Publicidad

Politica Portada

Fuerza Popular propone disidencia política contra el transfuguismo

Minutos antes que el Tribunal Constitucional anunciara su decisión de declarar inconstitucional  diversas disposiciones que regulaban la prohibición de conformar nuevos grupos parlamentarios, o adherirse a los ya existentes, para los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del Grupo Parlamentario, la bancada parlamentaria de Fuerza Popular presentó el miércoles una iniciativa legislativa que modifica los   numerales  4 y 5 del  artículo   37  del Reglamento del Congreso de la República y que permite expresamente  la disidencia política,  pero bajo supuestos específicos.

“Proponemos que se permita la disidencia solo en aquellos casos en los cuales se advierta la vulneración de derechos fundamentales como el debido procedimiento”, señala la exposición de motivos del documento presentado en la Mesa de Partes del Legislativo y que pasó para su estudio y dictámen a  la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Este es el texto del proyecto:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA  REPÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Artículo   1.    Modificación   de   los   numerales   4  y  5  del   artículo   37  del Reglamento del  Congreso de la  República Modificanse los numerales 4 y 5 del artículo 37 del Reglamento del Congreso de la  República, conforme al siguiente texto:

“Los  Grupos  Parlamentarios.  Definición, Constitución y Registro

Artículo  37. Los  Grupos Parlamentarios son  conjuntos de  Congresistas que comparten ideas  o intereses comunes o afines  y se conforman  de acuerdo a las siguientes reglas:

  1. Los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso de la  República,  constituyen Grupo Parlamentario  siempre qu e cuenten con un número mínimo de cinco Congresistas.

… ]

  1. Cada Grupo  Parlamentario aprueba su reglamento interno,  el que deberá respetar  las  garantías del  debido  procedimiento y  contener  los  derechos  y deberes  de  sus  integrantes.  Este  reglamento es  aprobado por  mayoría del número  legal   de  sus miembros y obliga a todos ellos,  al ser  presentado   y ratificado  por el Consejo  Directivo.  El  Congresista expulsado  que considere que  ha  sido  sancionado de  manera  irregular  podrá  accionar en  primera instancia  ante la Junta de Portavoces  y en segunda y definitiva  instancia ante   el  Consejo   Directivo,   agotando   la  instancia  parlamentaria.  Si   la sanción es suspendida,  revocada o anulada, podrá optar por regresar a su Grupo Parlamentario,   o  pasar  a  integrar  el  Grupo  Parlamentario  Mixto previsto en el numeral 6.

No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario,   los   Congresistas que renuncien,  sean separados o hayan sido expulsados del  G r upo Parlamentario por el  que fueron  elegidos,  salvo el caso de alianzas  electorales  conforme a ley, que hayan decidido disolverse, en  cuyo caso  podrán conformar Grupo Parlamentario conforme  al numeral  1 .

Dicha prohibición no  resulta  aplicable a los Congresistas  que renuncien al Grupo Parlamentario, por vulneración a las garantías del debido procedimiento  o a los derechos  contenidos en el reglamento interno del Grupo  Parlamentario, pudiendo  recurrir  para  tales  efectos,  en  primera instancia  ante el Grupo Parlamentario y en segunda y definitiva  instancia ante el Consejo Directivo.

[ . . . l”

Artículo 2. Incorporación del numeral 6 al artículo 37 del Reglamento del Congreso de  la  República

lncorpórase  el numeral 6 al artículo 37 del Reglamento  del Congreso de  la República,  conforme al siguiente  texto:

“Los Grupos Parlamentarios. Definición, Constitución y Registro

Articulo  37. Los Grupos Parlamentarios  son conjuntos de Congresistas  que comparten ideas  o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes  reglas:

[ … J

  1. Los Congresistas  que  hubiesen  renunciado de  conformidad  con  el segundo  párrafo  del   numeral  5  o  aquellos  cuya  sanción  de  expulsión hubiese sido  revocada  o anulada de  conformidad  con  lo  previsto  en  el numeral 4 podrán integrar el Grupo Parlamentario Mixto, el cual tiene los mismos  derechos  y  atribuciones  que  corresponden  al  Grupo Parlamentario integrado por el menor número de Congresistas formado al inicio o del período  parlamentario, asimismo, en cuanto a la aplicación de los  principios de  proporcionalidad y pluralismo.

