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Politica

Discurso completo de César Villanueva en el Congreso de la República

“Señoras y señores congresistas, culmino así mi presentación ante ustedes y solicito respetuosamente el voto de confianza de la representación nacional para el gabinete ministerial que tengo el honor de presidir”, con estas palabras el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo terminó la exposición de la política de gestión que ésta obligado a presentar tras asumir sus funciones. Este es el discurso completo del jefe del gabinete:

Discurso de investidura del presidente del Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo

César Villanueva (Foto: Congreso de la República).

Buenos días, estimados congresistas, y por su intermedio, al pueblo peruano.

Cumpliendo lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, asistimos al Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno y las principales medidas de gestión que ejecutará este gabinete ministerial durante los próximos tres años.

Venimos con un mensaje de unidad frente a las adversidades. Unidos afrontaremos los grandes desafíos que tenemos los peruanos luego de casi 200 años de historia republicana.

Nuestro primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Para lograrlo, tenemos que superar, juntos, la difícil situación que estamos atravesando.

Nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener. Las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Lo más alarmante, por primera vez en éste milenio, es que la pobreza ha aumentado.

No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino, fundamentalmente, la esperanza en nuestro futuro y la confianza que los peruanos deberíamos tener en nuestras instituciones, nuestras autoridades y nuestros políticos.
El dinero sucio que ingresa a nuestra economía ya no solo proviene de la corrupción y el narcotráfico. Ahora, además, procede de la minería y de la tala ilegal. Estas actividades ilícitas han comenzado a ocupar nuestro territorio y a penetrar la política ante la falta de un Estado capaz de llevar orden, servicios básicos y oportunidades de desarrollo a nuestras regiones.

La emergencia climática que afrontó el norte el año pasado también ha desnudado las falencias de nuestro Estado. Como el presidente Martín Vizcarra ha constatado en el campo, el proceso de reconstrucción con cambios no avanza a la velocidad que la difícil situación exige.

No son, por cierto, nuestras únicas urgencias. Las reformas políticas y electorales son una de las tareas que tenemos que asumir con visión de estadistas. Solo desprendiéndonos de nuestros intereses particulares y de corto plazo podremos estar a la altura del reto que implica reconstruir un sistema de partidos y de representación en el que hoy en día no confía la mayoría de peruanos.

Por estas razones, resulta necesario que nos preguntemos ¿cómo es que hemos llegado a esta situación?.

Quiero detenerme un momento en lo que creo ha sido nuestro principal error: perder tiempo en falsas disyuntivas que oponen crecimiento o políticas sociales, mercado o Estado, minería o diversificación productiva, inversión o cuidado ambiental, fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas; entre otros “anti” que han hecho un fuerte daño al país.

Para desarrollar nuestras potencialidades, como Gobierno tendremos una mirada pragmática que permita reconocer aquello que ha funcionado en nuestro país y en otros países del mundo. Queremos construir sobre aquello positivo que dejó cada gestión que nos precedió así como sobre las propuestas provenientes de todos los partidos políticos.

Entonces, preguntémonos: ¿qué país y qué sociedad queremos ser para nuestro Bicentenario?
Queremos proponerle a los peruanos y peruanas ser un país más justo y equitativo que crece, compite y mira con optimismo el futuro. Una sociedad en la cual sea posible progresar con honestidad, independientemente del rincón del país en el que uno se encuentre.

Un país en el que nos miremos como iguales y podamos sentir confianza entre nosotros. Un país en el que nos podamos sentir orgullosos de ser peruanos.

Para ello, las metas que plantearemos son concretas. Y las llevaremos a cabo con diálogo y trabajando incansablemente. Porque uno de los ejes de nuestra gestión será la búsqueda de consensos.

Necesitamos construir un Estado Descentralizado capaz de llevar servicios básicos y oportunidades de desarrollo a cada lugar del país. Necesitamos que el Estado, las comunicades y la actividad formal recuperen los territorios que hemos abandonado. Solo así será posible ganarle la batalla a las actividades ilícitas y recuperar el optimismo y la confianza de los peruanos en sus políticos y en sus autoridades.

Ahora bien, nada de esto será posible si no asumimos una lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. Por eso, este será otro de los ejes en los que trabajaremos incansablemente y sobre los que venimos a presentarles metas y acciones concretas.

Finalmente, necesitamos revitalizar nuestra economía y poner delante de nuestras prioridades una agenda social que nos permita superar la anemia, garantizar servicios de salud y educación de calidad, y atender con urgencia la seguridad ciudadana y la protección que necesitan nuestros niños y mujeres en todo el país.

Reitero, todo esto será posible si trabajamos juntos, con honestidad y buscando construir sobre nuestros consensos. Ya hemos demostrado que sabemos superar grandes problemas y llegar a acuerdos. Ejemplos hay muchos. El más reciente, la salida constitucional que el país le dio a la crisis política que se presentó a fines del año pasado e inicios de este. La posterior realización de la Cumbre de las Américas en nuestra capital fue el reconocimiento internacional al respeto por la democracia que se vive en nuestro país.
Es en esta dirección que presentamos, a través de ustedes, señores congresistas, las principales políticas de nuestro Gobierno cuyos ejes prioritarios fueron adelantados por el presidente Martín Vizcarra en su discurso inicial en éste recinto.

1.- MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN POR EL BIEN DE TODOS

Queremos convertirnos en un país desarrollado. Necesitamos tomar hoy decisiones drásticas frente a la corrupción. Porque esta afecta el desarrollo de las naciones y los derechos de las personas.

