Proyecto propone que aportes privados a partidos no deben superar 120 UIT anuales

Las organizaciones políticas podrán recibir aportes o ingresos, en dinero o en especie, de empresas e instituciones privadas que no superen las 120 unidades impositivas tributarias (UIT) al año, las que deberán constar en el recibo de aportación correspondiente.

De igual forma, las instituciones políticas estarán prohibidas de recibir aportes que provengan de cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado; de confesiones religiosas y de partidos y agencias de gobierno extranjero, excepto cuando estén destinados exclusivamente a la formación, capacitación e investigación.

Propuestas como estas están contenidas en el dictamen del proyecto de ley que propone optimizar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y prevenir actos de corrupción, aprobado el martes 22 por la Comisión de Constitución.

El texto aprobado por mayoría (13 a favor y uno en contra) modifica los artículos 29, 30, 31, 34, 36, 40 y 42 de la Ley 28094, de Organizaciones Políticas, relacionados con el financiamiento público y privado a los partidos políticos.

Debate

Los congresistas de la comisión destacaron que se haya establecido la bancarización de los aportes (Miguel Torres),  y que haya un marco legal que dé transparencia a dichos aportes (Javier Velásquez Quesquén); mientras que el parlamentario Richard Acuña (quien votó con reservas) propuso que las empresas privadas que aporten a una organización política no tengan contratos con el Estado durante cinco años.

Mauricio Mulder objetó que se establezca que una persona jurídica no pueda aportar o una ONG, a quien se le estaría dejando de lado porque se trata de una institución sin fines de lucro. Gilbert Violeta, por su parte, propuso que la bancarización (entidades del sistema financiero) de los aportes sea desde una UIT y no desde un aporte equivalente al 0,5% de la UIT.

La comisión de Constitución, bajo la presidencia de la congresista Úrsula Letona, insistió en que  se mantenga el texto que establece que los responsables de las campañas políticas deberán presentar trimestralmente informes a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, sobre los aportes e ingresos recibidos y de los gastos que se efectúen durante la campaña electoral.

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