Hoy podrían decretar prisión para cinco exempresarios de JJ Camet, ICCGSA y GyM

Hoy domingo, a partir de las 9:30 horas, en audiencia pública,  convocada en la Sede de Sala Penal Nacional, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho evaluará el pedido de prisión preventiva por 18 meses que solicitó el Equipo Especial Anticorrupción del Ministerio Público en contra de cinco representantes de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.

Los empresarios están acusados de haberse coludido con la empresa brasileña Odebrecht para pagar la coima de US$20 millones que habría solicitado el ex presidente Alejandro Toledo, a cambio de la adjudicación de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El pedido de prisión preventiva comprende a Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA)”, Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña) y José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero),

La acusación

Para el Equipo de Fiscales que encabeza Hamilton Castro, existen dos puntos esenciales que ameritan la prisión preventiva: la gravedad de los hechos que se les imputan y el peligro de fuga. Sindica a los empresarios como presuntos cómplices de los delitos de colusión y lavado de activos y de estar “vinculados” a una “organización criminal internacional” encabezada por Odebrecht.

Según la investigación fiscal, señala “El Comercio”, los investigados “defraudaron al Estado Peruano concertándose con Alejandro Toledo Manrique, para que sus representadas, integrantes de consorcios participantes en el concurso para la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, sean favorecidas, a cambio del pago de una millonaria comisión ilícita”.

La tesis fiscal no solo se basa en la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata, ex director de Odebrecht en el Perú, sino también en documentación firmada por los empresarios investigados, las actas de consorcio entregadas por Odebrecht y las diversas auditorías realizadas desde marzo por el Equipo Especial Anticorrupción, liderado por el fiscal Hamilton Castro.

Para el Ministerio Público, los representantes de las consorciadas tuvieron pleno conocimiento del hecho delictivo cometido por la constructora brasileña.

Además, la fiscalía alega que los investigados acordaron ceder–al cierre de cada año de ejercicio de sus empresas, entre el 2006 al 2011– parte de sus ganancias a Odebrecht para amortiguar un porcentaje del soborno que los brasileños dieron a Toledo.

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