En el Perú, como lo señaló el presidente en la Cumbre de las Américas, el costo de la corrupción representa cerca del 2 % de nuestro producto bruto interno (14 000 millones de soles), una cifra tan injusta como indignante pues priva a nuestros compatriotas más pobres de escuelas, hospitales, comisarías, caminos, puentes y trabajo digno.

La información que da cuenta de la participación de altos funcionarios públicos, políticos y empresarios en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia latinoamericana nos ha enrostrado lo profundo que ha calado este flagelo en en el Perú.

La corrupción se inicia con el financiamiento ilícito de las campañas, se alimenta de la limitada transparencia y la débil meritocracia, y termina con la subordinación de decisiones públicas a intereses subalternos. Hemos llegado a un punto que no admite alternativas distintas a la materialización de políticas y acciones concretas.

Es por esta razón que, a 20 días de haber juramentado, el Gobierno ya aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
2018-2021. Y hemos creado la Secretaría de Integridad Pública para que desde el más alto nivel garanticemos su implementación. Este es un primer e importante paso para prevenir la corrupción y sancionar a los corruptos, lo cual complementaremos con otras acciones.
Antes de los primeros 180 días, bajo el liderazgo del propio presidente Vizcarra, presentaremos un paquete normativo que cuenta con el respaldo del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera; y que estamos seguros contará con el respaldo del Congreso de la República.

Son medidas alineadas con el Acuerdo Nacional, las recomendaciones de la OCDE, el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, así como del Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas.

¿Cuáles son las principales medidas?

Primero. Todos los ministros y altos funcionarios con capacidad de decisión y manejo de recursos públicos estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco.

Segundo. Como ha sido de conocimiento público, la gestión de intereses ha generado altos costos para el país. Necesitamos un marco legal que lo regule eficientemente. Por ello, propondremos la Ley de Gestión de Intereses o Ley de Lobbies, para que estas actividades sean parte de un proceso efectivamente regulado y transparente. En nuestro Gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos. No.

Tercero. Un proyecto de Ley de Ampliación de la Muerte Civil por narcotráfico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Hemos avanzado prohibiendo que personas condenadas por corrupción ingresen o permanezcan en la administración pública, pero tenemos que ser más rigurosos para garantizar la integridad en el Estado.

Cuarto. Una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de campañas electorales para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política.

Quinto. La Ley de Extinción de Dominio, que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero.
Conocemos de proyectos de ley de congresistas de diferentes bancadas que van en la misma dirección. Y estamos seguros de que lograremos el consenso necesario para impulsar estos cambios.

En la misma línea, y conforme a los estándares internacionales, presentaremos una propuesta para sancionar la corrupción en el sector privado. Porque si queremos dar un cambio radical, necesitamos medidas aplicables a toda la sociedad y a todos los sectores.

Asimismo, promoveremos el intercambio global de información financiera y tributaria, así como una efectiva aplicación de la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional de la OCDE.

Y en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), crearemos el Registro de Beneficiarios Finales, que reunirá información de personas naturales y jurídicas que efectivamente poseen, controlan o se benefician económicamente de sociedades mercantiles, fideicomisos y fundaciones. Nuestro objetivo es contar con una estrategia efectiva para evitar el ocultamiento de fondos ilícitos.

Finalmente, para consolidar nuestra lucha contra la corrupción, la educación será una herramienta de transformación. El currículo escolar incorporará una sólida formación en valores democráticos y éticos.

2.- ESTABILIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD

Queremos comenzar haciendo referencia a uno de los principales objetivos de este Gobierno: construir consensos políticos y sociales que permitan generar un clima de estabilidad y paz social, una condición básica para poder avanzar hacia el desarrollo.

Y es el diálogo el que nos permitirá ir en esa dirección. El presidente Vizcarra ha señalado con claridad que el diálogo político es el mecanismo que nos permitirá construir un pacto social.
En este sentido, hemos iniciado el diálogo con las bancadas políticas del Congreso, las autoridades regionales y municipales. Además, seguiremos convocando la participación de todos los ciudadanos para que sus expectativas legítimas sean el centro de la política.

El pacto social que proponemos tiene que ser el resultado transparente de nuestras agendas comunes y debe permitirnos tener un horizonte con objetivos y metas compartidas. Claro está, garantizando el equilibrio de poderes del Estado. El Ejecutivo gobierna proponiendo el rumbo de los años venideros. Y en esta tarea debe contar con la cooperación, la fiscalización y el aporte del Congreso.

Para institucionalizar este mecanismo, hoy asumimos el compromiso de venir cada 180 días al Legislativo para informar sobre los avances y dificultades en las propuestas que presentamos, y también para recoger la opinión y los aportes del Congreso.

Esperamos que este compromiso sea un puente adicional que permita mantener una relación fluida entre el Ejecutivo y todas las bancadas del Legislativo. Es el tipo de relación que los peruanos esperan de sus representantes.

Asimismo, para construir estabilidad institucional para la gobernabilidad necesitamos emprender, ineludiblemente, reformas políticas e institucionales.

Si no superamos la crisis de confianza que tienen hoy los peruanos en sus representantes y en sus autoridades, será aún más difícil impulsar los cambios que requiere el país.

Somos conscientes de que cualquier reforma en este tema requiere un debate político sustancial que nos permita estar de acuerdo y también disentir constructivamente en temas tan relevantes como el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales, la bicameralidad y el voto preferencial.