 

  1. E X POSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos de participación  política  y,  entre ellos ,    el derecho a ser elegido, se erigen en derechos constitucionales  de configuración  legal, lo que implica que el legislador cuenta con un alto grado de discrecionalidad  para regular las condiciones  y  límites al  ejercicio de tales derechos, siempre,  desde luego, dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

Bajo ese marco, se tiene que el derecho a ser elegido en  nuestro país se ejerce, necesariamente,  a través de organizaciones  políticas.  Es decir,  no se admiten  candidaturas  individuales o personalistas.

Lo señalado en el párrafo anterior se sustenta en la necesidad   de fortalecer la democracia representativa,  que se sustenta, preserva y desarrolla,  no en el marco  de  la   fragmentación y  atomización de  intereses  particulares,   sino institucionales,  toda vez que es en una democracia institucionalizada  que es más fácil construir consensos,  formar las decisiones  públicas  al  interior  de los organismos públicos como  el  Congreso de  la  República,   y  conservar la gobernabilidad y estabilidad  política y social del país.

En  ese  contexto,  las  organizaciones políticas se  erigen  en  instituciones trascendentales para la conservación  del sistema democrático, porque estas no son únicamente  una herramienta  de acceso al  poder que cobra vida en  los procesos electorales,  sino que tienen el deber constitucional de coadyuvar con la   formación cívica ciudadana y,   sobre  todo,  ser  las  plataformas para  la formación de  la  voluntad popular y  la  opinión ciudadana  sobre asuntos que revisten  singular interés  público.

Por ello,  son las organizaciones  políticas y no las personas, las que, en estricto, participan en una contienda electoral; son las instituciones y no los caudillos los que coadyuvan en el proceso de legitimación de la democracia.

En ese  orden de  ideas, si  es que son las organizaciones  políticas las que participan en  una  contienda electoral, debe  existir  un  mínimo grado  de vinculación  entre estas y sus representantes.  Dicho en otros términos,  debe existir un  mínimo nivel de  vinculación   y  coherencia entre  la   organización política y el candidato electo.

El derecho a la  participación   política  y,  más específicamente, el  derecho a  ser  elegido, no  se  agota  en  el  proceso electoral o  con  la proclamación  de resultados y la entrega de la  credencial  correspondiente,  sino que se proyecta y extiende durante todo el periodo del mandato representativo.

Por tanto, no resulta razonable ni   mucho menos compatible con  los fines constitucionalmente  atribuidos a las organizaciones políticas,  que un candidato, so  pretexto de guardar lealtad solamente a “sus electores”,  pretenda desvincularse y traicionar a la organización  política por la cual llegó al poder.

Así las  cosas,  consideramos que la ausencia  de mandato imperativo en modo al gu no puede suponer una autonomía absoluta o una posición autárquica de un congresista individualmente  considerado  respecto del Grupo Parlamentario  o del  Congreso en general.

En ese sentido,  lo mínimo  que se puede exigir,  en este caso, a un congresista, es el  respeto por el reglamento interno del Grupo Parlamentario formado por la organización  política con la que postuló;  porque solo así se asegura lealtad no sólo con aquella organización  política,  sino sobre todo con sus electores, que no  hubiesen votado  por  dicho  congresista si  hubiese  representado  las propuestas de alguna otra organización política.

¿Qué implica?  Que la disidencia  política,   es  decir,  el apartamiento  del Grupo Parlamentario,  se erija en la excepción y no en la  regla,  de manera que se  evite  la   atomización y  fragmentación al   interior del  Congreso de  la República,    que aliente  el caos y socave la dinámica  de las labores propias  del Parlamento,   entre  las  que  se  encuentra no  sólo la   labor legislativa,   sino también  la de control  político.

Para arribar  a ello, consideramos   necesario  que se permita expresamente  la disidencia política,  pero bajo supuestos específicos. Así,  lo que proponemos es que se permita la disidencia  solo en aquellos casos en los cuales se advierta la vulneración de derechos fundamentales como el debido procedimiento.

