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Politica

Corte IDH al Perú ¡Archive acusación constitucional contra magistrados del TC!

La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, ratificó la Resolución emitida el 17 de diciembre de 2017 y requirió al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial, archive el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los Magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

La decision, adoptada por cinco votos a favor y dos en contra, comprende además un pedido para que el Estado presente a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el punto resolutivo 1 de esta Resolución. Votaon a favor del acuerdo Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (presidente), Eugenio Raúl Zaffaroni y L. Patricio Pazmiño Freire y en contra los Jueces Eduardo Vio Grossi y Humberto Antonio Sierra Porto.

Consideraciones que fundamentan la Resolución expuestas en la Audiencia desarrollada el pasado 2 de febrero:

“Debido a que el señor Durand y el señor Ugarte fueron detenidos sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, y tampoco fueron puestos sin demora a disposición del órgano jurisdiccional competente, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la libertad personal de dichas víctimas”.

“La Corte declaró la violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de los familiares del señor Durand y del señor Ugarte, debido a que las autoridades estatales no les garantizaron una investigación de la desaparición y muerte de los referidos señores. Tanto en la Sentencia de fondo como en la posterior sentencia de reparaciones2, el Tribunal dispuso que el Estado debía cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar”.

“En la Sentencia de fondo la Corte dispuso que “el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables”.

“En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en tanto que buscan evitar daños irreparables a las personas. Éstas se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas”.

“La disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención obliga a los Estados a adoptar las medidas provisionales que les ordene este Tribunal. Adicionalmente estos deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)”.

“La Comisión manifestó que considera que se cumplen los requisitos convencionales para la adopción de medidas provisionales, respecto a lo cual destacó que:la Corte “está legitimada a pronunciarse sobre la manera en que el proceso de acusación constitucional puede poner en riesgo” el cumplimiento de la Sentencia”.

“La Corte considera que  el actual proceso de acusación constitucional ante el Congreso constituye una situación superviniente que claramente guarda relación con la supervisión del cumplimiento de la sentencia Durand y Ugarte. La Comisión sostuvo que esa relación “es directa porque el resultado de dicho proceso [podría] constituir un obstáculo para su cumplimiento con el efecto de consolidar la situación de impunidad imperante a la fecha en el presente caso”;

“Los representantes de las víctimas están integralmente legitimados procesalmente para solicitar medidas provisionales directamente” al Tribunal; respecto a las violaciones constatadas en la Sentencia respecto a los señores Durand y Ugarte, “al tratarse de una ejecución seguida de desaparición, la calificación jurídica que se desprende de los estándares interamericanos es la de grave violación de derechos humanos”.

“Frente a la grave situación de impunidad en la que hoy se encuentran los hechos del caso Durand y Ugarte y la naturaleza de los mismos, cualquiera decisión o actuación de las autoridades peruanas que pusieran en riesgo la continuidad de las todas las investigaciones internas, constituiría un incumplimiento manifiesto de la sentencia de esta Corte y una afrenta a las expectativas de los familiares que llevan más de 30 años en espera de verdad, justicia”;

“Ambos componentes del proceso de acusación constitucional contra la magistrada y los magistrados del Tribunal Constitucional de Perú, levantan serias preocupaciones a la luz de los principios de separación de poderes y de independencia judicial, especialmente tomando en cuenta que el auto que motivó el proceso está relacionado con la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos”;

“La Corte podría tomar en cuenta la situación actual de la acusación constitucional[, … pues] su simple existencia […] y la eventual eminencia en su avance [podría llevar a] una decisión definitiva que tiene implicación inmediata al principio fundamental del estado de derecho que es la independencia judicial y la separación de poderes”. Corte IDH, sobre el TC

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