En este sentido, el Ejecutivo enviará una propuesta al Congreso que incluirá las siguientes medidas:
• Primero. Sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales.

• Segundo. Toda persona que postule a un cargo elegido por votación popular, autoriza automáticamente a la Unidad de Inteligencia Financiera el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil.

• Tercero. Incorporar a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera y contar con un sistema especializado de prevención de lavado de activos.

• Cuarto. Que sea obligatorio que todos los partidos elijan a sus candidatos en elecciones internas supervisadas por los órganos electorales.

• Quinto. Que las listas de candidatos que postulen en los procesos de democracia interna reflejen equidad entre varones y mujeres. Necesitamos incorporar las capacidades de las mujeres en la construcción del futuro de nuestro país.

• Sexto. Tomando una iniciativa de distintas bancadas, propondremos el retorno a la bicameralidad.

Estos proyectos los haremos llegar en el más breve plazo. Confiamos en que lograremos construir los consensos políticos y sociales necesarios para su aprobación e implementación.

Finalmente, seguiremos fortaleciendo la política exterior peruana, la cual se ha caracterizado por una defensa irrestricta de la democracia como valor latinoamericano. Del mismo modo, la asunción de la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico, posicionando al Perú como líder en los procesos de integración regional en el marco de las dinámicas globales de comercio
3.- CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO,
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

Partimos de una situación difícil, pero es posible recuperar la dinámica que nos llevó a ser uno de los países líderes en la región. Necesitamos generar las condiciones para un entorno político estable.
¿Quién va a querer invertir en un país con incertidumbre y confrontaciones políticas?

¿Cuál es nuestra situación hoy? El déficit fiscal se ha ido deteriorando hasta alcanzar niveles equivalentes al 3 % del PBI. La inversión pública y privada han estado creciendo a tasas muy bajas los últimos cuatro años afectando la tasa de crecimiento del PBI, los ingresos fiscales y las posibilidades de generar empleo, reducir la pobreza y brindar servicios públicos de calidad.

Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en la casa. Necesitamos recuperar la estabilidad de las finanzas públicas con disciplina y responsabilidad. Por eso, como ha señalado oportunamente el ministro de Economía, la primera tarea en la que nos hemos embarcado es en la optimización de gastos. Tenemos que quitar la grasa de las cuentas públicas.

Hemos iniciado una revisión de las exoneraciones tributarias en aquellos casos en los que no beneficia necesariamente a la población. Por esta razón, proponemos sustituir gradualmente las exoneraciones tributarias por una asignación directa y equivalente, que sea destinada a fondos de las mismas regiones. Estos recursos deberán ser usados para invertir en infraestructura, producción y en mayor conectividad. En proyectos que sí beneficien a la gente.

Nuestra meta es reducir paulatinamente el déficit fiscal hacia el año
2021. Y aumentar la presión tributaria en 2,4 puntos del PBI hasta llegar a 15,3 % en 2021.

Para lograr dicho incremento no recurriremos al facilismo de aumentar significativamente las tasas de impuestos. Apostaremos,
principalmente, por hacer más eficiente la labor recaudadora de la
SUNAT. Y en esto no podemos ser complacientes.

La administración tributaria será muy ejecutiva y focalizará su trabajo en aumentar la base tributaria, reducir la evasión y la elusión de impuestos. Se reforzará el uso de herramientas digitales que potencien su capacidad recaudadora.

El segundo eje relevante en materia económica es una política de inversión pública de calidad a lo largo de todo el territorio nacional, propiciando la articulación de nuestras potencialidades económicas y contribuyendo a la reducción de la pobreza.

Este trabajo ya lo hemos iniciado. Tras una caída real de la inversión pública de 2,3 % el año pasado, ya estamos cambiando esta tendencia y a diciembre la habremos incrementado en 17,5 % respecto al año 2017.

De 2018 a 2021, considerando los tres niveles de gobierno, destinaremos más de 180 000 millones de soles para inversión pública, con obras en todo el país que permitirán reducir las brechas de infraestructura y mejorar nuestra competitividad. Ese es nuestro compromiso.

¿Cómo llegaremos a estas metas?

Mediante un agresivo plan de inversión pública descentralizada que ya hemos empezado y para el cual el diálogo ha sido fundamental. Gracias a las reuniones con las autoridades de los gobiernos regionales ya se han reasignado cerca de 2000 millones de soles a proyectos de inversión con expedientes técnicos listos.

Reconstrucción

Estamos poniendo el acelerador en el proceso de reconstrucción. Este año ejecutaremos más de 4000 millones de soles y completaremos, en los próximos tres años, la inversión de los más de 25 000 millones de soles presupuestados para la reconstrucción con cambios.

Se ha contemplado financiar obras definitivas en 19 ríos, cinco quebradas y el drenaje pluvial de siete ciudades desde Tumbes hasta Ica. Estas obras son soluciones integrales y ambientalmente sostenibles e
incluyen trabajar en la cuenca del río Piura hasta su desembocadura al mar para la protección de la ciudad del mismo nombre, así como el sistema de drenaje pluvial para las ciudades de Sullana, Talara, Chiclayo y Trujillo, entre otras intervenciones.

Adicionalmente a estos trabajos, se invertirán recursos públicos para recuperar 45 000 viviendas que se vieron dañadas por el fenómeno climático.

