El Congreso, cuya mayoría retiró del poder a Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 luego de su intento golpista, dio un primer paso para evitar que la presidente Dina Boluarte sea investigada a nivel parlamentario por las más 60 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales.
En su sesión ordinaria de este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que preside la apepísta Lady Camiones Sortiano declaró improcedente la denuncia constitucional planteada en contra de Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
Según el equipo técnico, no existe prueba de responsabilidad de los denunciados y porque no existe una norma legal que sancione la conducta incurrida por la infracción constitucional.
Además agrega, los hechos están en investigación, tanto en sede fiscal como en sede parlamentaria y aun no se cuenta con evidencia objetiva a nivel de verosimilitud de una situación ilícita o ilegal y que los funcionarios denunciados hayan tenido conocimiento de los hechos.
Fueron 11 los congresistas que votaron a favor del informe de calificación en el que se planteaba declarar improcedente el recurso; mientras que otros cinco, Ruth Luque Ibarra, Sigrid Bazán Narro, Isabel Cortez Aguirre y Edgard Cornelio Reymundo Mercado, se pronunciaron en contra. Otros tres legisladores se abstuvieron.
El recurso fue interpuesto por la parlamentaria Ruth Luque (CD-JP), quien incluyó también en su denuncia al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo; al actual titular del Gabinete, Alberto Otárola; al exministro del Interior César Cervantes, y al exministro de Justicia José Tello.
El parlamentario Edgard Raymundo (CD-JP) planteó una cuestión previa para que se vuelva a analizar la denuncia y se redefina el informe de calificación sobre la misma.
Argumentó que en el análisis mencionado no se tomó en cuenta al informe que sobre las protestas en Perú diera a conocer esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su pedido no prosperó.
Foto:Congreso de la República)
Argumentos expuestos
El informe indica que durante el periodo que es materia de la denuncia constitucional se produjeron diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.
Señala que los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero último se encuentran en proceso de investigación en el Congreso y en el Ministerio Público, por lo cual no se define aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.
Agrega que en ese contexto, al no determinarse en la denuncia fehacientemente si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales, ni demostrarse que esto habría sido conocido por los funcionarios denunciados, no podrían establecerse responsabilidades en ellos, como se plantea en la denuncia.
Del mismo modo, se indica que no procede acusar a los funcionarios denunciados por las opiniones que vertieron sobre las protestas y su probable financiamiento, ya que opinar no constituye delito
Foto:Congreso de la República)
Habla el abogado de Boluarte
Para Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, la decisión de la subcomisión no es un instrumento para «blindar» a la mandataria , y que mas bien, «establece tranquilidad».
“Esto va en concordancia con lo mencionado en el informe que sobre las muertes durante las protestas emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este se promueve una investigación en la que se respete el debido proceso, y este implica respetar la privacidad de las personas que estén inmersas en cada caso; sean las víctimas como los agentes de las fuerzas del orden”, argumentó el abogado de la defensa legal de Boluarte Zegarra.
