¿En que consiste el proyecto que prohíbe la publicidad estatal en medios privados?

Mauricdio Mulder (Foto: Congreso de la República).

El pasado 15 de noviembre ingresó por Mesa de Partes del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 2133/2017-CR presentado por el congresista Mauricio Mulder Bedoya, representante del Partido Aprista, bajo el título de Proyecto de Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. La iniciativa busca prohibir toda publicidad en medios privados  a todas las entidades públicas,   incluidas   las  de  derecho   privado   y  las   que   estén  en  regímenes especiales,   así   como  las  empresas  del   estado,   los  gobiernos  locales  y  los regionales. Proyecto de Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano.

Jorge del Castillo Gálvez, vocero de la bancada aprista se pronunció en contra del proyecto, e incluso llamó a la propuesta antidemocrática mientras que la Defensoría del Pueblo, sostiene que el proyecto representaría graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, como problemas y políticas públicas en sectores o materias tan sensibles como la salud, educación o seguridad ciudadana.

“Nosotros planteamos que se reformule esta norma y que se permita el uso de los medios privados, porque aún los medios tradicionales, como la radio y los diarios, por ejemplo, en los sectores más populares y rurales sigue siendo los canales a través del cual el ciudadano se informa. Prohibir la publicidad estatal constituye un error porque implica ignorar que cerca del 40% del país no tiene acceso diario a la información”, subrayó la Defensoría del Pueblo.

El proyecto

Artículo  1 . A partir de la entrada en vigencia la presente ley, todas las entidades públicas,   incluidas   las  de  derecho   privado   y  las   que   estén  en  regímenes especiales,   así   como  las  empresas  del   estado,   los  gobiernos  locales  y  los regionales podrán  publicitar sus tareas de gestión  únicamente en los medios de comunicación del estado a tarifa de costo.

Artículo  2. Dichas entidades públicas deberán igualmente suscribir cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales, en especial aquellas que tengan mayor difusión  y  número de  usuarios  y consignar  en ellas  sus comunicados,  avisos  y demás temas de difusión social.

Artículo  3. Queda prohibida toda publicidad  en medios privados,  bajo responsabilidad. No se considera como tal el trabajo periodístico tales como reportajes,  entrevistas,  conferencias  de  prensa  y similares,  las  que  se  pueden desarrollar libremente sin que suponga pago alguno al medio de comunicación. La infracción a este precepto será considerando delito de malversación.

Exposición de motivos

El  accionar  del  estado supone  esencialmente  comunicar  a  los  ciudadanos  las  acciones  que toma  en su  nombre  y dar  a   conocer  los  detalles  del  comportamiento y desempeño  de  los funcionarios  públicos.

Esa  comunicación,  que  tiene  en  el concepto  de la  transparencia  uno  de sus   principales   valores,   conlleva   igualmente   a     mantener   información   cotidianamente actualizada,  del nombre,  prerrogativas,  sueldos, viajes y demás funciones especiales, a  efectos de posibilitar que el ciudadano acceda en forma  sencilla, directa e  inmediata a  los portales o páginas web de cada entidad y encuentre allí toda  la información que le sea de interés, con excepción de la que protege la  intimidad de las personas y la seguridad del estado.

Así,  la  ley  obliga  a  todas  entidades  públicas  sin  excepción  a   publicar  una  página  web  que contenga  la  información  más completa  que  le sea  posible  la  cual  deberá  ser actualizada  en tiempo  real y en forma constante.

Fuera   de   ello,   las   entidades   públicas   necesitan   además,   difundir   publicidad   ocasional promoviendo acciones específicas, alertando a los ciudadanos sobre trámites específicos, promoviendo  conductas  socialmente  relevantes  o fomentando valores  de convivencia  y de comportamiento social.

Para  ello,  muchas entidades  aplican  ingentes  recursos  y los  aplican  a  los  medios comerciales, los cuales tienen  tarifas,  por ser comerciales,  sumamente altas y solamente asequible  a  las entidades  empresariales  de gran envergadura.  Ello  lleva  a  muchos funcionarios  con  capacidad de  decisión  a   demandar  cada  vez más recursos  públicos  con  el  fin  de  dar  a   conocer  sus acciones o incluso para eludir obligaciones.  La discrecionalidad es amplísima tanto en  montos como  en  medios.   El  uso  de  los  recursos  públicos  para  colocar  publicidad  que  termine ocultando  una  conducta funcional  reprobable,  o pondere y elogie en  exceso  al  funcionario, termina por convertir las partidas de publicidad  en instrumento de manipulación  por parte del estado y de los funcionarios responsables.

Es menester por tanto que el  Estado, por principio de  racionalización  de sus gastos, use sus propios medios y los que le brinda el Internet para difundir su accionar, ahorrándose enorme cantidad de recursos pues saldría del circuito de precios altísimos de los medios comerciales privados y elimina el  más uso de esos recursos para beneficio y propaganda personal de sus funcionarios.

 

 

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