Para conseguir estos objetivos requerimos modificar el diseño del sistema de reconstrucción con cambios. Y con el fin de lograrlo, estamos ingresando, hoy mismo, un pedido de facultades legislativas a la representación nacional.

El nuevo diseño contempla que los proyectos de reconstrucción puedan iniciarse directamente con la elaboración de los estudios de ingeniería e inmediatamente después pasar a la contratación y ejecución de obras. Ello reduciría unos 13 meses el tiempo para la ejecución de un proyecto, desde su origen hasta su culminación.

Asimismo, se ampliarán las modalidades de contratación para intervenciones de reconstrucción permitiendo celebrar convenios Estado- Estado o de encargo con organismos internacionales para la contratación y la ejecución de los proyectos más complejos. Así también, aprovechar las capacidades de los gobiernos regionales, las municipalidades y otros actores locales autorizando la ejecución descentralizada de los proyectos, a través de modalidades de administración directa y núcleos ejecutores, asegurando en todos los casos los mecanismos de control que permitan el buen uso de los recursos públicos.

Ahora bien, un crecimiento económico descentralizado que sea sostenible necesita de la participación de la inversión privada en la provisión de infraestructura pública.

En lo que resta del presente año tenemos previsto adjudicar más de
1800 millones de dólares en importantes proyectos como los siguientes:

• La masificación del gas natural en Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno
• La modernización de Electro Nor-Este con impacto en Piura y
Tumbes

• Las líneas de transmisión de La Niña-Piura, Pariñas-Nuevo
Tumbes, Tingo María-Aguaytía y Carabayllo

• El terminal portuario de Salaverry en La Libertad

• Los proyectos de banda ancha en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín

En el sector energía y minas planteamos una política nacional basada en la necesidad de aprovechar nuestros recursos naturales de manera sostenible para conseguir el desarrollo integral que nos permita ganar la guerra contra la pobreza y que se eliminen las brechas hasta hoy existentes.

Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que no es suficiente contar con importantes recursos naturales y la más moderna tecnología. Es necesario, también, que nuestros recursos sean aprovechados con responsabilidad social, altos estándares en el relacionamiento con las poblaciones vecinas a los proyectos y en el cuidado del ambiente. Porque no es posible tener riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie.

Asimismo, es esencial que se generen beneficios directos y efectivos para la población.

Para que se den estas condiciones es necesaria una activa participación del Estado. Y esa es la tarea que nos proponemos llevar a cabo bajo un enfoque de gestión integral del territorio.

Por ello, proponemos un nuevo punto de partida en el que los peruanos nos unamos alrededor de una visión compartida y descentralizada para el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales.

Por esta razón miramos con optimismo que en el sector minero se inicie pronto la construcción de nuevos proyectos por un monto total de
10 000 millones de dólares, destacando Quellaveco en Moquegua, Mina
Justa en Ica y la ampliación de Toromocho en Junín, todos con responsabilidad y compromiso social y respetando el medio ambiente.
Todos estos motivos nos hace confiar en que la inversión privada crezca a un ritmo de 8 % hacia el año 2021, siendo claves también la aceleración en la ejecución de proyectos de infraestructura como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el terminal portuario General San Martín, la modernización de la refinería de Talara, el Sistema Integrado de Transporte de Gas en el sur, la Línea 2 del Metro de Lima y la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima-Callao para ordenar su caótico tránsito.

Este importante ritmo de crecimiento de la inversión privada se dará en un contexto de mejora de la competitividad. Nuestra meta al año 2021 es escalar en el índice de competitividad que mide el Foro Económico Mundial. Para lograrlo, relanzaremos el Consejo Nacional de Competitividad.

Para conseguir estas metas cambiaremos la forma tradicional de hacer política económica. Es lo responsable si queremos satisfacer las necesidades reales de la población.

Por eso, tal como he mencionado y ha anunciado el ministro de Economía, retomaremos las mesas ejecutivas sectoriales cuyo objetivo será dinamizar la inversión privada en aquellos sectores en los que contamos con una clara ventaja comparativa. Mejoraremos la competitividad y la productividad de nuestros sectores con mayor potencial en todas las regiones. Estado y mercado trabajarán juntos por el desarrollo del país.

Esta nueva forma de hacer política económica también enfocará sus esfuerzos en mejorar la productividad y la competitividad de nuestras pequeñas y microempresas. La diversificación de nuestro potencial productivo debe tener un impacto tanto en las grandes inversiones como en las medianas y las MYPE.

También impulsaremos el desarrollo de aglomeraciones productivas y la innovación tecnológica. Y se institucionalizará el Programa Compras a MYPErú. Nuestro objetivo para este año es que cinco ministerios formen parte del programa y que realicen compras a las MYPE por un valor aproximado de 400 millones de soles. Esto contribuirá a la reactivación económica y a la generación de empleo productivo y formal.
Nuestro enfoque en las pequeñas y microempresas llegará a todos los sectores. Dos ejemplos serán la pesca y la agricultura.

En la primera, pondremos el énfasis en la modernización de la pesca artesanal y en el desarrollo de la acuicultura. Invertiremos en la modernización de los desembarcaderos de pesca artesanal para mejorar su competitividad y su situación sanitaria. Asimismo, promoveremos la articulación con cadenas gastronómicas en el caso de los desembarcaderos más cercanos a grandes centros poblados.

En la agricultura, ante la sobreoferta estacional de productos alimenticios, se restablecerá el Plan Nacional de Cultivo y Riego y la información permanente en estrecha coordinación con los gobiernos regionales y las organizaciones de productores. Para la ganadería continuaremos impulsando el plan de desarrollo del sector e instalaremos
150 000 hectáreas de pasturas mejoradas hasta el año 2021.

