Proponen cárceles militares para uniformados procesados por lucha contra terrorismo

La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno aprobó, por mayoría, el dictamen, con texto sustitutorio, del proyecto de ley que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), procesados o condenados como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, cumplan detención o prisión en centros de reclusión militares, a fin de preservar su integridad.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encargará de evaluar y aprobar los centros de reclusión militares para la aplicación de la presente ley, manteniéndose en ellos las condiciones de detención o prisión que la norma establece para el sistema penitenciario peruano.

La propuesta aprobada por nueve votos a favor y una abstención (Gino Costa -PPK), de autoría del congresista, Carlos Tubino (FP), dispone también el traslado de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales procesados o condenados por delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, a centros de reclusión militares previamente seleccionados y aprobados por el INPE.

El presidente de ese grupo de trabajo, Javier Velásquez Quesquén (CPA), explicó que el objetivo del proyecto de ley es proteger la integridad física y sicológica de los militares y policías que participaron activamente en la lucha contra el terrorismo. El proyecto se emite al amparo de lo establecido en el artículo 2º, numeral 24º, inciso h) que establece que “nadie debe ser víctima de violencia moral psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes”.

Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas privadas de la libertad y respecto de las cuales el Estado se encuentra en una posición garante.

Agregó que el Tribunal Constitucional peruano ha establecido que el principio de igualdad “como tal comporta que no toda la desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable”

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