Estado se proteja ante cualquier irregularidad que pueda cometerse.

Gino Costa (No A) expresó su acuerdo con el proyecto pero dijo que se debería ampliar a tipos penales de narcotráfico, corrupción, lavado de activos. Clayton Galván Vento (FP) pidió que se acumule el proyecto que pena el delito de violación sexual. Marisa Glave (Nuevo Perú) nos alegra que se quiera cerrar el paso a los funcionarios que están incursos en delitos de terrorismo.

Wilbert Rozas (FA) manifestó que está bien que se vigile quienes ingresan a trabajar a la administración pública, pero sugirió que debería incluirse a aquellos que están con sentencia firme y los que han cometido delitos de lesa humanidad.

Karla Schaefer (FP) consideró que debe incluirse los delitos de violación de personas, trata de personas, que es uno de los delitos más graves que atenta contra los principios más graves.

El congresista Humberto Morales (FA) estimo la conveniencia de que el presidente la Comisión de Fiscalización solicite un cuarto intermedio para que al proyecto se le incluya las diferentes sugerencias señaladas por los congresista, lo cual fue aceptado por Rolando Reátegui, quien dijo que las propuestas son atendibles. “Es necesario que el Estado se defienda ante los flagelos como el terrorismo que hizo mucho daño al país. Señaló que  tampoco los violadores podrán ingresar a trabajar en el sector público”, expresó.

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