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Acaparamiento: Comisión aprueba insistencia tras rechazar observaciones del Ejecutivo

Comisión de Defensa del Consumidor.

La Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el congresista José Luna Morales (PP), hizo caso omiso a las observaciones hechas por el presidente Martín Vizcarra a la ley que sanciona el acaparamiento y especulación durante estado de emergencia y en su sesión de este jueves aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa de ley.

Para el Ejecutivo, la norma aprobada en el Pleno el pasado 4 de junio por 94 votos a favor, cero en contra y 33 abstenciones.  “vulnera los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas, por ende, no es posible que sea a través de esta regulación que se logre cubrir esta necesidad manteniéndose el vacío de protección”.

“Aun cuando una conducta lesiva y reprochable socialmente se presentará a diario, los sujetos que la cometen solo podrán ser sancionados o procesados por ello si el Estado previamente a su realización la definió, a través de una ley, como prohibida y por tanto merecedora de una sanción”, fundamente el Ejecutivo en el oficio de observación de la autógrafa.

Las posiciones en la Comisión

“Parece que las observaciones presentadas por el Ejecutivo han sido elaboradas en el directorio de una empresa privada. Presiento que esto tiene más un contenido empresarial que observaciones de un poder del estado”, sostuvo Franco Salinas López (AP).

El congresista Yim Mamani Barriga (UPP) consideró que las observaciones carecen de argumentos fácticos y legales. “Más que observaciones razonables parece una acción que refleja un sometimiento del gobierno a algunos grupos de poder que ejercer posición de dominio en el mercado, por esa condición abusan de la situación económica de nuestros compatriotas con la venta de medicamentos a precios inaccesibles”, sostuvo Mamani.

Reymundo Dioses Guzmán (SP) lamentó la falta de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, dado que desde el 2017 la autógrafa de ley ha sido observada hasta en dos oportunidades.

“Lamento que después de tres años no podamos haber adecuado los delitos de acaparamiento y especulación al régimen económico establecido en la Constitución de 1993. Los únicos perjudicados son los consumidores”, refirió.

Carmen Omonte Durand (APP) sugirió que las observaciones se limiten al tipo penal de acaparamiento a situaciones de emergencia quedando en el ámbito administrativo las conductas que se realicen en épocas normales y de esa manera racionalizar y equilibrar el actuar del derecho penal. “Tenemos que dar énfasis y concentrarnos a todo lo que hemos mencionado anteriormente a situaciones de emergencia de desastre. Eso le va a dar mucho mayor potencia a lo que estamos debatiendo”, dijo.

La legisladora Zenaida Solis Gutiérrez (PM) consideró que hay una insuficiencia de control administrativo, toda vez, que para los grupos que tienen control de dominio el pago de multas administrativas no ha sido problema.

“Pagan la multa con una sonrisa y siguen adelante con las mismas conductas, inclusive contratando con el Estado, y este no se da por aludido. El Estado no lo sanciona, no los reprime, nos los deja de contratar, eso es una insuficiencia de control administrativo”, advirtió Solis Gutiérrez.

José Luis Ancalle Gutiérrez (FA) dijo que el Poder Ejecutivo está velando por los intereses de las empresas y no por los consumidores, por los ciudadanos que están padeciendo esta pandemia.

“Son momentos en la que todos tenemos que unirnos y dar la mejor predisposición para poder permitir que mecanismos excepcionales puedan ayudar a la población sobre todo para mantener la vida de las personas. Es difícil comprender que el Ejecutivo haya observado la norma”, precisó.

Este es el oficio con las observaciones del Ejecutivo a la ley que sanciona el acaparamiento y especulación durante estado de emergencia.

Observación ley que sanciona el acaparamiento y especulación

 

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