Alberto Fujimori. Nada impidió que Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, recupere su libertad, como lo dispone la RS 281 del 24 de diciembre del 2017 que le concedió indulto y derecho de gracia por razones humanitarias y que estuvo suspendida por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este miércoles 6 de diciembre, a 18 días de cumplirse 5 años de la dación del beneficio penitenciario, Fujimori Fujimori salió de prisión gracias a una resolución del Tribunal Constitucional, que tras establecer como no ejecutable la sentencia que condujo a su liberación declaró fundado el pedido de libertad de Alberto Fujimori.
El propio Gobierno, a través de dos ministros de Estado, se encargó de restar validez a una resolución del presidente de la Corte IDH, Carlos Bernal Pulido emitido el 5 de diciembre 2023
En esta resolución la presidencia de la Corte determinó requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta (por los cuales fue condenado Alberto Fujimori), se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la “inmediata libertad” de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 20222.
Mas allá del pronunciamiento del representante de la Corte IDH, en un pronunciamiento conjunto el canciller de la República, Javier González-Olaechea, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, , Eduardo Arana Ysa, afirmaron que el Perú “enfáticamente reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal”.
Ratificaron la firme adhesión del Gobierno del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos precisó que, conforme a todo Estado constitucional de derecho y acorde con el artículo 118, inciso 9 de la Constricción, es obligación del Ejecutivo cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
En ese marco y “en estricto cumplimiento del mandato del TC, supremo interprete de la Constitución Política, el INPE, señaló, procedió a ejecutar los extremos del auto de fecha 4 de diciembre de 2023 y disponer a su libertad sin condicionamiento”.
Alberto Fujimori: la excarcelación
Fujimori, de 85 años de edad, abandonó el penal Barbadillo a las 18:26 horas, luego de superarse los trámites administrativos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su excarcelación. Vestía una camisa celeste, chaleco negro y mascarilla.
Apenas traspasó la puerta del penal, abrazó a sus hijos Keiko y Kenji Fujimori, y a los parlamentarios del partido Fuerza Popular que acompañaron a su familia, en espera de su liberación.
Inmediatamente abordó un vehículo, en el cual se dirige a la vivienda de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, acompañado de sus hijos.
En casa
Los dos Fujimori Higuchi vinculados a la política, Keiko y Kenji no ocultaron su alegría de tener en casa a su padre y utilizaron sus redes sociales para contar lo que sucedía en el inmueble de su hermana.
“El momento que tanto esperamos por más de 16 años ha llegado. ¡Gracias a Dios!”, señaló Keiko mientras que Kenji alude el pasado: “Todo el sacrificio valió la pena! Gracias a Dios y a mi madre que en vida bendijo la lucha por liberar a mi padre, y que hoy desde el cielo comparte nuestra alegría. Bienvenido a casa Papá!”.
Deuda millonaria
Horas antes de hacerse efectivo la resolución del TC, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que el expresidente Alberto Fujimori Fujimori presenta, a la fecha, una deuda por reparación civil impuesta que alcanza aproximadamente los S/ 57 millones de soles por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
En un comunicado indicó que este monto incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil impuesto por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Además, explicó que dicha suma no puede ser cobrada mediante la incautación de su pensión vitalicia ya que desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil.
La Procuraduría precisó que el recurso declarado fundado por el Tribunal Constitucional no libera al condenado de pagar la reparación civil al Estado.
Finalmente, indicó que el Ministerio Público debe garantizar la permanencia del procesado en el territorio nacional respecto de los casos pendientes de extradición.