Buscaremos llegar a los pequeños y medianos productores a través de mecanismos crediticios accesibles. En este sentido, estamos llevando a cabo una restructuración de Agrobanco para que sea una institución pública enfocada en atender efectivamente a los pequeños y medianos productores agrícolas.

Finalmente, se impulsará las agroexportaciones incorporando, complementariamente, a los agregados agrícolas en bloques económicos estratégicos, para la apertura de mercado de nuevos productos, buscando superar los 7000 millones de dólares en volumen de exportación en el 2018 y alcanzar los 10,000 millones de dólares en
2021Quiero dejar claro que nuestro enfoque en las pequeñas y microempresas se complementa con la relevancia que cumplen las grandes inversiones en el desarrollo del país. Estamos convencidos de que las MYPE requieren una atención especial si pretendemos solucionar el grave problema que representa la informalidad para el futuro de nuestro país.

Otro campo de nuestra política económica que requiere un cambio de enfoque es el mercado de trabajo. Toda reforma y política laboral debe ser resultado del diálogo y la concertación entre trabajadores y empleadores. Por ello, un objetivo de nuestro gobierno es fortalecer al
Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo para que, desde este espacio, se hagan posibles los cambios que requiere el país.

En este marco de concertación, y sin perjuicio de priorizar medidas especiales en materia de trabajo y empleo para los jóvenes, madres trabajadores y personas con discapacidad; nuestras prioridades serán las siguientes:

Primero. Incrementar la cantidad de trabajadores formales con acceso a derechos laborales, incorporando a medio millón de trabajadores inscritos en planillas hasta el año 2021. Para ello, debemos articular y alinear normas, políticas y a todos los sectores y niveles de gobierno hacia este objetivo.

Segundo. fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo. Nuestro meta al 2021 es incrementar sustantivamente la cantidad de inspectores de trabajo de 464 hasta 924. Asimismo, implementar un tribunal administrativo de fiscalización laboral que garantice la seguridad jurídica en las decisiones que se tomen.

Tercero. Establecer un marco normativo que institucionalice la revisión periódica de la remuneración mínima vital a partir de variables objetivas.

Ahora bien, para conseguir superar el drama de la informalidad que aqueja a nuestro país, resulta indispensable dinamizar productivamente nuestras regiones. Y para conseguirlo, nuestra apuesta estará en la conformación de ejes territoriales que permitan impactar positivamente en la economía nacional. Y, lo más importante, en mejorar la calidad de vida de nuestras familias.

Tomemos como ejemplo el SUR. Articulando la inversión del Gasoducto del Sur con la Petroquímica, con la carretera Tacna-Colpa-La Paz (que fortalecerá la integración con Bolivia), con la ejecución de las obras del aeropuerto de Chinchero en Cusco y la modernización de la infraestructura portuaria de San Juan de Marcona; y asociando todo ello con una educación pertinente y con el desarrollo cultural y turístico, tendremos un potente impacto en la economía macrorregional en
beneficio directo de la población. Haremos realidad la segunda etapa de
Majes Siguas y promover el corredor ferroviario Ilo – Desaguadero.

Es decir, más allá de grandes proyectos específicos, se trata de articularlos en el territorio para aprovechar todas sus sinergias.

En el NORTE, tendremos las obras de Reconstrucción y las obras que impulsarán la agricultura, el turismo, el empleo y la calidad de los servicios públicos.

Mencionaremos solo algunas como el mejoramiento de riego; la modernización de los aeropuertos de Piura, Chiclayo y Trujillo; la mejora del servicio de agua y alcantarillado en diversas ciudades; la modernización de la refinería de Talara; la reanudación del Proyecto Chavimochic; la pavimentación de la longitudinal de la sierra norte en su tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple.

Asimismo, en la AMAZONIA, uno de los principales desafíos que tenemos es la conectividad. Para ello proponemos desarrollar las intervenciones integradas como instrumento que impulse su crecimiento. Así, modernizaremos sus aeropuertos e incorporaremos la red dorsal de banda ancha a novecientas localidades amazónicas de 84 distritos de los departamentos de Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Asimismo, el mejoramiento del Hospital de Santa Rosa y la planta de tratamiento de residuos sólidos en Puerto Maldonado y Pucallpa. Del mismo modo, trabajaremos en la longitudinal de la selva que se extiende desde Ucayali hasta Amazonas; nuestra meta es pavimentar el 97 % de la vía para el año 2021. Se promoverá la inversión pública y privada, en alianza con las comunidades nativas, para el aprovechamiento sostenible del bosque y su potencial forestal.

El transporte aéreo debe convertirse en un factor de competividad para el Peru. A través de acciones de mejora del aeropuerto de Iquitos y de medidas administrativas necesarias, se logrará una nueva puerta de entrada internacional al país. Acceso necesario para integrar el potencial turístico de nuestros parques nacionales al producto turístico peruano tradicional. Con estas medidas atraeremos 100 mil nuevos viajeros por esta nueva puerta de entrada que, en conjunto, hará que el turismo crezca cerca del 10 % y se generen casi 130 mil puestos de trabajo
En el CENTRO, además de las vías complementarias a la Carretera Central que los gobiernos regionales de la macrorregión promueven, impulsaremos el proyecto Chinecas, la carretera Huánuco–Conococha, el complejo hidroeléctrico Mantaro, el hospital regional Zacarías Correa Valdivia y aseguraremos el mejoramiento del ferrocarril Huancayo– Huancavelica.

