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Abimael Guzmán ante los jueces: “lo que pido es que un médico me vea”

“… Es que estoy enfermo, señor, no puedo ni comer… La cuestión es quien me atiende… hasta cuando voy a estar enfermo… He hecho un esfuerzo para venir, esa es la situación. Lo que pido es que un médico me vea, y que yo pueda solventarlo, porque no confío en otro. Esto es todo, señor”. En estos términos se dirigió a los jueces que lo juzgan Abimael Guzmán Reynoso, el  hombre que en la década de los 80 al mando del  grupo terrorista Sendero Luminoso se levantó en armas contra el Estado peruano, dejando a su paso 20 mil muertos entre civiles, policías y militares 69 mil 280 muertos y desaparecidos, de acuerdo a las cifras estimadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Hoy, aquejado de una serie de males como hipertensión arterial controlada, psoriasis artropática, gastritis crónica y caries dental, de acuerdo a la última revisión médica, clama por su salud. Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en un nuevo juicio en el 2006, luego que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia dictada por un Tribunal Militar sin rostro, apareció cabizbajo y en gran parte de la audiencia permaneció con los ojos cerrados. Lució canoso y encorvado. Vestía una camisa azul manga corta, un pantalón marrón y portaba anteojos.

Tras escuchar su pedido  el Colegiado A de la Sala Penal Nacional dispuso notificar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que un especialista en geriatría examine al acusado.

Guzmán, de 82 años,  es juzgado en una sala de audiencias de la Base Naval del Callao,  junto a toda la cúpula se Sendero Luminoso  (Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, Osmán Morote Barrionuevo, Margot Liendo, Victoria Cárdenas, entre otros) que se encuentra actualmente en prisión, por el atentado con coche-bomba de la calle Tarata (Miraflores, Lima), que dejó 25 muertos en 1992. La fiscalía solicitó para todos los procesados la pena de cadena perpetua y el pago de S/ 400.000 como reparación civil

Audiencia

El juicio contra los acusados no tuvo mayor avance debido a la atención del colegiado a los pedidos presentados por los abogados defensores principalmente de Alfredo Crespo, abogado de Guzmán Reynoso.

Abimael GHuzmán y la cúpula senderista que purga condena en prisión (Foto: Poder Judicial).

Crespo y  los  defensores legales de los otros once procesados por el atentado de la calle Tarata sustentaron una serie de recursos con el propósito de que se declare la prescripción de los delitos y el archivamiento del juicio oral que se inició el 16 de febrero.

Primero cuestionaron la competencia del colegiado A de la Sala Penal Nacional para ocuparse de este proceso. El abogado Crespo presentó una declaratoria de jurisdicción para que sea una sala penal común la que se encargue de llevar el caso. Adujo que los hechos que se juzgan son de 1992 y por lo tanto correspondería que un tribunal creado antes de esa fecha tenga ese caso y no uno que se creó después, como la Sala Penal Nacional.

Los representantes de la fiscalía y de la Procuraduría contra el Terrorismo indicaron que no tenía fundamento ese pedido, pues la Sala Penal Nacional se ha venido ocupando de los temas de terrorismo desde hace muchos años.

Crespo, con la adhesión de los otros abogados, también planteó la excepción de cosa juzgada. Sostuvo que sus defendidos Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre ya fueron sentenciados a cadena perpetua como autores mediatos de todos los hechos (incluido el atentado de Tarata) cometidos por Sendero Luminoso desde 1980 hasta 1992, año en el que finalmente fueron detenidos. Aseveró que no se les puede procesar por lo mismo y que no tendría sentido condenarlos a cadena perpetua porque ya tienen esa pena.

Igualmente, los defensores legales de la cúpula terrorista propusieron la prescripción de los delitos de terrorismo y tráfico de drogas, pues dijeron que la norma de la época en que se cometieron tales delitos especificaba que en ningún caso la prescripción será mayor a 20 años. Por ello indicaron que el caso debe ser sobreseído o archivado.

La representante de la fiscalía afirmó que ese pedido debe ser declarado infundado porque en los casos de prescripción extraordinaria el plazo es mayor. “De acuerdo a la norma, el delito recién prescribirá en el 2022”, explicó.

Los abogados también requirieron la anulación del auto de enjuiciamiento porque sostuvieron que no se realizó la audiencia de control de acusación y eso, presuntamente, afectaba el derecho a la debida defensa.

Estos requerimientos serán resueltos en la próxima sesión, programada para el martes 7 de marzo, en la Base Naval del Callao, a las 10:00 horas.

En declaraciones a la prensa, Crespo afirmó que el juicio tiene un objetivo político: condenar a cadena perpetua a quienes están por salir de prisión.

 

 

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