Juez envía a prisión por 18 meses a cuatro empresarios que se coludieron con Odebrecht

Exactamente a las 04:02 horas de hoy lunes, concluyo la audiencia en la que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 18 meses contra cuatro de los cinco representantes del empresariado más prominente del Perú por haberse coludido con la empresa brasileña Odebrecht para pagar la coima de US$20 millones que habría solicitado el ex presidente Alejandro Toledo, a cambio de la adjudicación de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

La decisión judicial, solicitada por el Equipo de Fiscales que encabeza Hamilton Castro comprende a Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A.) José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA)”,  Hernando Alejandro Graña Acuña (ex director de Graña) y José Alejandro Graña Miró Quesada (ex presidente del directorio de Graña y Montero),

En cambio, a Gonzalo Ferraro Rey (ex presidente ejecutivo de Graña y Montero), el juez le impuso arresto domiciliario de 18 meses bajo  las siguientes reglas: arresto domiciliario  en la clínica Anglo Americana, custodia policial, prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, vigilancia y monitoreo con un teléfono celular con watshap). La defensa de Ferraro Rey alegó un problema de salud que afecta a su patrocinado (cáncer en tratamiento).

Los cargos contra los representantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos. Todos los abogados de los investigados apelaron la decisión judicial de prisión preventiva.

la audiencia

En su intervención, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro advirtió el peligro de fuga de los cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú.

Citó el caso Gustavo Salazar Delgado, ex presidente del club Regatas de Lima, quien se encuentra prófugo de la justicia por estar involucrado en el soborno de Odebrecht al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito. “El caso del prófugo Gustavo Salazar es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando no se dicta prisión preventiva contra empresarios de este nivel”, indicó.

Hamilton Castro explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que se entregó al ex mandatario.

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