Todas las inversiones y acciones a las que he hecho referencia en la exposición nos permitirán crecer hasta un ritmo de, por lo menos, 5 % hacia el año 2021. Ese es también nuestro compromiso.

Esta meta, sostenible y equitativa, vendrá acompañada de una importante reducción de la pobreza, la cual pasará de 21,7 % a 18 % en
2021. Es decir, cerca de un millón y medio de peruanos saldrán de este
estado de precariedad.

En resumen, queremos un crecimiento ordenado, sostenible, descentralizado y equitativo, con cuentas claras, con transparencia, con rendición de resultados y con mucho diálogo. Resumo, entonces, nuestros compromisos en materia económica:

• Crecimiento del PBI: de 2,5 % en el 2017 a 5 % en 2021.

• Crecimiento de la inversión privada: de 0,3 % en el 2017 a 8 % en el 2021.

• Reducción de la pobreza: de 21,7 % en el 2017 a 18 % en el 2021.

4. DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

Necesitamos que las políticas respondan a las necesidades de la gente, que garanticen sus derechos y potencien sus capacidades.

Los servicios deben adecuarse a la diversidad de la población sin ningún tipo de discriminación. Este gabinete estará permanentemente en las regiones para hacer que las políticas, a través de sus distintas
intervenciones, se cumplan. Nuestro compromiso es estar en una región cada semana.

Los niños primero

Nuestra primera tarea importante es con nuestros niños. No es posible que, tras una década de bonanza económica, la anemia siga afectando la salud de nuestros niños y cortando sus oportunidades de desarrollo.

Por eso, una de nuestras principales metas en materia social es reducir drásticamente los niveles de prevalencia en niños menores de tres años y en mujeres gestantes. Nuestro compromiso es reducirla del 43 % actual al 19 % en el 2021.

Considerando que la edad crítica para intervenir y lograr resultados frente a la anemia es en los primeros meses de edad (donde se concentra la prevalencia a un nivel de 60 % en el ámbito nacional) nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en promover el consumo de hierro en la alimentación.

Para conseguirlo, desplegaremos una estrategia multisectorial que incluye la movilización de promotores y agentes comunitarios de los programas sociales para la lucha contra la anemia y la desnutrición. El objetivo es que las familias tomen conciencia de los problemas que genera la falta de hierro y empoderarlos en su solución.

Asimismo, antes del 28 de julio, cualquier padre o madre de familia podrá acercarse al establecimiento de salud de su centro poblado para recibir el medicamento necesario para prevenir la anemia, sin costo alguno. Ningún niño de 4 y 5 meses que se atienda en establecimientos de salud quedará sin suplementación preventiva.

De igual manera, en los primeros 180 días, elevaremos del 12 % al
80 % el porcentaje de niños de 4 meses que reciben sulfato ferroso en los establecimientos de salud.

Del mismo modo, en el sector salud iniciaremos una de las reformas más importantes que necesita nuestro país. Reestructuraremos el sistema de salud para convertirlo en uno de las
Redes Integradas de Establecimientos de Salud. El objetivo es acercar la atención a la población con una oferta articulada de servicios en función del territorio.

De esta manera, se logrará priorizar la atención que recibe la mayor parte de los peruanos en los puestos y centros de salud.

Antes de fin de año, La Libertad, Huancavelica, Loreto, San Martín y
Lima Norte y Sur habrán implementado este nuevo sistema de redes.

Ademas, ejecutaremos el Plan de Equipamiento de Hospitales y definiremos lineamientos para una política nacional de medicamentos genéricos que permita garantizar stocks mínimos en todas las farmacias.

Este año también realizaremos una compra corporativa de medicamentos por 800 millones de soles que permitirá garantizar el abastecimiento para los años 2019 y 2020.

Por otro lado, reestructuraremos el Seguro Integral de Salud (SIS). Para fines de este año, existirán dos modalidades de aseguramiento: el SIS subsidiado y el SIS contributivo. La combinación de ambos y otras modalidades de aseguramiento permitirán que el 97 % de la población acceda al aseguramiento universal en el año 2021. Asimismo, continuaremos con el saneamiento de deudas pendientes de pago con el sistema público y privado.

Educación

El futuro de nuestros niños y jóvenes depende de la educación que estemos dispuestos a darles. Son ellos quienes con su esfuerzo, ideas, inventiva y conocimiento, impulsarán la economía y el desarrollo de nuestro país.

En este sentido, nuestro gobierno está firmemente comprometido con la reforma de la educación. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador.

En los siguientes tres años pondremos todos nuestros esfuerzos para garantizar que los niños, niñas y jóvenes reciban una educación de calidad en concordancia con los nuevos tiempos.
Nuestra meta es alcanzar niveles satisfactorios de comprensión lectora pasando de 46 % a más de 55 %, y en matemáticas pasando de
34 % a 45 % en el año 2021.

Asimismo, con la implementación de las Redes Educativas Rurales reduciremos las brechas de aprendizaje en el campo y mejoraremos los porcentajes de comprensión lectora y matemáticas en secundaria. Con ello, al 2021, más del 15 % de estudiantes del segundo de secundaria y
25 % del cuarto de secundaria del ámbito rural obtendrán el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Para conseguir estas metas, continuaremos con la política de fortalecimiento de la carrera pública magisterial a través del concurso para el nombramiento de 38 000 plazas para este año y la consecuente mejora en la escala remunerativa, siempre en consonancia con la disponibilidad fiscal y la mejora de la calidad.

