Poder Judicial responde a la Fiscalía sobre controversia del llamado “delito fuente”

“El legislador no estableció como delito fuente, a todos los delitos del Código Penal y Leyes penales especiales, dejando una cláusula abierta al señalar: “o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales”. Este tipo abierto ha sido interpretado por la Sala Suprema, en el sentido que no todo delito puede ser delito fuente de lavado de activos; estableciéndose cuatro criterios para incluir cualquier delito dentro de dicha cláusula abierta, a fin de no vulnerar el principio constitucional de legalidad (lex certa).

Esta es la respuesta del Poder Judicial a la posición asumida por el Ministerio Público que a través de los fiscales del subsistema de lavado de activos de Lima, Arequipa, Puno y Del Santa rechazaron una sentencia de la Corte Suprema que sostiene la necesidad de probar el delito generador de dinero o bienes ilícitos para avanzar en las investigaciones y sentencias por lavado de activos. Este es el texto del comunicado emitido hoy por el Poder Judicial:

 Comunicado de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República

Ante las opiniones y críticas vertidas por algunos miembros del Ministerio Público y determinados abogados, sobre la Sentencia dictada por este Supremo Tribunal, en el recurso de casación N° 92-2017-AREQUIPA; los señores integrantes de este Colegiado informan a la opinión pública lo siguiente:

La sentencia se ha dictado en ejercicio de la potestad jurisdiccional e independencia de la función, previstas en el artículo 138 y 139.2 de la Constitución Política del Estado.

Como Corte de Casación tenemos la función exclusiva y excluyente, en última instancia, de ejercer el control de la correcta aplicación e interpretación de la ley penal, que realizan todos los jueces del Poder Judicial.

La sentencia dictada por nuestra Sala no vulnera la Constitución ni la Ley, sino interpreta el Decreto Legislativo N° 1106, vigente cuando se abrió el proceso.

Se han interpretado los artículos 1, 2, 3 y 10, segundo párrafo, de dicho Decreto Legislativo, en forma sistemática, en el sentido que el delito fuente, es decir, aquél que genera el dinero, bienes o ganancias que luego se “lavan”, es un elemento normativo del tipo penal.

La interpretación mencionada, ha seguido la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, sobre el delito de lavado de activos; en los recursos de nulidad 3528-2004, 944-2006, 3394-2010, 3657-2012, de la Sala Penal Permanente; y recurso de nulidad 435-2010 de la Sala Penal Transitoria; siendo ponentes connotados colegas jueces supremos.

Asimismo, se ha seguido los criterios plasmados en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, fundamentos jurídico 30 y siguientes, de las Salas Penales de la Corte Suprema, que fue publicado en su oportunidad en el Diario Oficial “El Peruano”.

El legislador no estableció como delito fuente, a todos los delitos del Código Penal y Leyes penales especiales, dejando una cláusula abierta al señalar: “o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales”. Este tipo abierto ha sido interpretado por la Sala Suprema, en el sentido que no todo delito puede ser delito fuente de lavado de activos; estableciéndose cuatro criterios para incluir cualquier delito dentro de dicha cláusula abierta, a fin de no vulnerar el principio constitucional de legalidad (lex certa).

Solo se ha dispuesto como doctrina jurisprudencial vinculante los fundamentos 17, 52 y 56, de la Sentencia de Casación, por lo que las voces alarmistas sobre una presunta “impunidad” del lavado de activos, no tienen sustento alguno.

El Poder Judicial es garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de todos los peruanos, por lo que seguiremos aplicando la Constitución y la ley con la diligencia y responsabilidad que nos encomienda la Nación.

Lima, 29 de Agosto de 2017

Posición del Ministerio Público

Los fiscales del subsistema de lavado de activos de Lima, Arequipa, Puno y Del Santa, al rechazar la sentencia de la Corte Suprema que sostiene la necesidad de probar el delito generador de dinero o bienes ilícitos para avanzar en las investigaciones y sentencias por lavado de activos, señalaron que “el delito de fraude en la administración de una empresa no constituye fuente de lavado de activos, por no estar previsto en la norma penal, para luego fijar cuatro factores para considerar delito de lavado:

1) Describir el hecho específico, su presunto autor o partícipe y la fecha y lugar en que ocurrió;

2) Que el investigado por lavado de activos tenga conocimiento o pudiera considerarse que tenía conocimiento que recibía dinero ilícito;

3) Que los hechos ilícitos descritos tengan la capacidad de generar ganancias ilegales y

4) La gravedad del delito generar de los supuestos bienes ilícitos.

Los fiscales superiores Rafael Vela Barba, Luz Peralta Santur, Frank Almanza y los provinciales German Juárez, Marita Barreto, Tania Liñán, Rosana Villar, Eduardo Cueva, Carlos Puma y José Castellanos, consideraron que esa argumentación causaría impunidad, pues las investigaciones por lavado de activos no podrían avanzar al no acreditarse o probarse previamente la actividad criminal generadora de los recursos ilícitos.

Además, se queja que el soporte doctrinario utilizado por la Sala de la Corte Suprema cite mayoritariamente a abogados que patrocinan casos emblemáticos en lavado de activos, los cuales públicamente cuestionan la autonomía de lavado de activos.

Los fiscales pidieron además a la Corte Suprema realizar un Pleno Casatorio que uniforme los diversos criterios de los jueces sobre el delito previo en lavado de activos.

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