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También el IPYS rechaza el 2do proyecto de fujimoristas Letona y Aramayo

En un pronunciamiento titulado “No al Control de contenidos periodísticos”, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo al nuevo proyecto de ley para impedir determinados  contenidos periodísticos, anunciado  por Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, miembros de la bancada de Fuerza Popular. La iniciativa  impediría asumir puestos directivos en empresas y organizaciones periodísticas a quienes hayan sido sentenciados por delitos de corrupción.

“Los principales motivos  de esta objeción ya han sido  expresados por el Consejo Directivo del IPYS en una carta del 29 de marzo  a Miguel Ángel Torres,  Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, ante la cual fue presentada la primera propuesta. Identificamos en ambas iniciativas un  contenido violatorio de la Constitución Peruana y de tratados internacionales suscritos por el país en materia de libertad de expresión”, señala el pronunciamiento que lleva la firma de Ricardo Uceda, Director Ejecutivo del organismo.

Los  argumentos, expresados por el IPYS ante el Congreso para rechazar el proyecto, con aplicables plenamente para el segundo, y son los siguientes

1.El Estado no debe regular la pluralidad, objetividad y veracidad de los medios.

El proyecto propone medidas para “garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y de la sociedad civil, legítimamente representada.”

Rechazamos el propósito de que el Estado regule conceptos de apreciación subjetiva, y sujetos a continua controversia y variada interpretación. ¿Con qué criterio uniforme se determinará si una información es oportuna, o veraz o suficientemente plural? ¿Cómo ponerse de acuerdo sobre la objetividad de un contenido mediático? Cualquier mecanismo estatal devendrá en arbitrario y limitante de la libertad de expresión.

Por ello, en las sociedades democráticas, los parámetros de objetividad, veracidad y pluralidad se dejan a la autorregulación de los propios medios, y al influjo del debate público. Las audiencias pueden optar por los medios que prefieran, de acuerdo con su heterogénea valoración.

La Constitución Peruana no establece mecanismos para garantizar desde el Estado  lo que se propone el proyecto de ley. Hay libertad para difundir contenidos y el control es posterior. Cuando los medios se exceden, operan los mecanismos de sanción ya existentes en el Código Penal y el Código Civil. Estos mecanismos se corresponden los estándares internacionales y con los convenios que el Perú ha suscrito. No existe un vacío legal, por lo que atribuimos la iniciativa a un propósito político de ejercer control sobre los medios

2. El control de contenidos es inconstitucional

El proyecto tiene el inequívoco propósito de ejercer una forma de censura previa. Dice de su objeto: “Evitar la influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, como resultado de la interferencia de los actos de corrupción de titulares o terceros vinculados a los medios de comunicación, cautelando la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos.”

La Constitución Peruana y los tratados suscritos por el país en materia de derechos humanos proscriben toda forma de censura previa, salvo que se trate de contenidos prohibidos. Son contenidos prohibidos la incitación a la guerra o discursos de odio contra determinadas poblaciones, entre otros. Pero no califican como tales los que son emitidos o patrocinados por personas involucradas en corrupción. Limitar la expresión de estas no solo atenta contra sus  derechos humanos sino contra la pluralidad informativa. El proyecto asume que la sociedad solo debe recibir mensajes de quienes no están acusados de corrupción.

3. Absurdas e ilegales limitaciones para sentenciados por corrupción

Los sentenciados por cualquier delito tienen  limitaciones de comunicación por razones de seguridad —en el caso de que estuvieran en prisión— u otras, pero no pierden su derecho a expresarse. El proyecto contiene una discriminación grotesca e ilegal cuando decide que una porción de ellos, los judicializados por corrupción,  no podrán tener acceso a determinados cargos empresariales o editoriales en los medios. Esto viola las garantías de libertad de expresión establecidas en nuestro ordenamiento.

Aparte de la ilegalidad de estas propuestas, no se entiende por qué los sentenciados por  corrupción serían más nocivos para la información pública que los implicados en otros delitos, acaso peores. No se entiende tampoco de qué manera la ausencia de participación en los medios de estas personas garantizaría la información veraz, oportuna, plural y objetiva para la sociedad.

EL IPYS ha solicitado a la Comisión de Constitución del Congreso patrocinar un amplio debate, a fin de que puedan opinar representantes de medios, de grupos que defienden la libertad de expresión y derechos civiles, así como juristas y otros expertos. Estamos seguros de que luego de esta participación el segundo proyecto para controlar contenidos será merecidamente archivado.

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