Asimismo, mejoraremos la conectividad y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Para 2021 por lo menos el 35 % de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria tendrán acceso a internet. Hoy solo accede el 14 %. Para ello invertiremos 65 millones de soles en 22 regiones y 400 instituciones educativas.

Este Gobierno pondrá siempre a la educación como uno de los pilares fundamentales por el cual queremos ser evaluados cuando concluya nuestra gestión. El presidente y yo lo hicimos en nuestras regiones y estamos convencidos de que invertir en nuestros niños es invertir en el futuro. Así lo haremos también en todo el Perú.

Saneamiento y construcción

El acceso al agua es un derecho de todos los peruanos y es, por lo tanto, un deber del Estado garantizarlo. Por eso, este Gobierno mantendrá la Política Nacional de Saneamiento que tiene como objetivo principal “el acceso universal de todos los peruanos a los servicios de saneamiento”.

En los próximos tres años la cobertura de acceso al agua deberá alcanzar el 85 % en el sector rural y el 100 % en el urbano. Para
conseguirlo, solo este año la inversión en agua y saneamiento superará los 4000 millones de soles.

Asimismo, este Gobierno tiene el compromiso de dar solución al déficit de viviendas a nivel nacional, incluyendo a los afectados por el fenómeno El Niño; se tiene programada la construcción y mejoramiento de 244 000 viviendas entre los años 2018 y 2021, de los cuales 177 000 corresponderán al Bono Familiar Habitacional; 45 000 mediante el crédito MiVivienda; 19 034 mediante el Programa Nacional de Vivienda Rural y
2874 a través del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables.

El sector vivienda, construcción y saneamiento -con la participación de las comunidades y los gobiernos locales- realizará intervenciones integradas de infraestructura y equipamiento urbano. Al 2021 intrervendremos en 952 barrios urbanos en situación de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional.

Grupos vulnerables

Tal como lo señaló el presidente de la República, un tema prioritario para nuestro gobierno es la protección de la niñez y de la mujer frente a todo tipo de violencia. No podemos seguir aceptando que esa violencia
—y ninguna otra— sea tolerada por nuestra sociedad y por nuestras
entidades públicas. Necesitamos una policía comprometida con la sanción a toda manifestación de violencia. Necesitamos un Ministerio Público y un Poder Judicial conscientes de las consecuencias de sus decisiones para proteger a nuestras mujeres y niños.

En esa dirección, y para el 2021, mejoraremos la cobertura, calidad, oportunidad y efectividad de los servicios de prevención, protección y atención a las víctimas —en especial a las afectadas por violencia sexual
— para lo cual contaremos con 225 Centros de Emergencia Mujer con protocolos de atención diferenciada funcionando en comisarías. De estos centros, 100 estarán funcionando al final de 2018. Asimismo, 100 % de los distritos judiciales del país contarán con una Unidad de Protección Especial y 40 % de los gobiernos locales provinciales tendrán una
DEMUNA acreditada para dictar medidas de protección en casos de riesgo.

Para los casos de desapariciones, implementaremos la estrategia “Alerta AMBER” para la búsqueda sin demora y en tiempo real de niñas, niños y adolescentes que son denunciados como desaparecidos ante la Policía Nacional.

También desarrollaremos políticas claras en favor de las personas con discapacidad. Las escuelas serán accesibles para ellos en su infraestructura y también en sus contenidos. Velaremos por el desarrollo de sus capacidades formativas y técnicas, así como el cumplimiento de la cuota de empleo en el sector público y privado en alianza con los sectores del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales.

Seguridad ciudadana

La ciudadanía exige más seguridad, mayor presencia policial en las calles, pero además que esta sea cercana a la comunidad. Seguiremos implementando la estrategia multisectorial “Barrio Seguro” y, desde el lado operativo, implementaremos la estrategia policial “Vecindario Seguro” bajo un modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta ante un delito.

Las bandas criminales, así como la criminalidad organizada serán firmemente combatidas. Enfrentaremos estos fenómenos con estrategias fortalecidas de inteligencia, equipos especializados con capacidad de desarticularlas y llevar ante la justicia a los principales responsables, respetando los derechos humanos y el debido proceso.

Intensificaremos los megaoperativos a cargo de las Direcciones Especializadas de la Policía, bajo un trabajo estratégico de inteligencia para desarticular las bandas criminales y el crimen organizado. Por esta razón, las escuelas de la Policía retomarán un fuerte impulso en la formación de policías en investigación y criminalística.

En seguridad ciudadana impulsaremos el trabajo conjunto y coordinado con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y
mancomunidades para un patrullaje integrado, la integración de las telecomunicaciones y de los sistemas de videovigilancia, y la recuperación de espacios públicos, entre otros. Asimismo, se viene financiando proyectos de inversión de Gobiernos Locales a nivel nacional con recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana, priorizando según impacto que tendrían los mismos en la reducción de los índices de criminalidad, reforzando su serenazgo e implementando sistemas de videovigilancia, siendo la próxima transferencia a realizarse por aproximadamente 41 millones.

Además, fortaleceremos las acciones de inteligencia en la zona del VRAEM frente al narcotráfico y ejecutaremos acciones de interdicción frente al tráfico ilícito de drogas en las cuencas cocaleras y zonas de producción de drogas a nivel nacional.

