La Fiscalía de la Nación presentó la denuncia constitucional contra Betssy Chávez Chino -en su condición de ministra y congresista- como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
Los hechos se refieren a la presunta contratación irregular de personal en las referidas instituciones.
Según publicación de El Comercio, cuando Betssy Chávez era titular de Cultura, habría favorecido a quien sería su pareja, el comerciante Abel Sotelo, y a dos familiares de este con puestos en el Estado.
Estos no habrían sido los únicos casos de presuntos favorecimientos por parte de Betssy Chávez.
De acuerdo a ls mima publicación, al menos, 14 personas nacidas o con domicilio en Tacna, región de origen de Chávez, obtuvieron contratos con el Estado o fueron nombradas en puestos de los sectores Trabajo y Cultura.
Fueron 8 las personas favorecidas con órdenes de servicio, pese a que varias no habían contratado antes con el Estado: cuatro visitantes de Chávez y cuatro extrabajadores. Dichas órdenes ascienden a S/287 500. Por otro lado, serían 6 las personas que fueron designadas en puestos estatales en los cuales reciben o recibieron remuneraciones entre los S/3 000 y S/20 000 mensuales.
Del primer grupo, las 8 personas son: Jesús Quenaya, Leonidas Mamani, Yanira Valdez, Henrry Rodríguez y Gabriela Mitta, Jonathan Collantes, Deyvis Ramos y Ruddy Cahuana. Los 5 primeros son de Tacna y los otros 3, residen en dicha región.
En su momento, Betssy Chávez, negó las acusaciones sobre el presuntofavorecimiento de contratos a personas cercanas a los cargos públicos
“Rechazo tales especulaciones que se fundamentan en mostrarme en alguna foto con una persona que no contrata ni es funcionario de ningún ministerio que ha estado o está a mi cargo”, se lee en la misiva.
Aseguró que ningún familiar cercano se ha beneficiado con cargos públicos. En este caso, manifestó que todos los contratos que se hicieron cuando se desempeñaba como parlamentaria han sido “filtradas por las oficinas de recursos humanos del Congreso de la República y se enmarcaron de acuerdo con la ley”, agregó.