Si  es que un  Grupo Parlamentario  no respeta los derechos constitucionales de sus integrantes,  como es  un  estándar mínimo y  razonable de garantizar  un procedimiento disciplinario   con  reglas  claras  y   previsibles;   si    un  grupo parlamentario  no otorga el derecho de defensa, a ser oído y a ofrecer pruebas; no      se   puede  exigir  a   un  congresista que  guarde  lealtad  a  su  Grupo Parlamentario.

Un Grupo Parlamentario  que no respeta su propio reglamento  interno pierde legitimidad  para conservar la  lealtad de aquel militante  al  cual no le han s i do respetados sus derechos como integrante del citado Grupo .

Por ello,  la presente iniciativa legislativa  lo que pretende es,  como se indicó en los  párrafos anteriores,  permitir la disidencia,  pero sólo en aquellos  supuestos en  los  cuales el congresista haya sido afectado en sus derechos al  debido procedimiento  y a los derechos previstos en el reglamento  interno del Grupo Parlamentario.

Ahora  bien,  ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de aquella disidencia política “válida”? Que  se  faculte  al  congresista  renunciante o  a  aquel cuya sanción de expulsión del grupo parlamentario hubiese sido anulada, a integrar el    Grupo   Parlamentario  Mixto,   el   cual   estará    integrado  por   todos   los congresistas que se encuentren en la misma posición,  es decir, que hubiesen renunciado válidamente a su Grupo Parlamentario o a  los que se  le hubiese anulado su sanción de expulsión de su Grupo y hayan decidido no integrar otro grupo previamente existente.

¿Por qué no facultar la creación de otros  Grupos Parlamentarios? Porque lo que  pretende  esta  iniciativa legislativa es  promover  la  democracia representativa  y  cumplir con  el  principio de  la  representación proporcional, sobre  todo,   evitar  la  fragmentación  y  atomización  política  al   interior  del Congreso  de   la  República, la  cual  lejos  de  coadyuvar  al  fortalecimiento institucional   del  Parlamento y  a  su  legitimidad democrática, lo  socavaría . Además, porque, como  se  indicó precedentemente,  la disidencia política en una democracia institucional debe  constituirse en la excepción y no en  regla general.

En ese orden de ideas,  consideramos que la medida propuesta con la presente iniciativa legislativa es  idónea, porque  no  permitirá  que  se  puedan  crear, hipotéticamente,  hasta 26  grupos parlamentarios;  sino más bien un número considerablemente menor, determinado desde un inicio por las organizaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria directa.

Efectivamente,  la presente iniciativa legislativa lo que pretende es que se logre constituir solo un grupo parlamentario adicional  a aquellos que se constituyan al  iniciarse el  periodo  del  mandato  representativo  correspondiente; lo  cual facilitará  los  procesos  de  formación  de  consensos  tanto  al  interior de  las respectivas comisiones como del Pleno del Congreso de la República, dinamizando las labores y producción del citado poder del Estado, tanto a nivel legislativo como de control y representación.

Asimismo, consideramos  que la medida propuesta es necesaria,  por cuanto no existe  otra  medida menos  restrictiva de  derechos que  resulte  a  su  vez, igualmente  idónea; ya que el no establecer  límites a la conformación  de grupos parlamentarios  no permitiría  alcanzar la finalidad  constitucionalmente   legítima que  se  persigue,   y  la  prohibición    de  integrar Grupo Parlamentario  alguno, resultaría una medida alternativa, pero más gravosa.

Finalmente, consideramos que  la   medida cumple con  el  sub-principio   de ponderación  o proporcionalidad  en sentido estricto, debido a que el grado de satisfacción  de la  finalidad  que se persigue,  que es evitar la fragmentación   y atomización del  Parlamento y  promover la  democracia representativa y  la ilegitimidad  del Congreso de la  República,   es mucho más alto en comparación con el grado de afectación en las libertades de los congresistas disidentes de constituir todos  los grupos parlamentarios que ellos deseen, ya  que el citado Grupo Parlamentario Mixto se constituye no para efectos  de que estos se vean forzados a compartir una misma ideología o programa políticos,  sino para fines exclusivamente  organizativos  y  con  miras  a  asegurarles la  posibilidad de acceder  a  cargos  representativos   como   la   presidencia  de  comisiones  y eventualmente, la   presidencia o  alguna de  las vicepresidencias de  la  Mesa Directiva.

 

Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada día un resumen de noticias en su correo electrónico.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.