Prestación de servicios

Finalmente, mayor calidad de vida implica pensar en mejores servicios a la ciudadanía. Multiplicaremos el número de plataformas de servicios compartidos en regiones, empezando este año con la implementación de, al menos, cuatro nuevas plataformas en Arequipa, Cajamarca, Ucayali y el sur de Lima. Asimismo, ampliaremos la plataforma digital gob.pe.

Simplificaremos las reglas y la organización, a veces absurdas, del Estado para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema; o a un alcalde nuevo que pasa, en promedio, ¡168 días al año en Lima! haciendo gestiones para su comunidad.

Se creará un sistema único de trámite para gobiernos regionales y locales, y recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que, finalmente, se traducen en problemas o demoras para la gente. También implementaremos el Libro de Reclamaciones en todas las entidades públicas como un sistema único para que se pueda supervisar cómo se da solución a las quejas y reclamos de los ciudadanos en toda dependencia del Estado. Finalmente, haremos plataformas compartidas de tareas administrativas ya que el ejecutivo
tiene más de 2000 sedes administrativas fuera de Lima que se traducen en altos costos y baja articulación y coordinación.

Además, profundizaremos la reforma del servicio civil porque requerimos entidades públicas con servidores civiles capacitados y con valores, que utilicen adecuadamente los recursos del Estado y que brinden buenos servicios a los ciudadanos.

Este año empezaremos los concursos para el acceso al régimen del servicio civil. Concursos transparentes y meritocráticos de tal manera que, progresivamente y garantizando el equilibrio presupuestal, caminemos hacia un régimen laboral único en la administración pública.

5.- DESCENTRALIZACIÓN

Como he señalado, el proceso de descentralización es uno de los retos de mayor relevancia para el futuro de nuestro país.

Su objetivo es doble: asegurar la provisión de servicios esenciales de calidad para todos los peruanos y crear las condiciones para el desarrollo del potencial productivo de cada una de nuestras regiones, que a su vez, debe permitirnos crear oportunidades de empleo e ingresos para más peruanos.

Para conseguirlo debemos trabajar en varios frentes, coordinadamente.

Primero. Fortaleceremos el proceso de descentralización, basado en un enfoque de desarrollo territorial, a partir de la diversidad y las vocaciones productivas de los territorios.

Vamos a priorizar y acelerar la consolidación de espacios de articulación intergubernamental, horizontal y vertical, para fortalecer el desarrollo territorial. Como Poder Ejecutivo no permitiremos que los ministerios actúen en los territorios de espaldas a los gobiernos regionales y municipales.
En este sentido, los GORE y los MUNI-Ejecutivo son los llamados a convertirse en los mecanismos de articulación e intervención intergubernamental que se instalan y funcionan en las regiones con la participación de los gobiernos regionales y municipales, ministerios y órganos desconcentrados, bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A manera de ejemplo, el viernes último estuvimos con todo el gabinete en Taquile, Puno. Y en una reunión del MUNI-Ejecutivo, con los
13 alcaldes provinciales del departamento, nos comprometimos a transferir y asignar en las próximas semanas 190 millones de soles, incluyendo 72 millones de FONIPREL, a través de un decreto supremo promulgado por el señor presidente ese mismo día.

En la misma línea, a los 20 días de nuestro mandato, realizamos el GORE-Ejecutivo, en el que nos pusimos de acuerdo, con los 26 gobernadores regionales, para transferir 2000 millones de soles. Y en menos de 10 días hemos transferido el 30 % de lo comprometido.

Segundo. Fortalecer la descentralización exige eliminar las superposiciones, ambigüedades u omisión de funciones y responsabilidades entre los tres niveles de Gobierno. Necesitamos una mejor delimitación en procesos claves.

El resultado de los GORE y las propuestas serán presentados a la Comisión de Descentralización del Congreso de la República para realizar juntos las reformas necesarias que nos permitan avanzar en la misma dirección.

Tercero. Ya hemos dispuesto la revisión de la desconcentración administrativa y el funcionamiento de las oficinas de los programas nacionales al interior del país.

Avanzaremos en la implementación de las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), con liderazgo territorial, lo cual nos permitirá corregir el débil alineamiento que tienen hoy las intervenciones sectoriales con las prioridades territoriales, así como la limitada incidencia de los gobiernos regionales en las decisiones de política de los ministerios.
Esta estrategia nos permitirá fortalecer el proceso de descentralización con un enfoque de desarrollo territorial.

CIERRE

Nuestra presencia como gabinete tiene un objetivo preciso: colaborar con la voluntad y la decisión del presidente Martín Vizcarra de trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestra tarea es construir un país que incluya y no que divida, que dialogue e integre, que facilite los puentes y los caminos para que, al llegar a nuestro Bicentenario, seamos capaces, todos juntos, de entregar un Perú mejor.

Por eso, y para finalizar, invoco a los peruanos a confiar en nuestro país; podemos construir un país con seguridad jurídica, con paz social, un país donde valga la pena invertir; podemos construir un país donde transitemos seguros por las calles y nuestros niños tengan las oportunidades que merecen; podemos hacer todo y mucho más, si ponemos al Perú primero.

Señoras y señores congresistas, culmino así mi presentación ante ustedes y solicito respetuosamente el voto de confianza de la representación nacional para el gabinete ministerial que tengo el honor de presidir.

Muchas gracias y que viva el Perú.

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