Aun no son ubicados el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, tampoco Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo. Los tres tienen orden judicial de detención preliminar por 10 días, en el marco de la investigación fiscal por la irregular adjudicación de la obra puente Tarata, en la región San Martín.
El operativo de allanamiento a 11 inmuebles localizados en La Molina, Comas, Los Olivos, Carabayllo y Callao dirigido por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a cargo del caso Puente Tarara, realizado horas antes de la concurrencia al Congreso del presidente Pedro Castillo para que responde a un pedido de vacancia en su contra, dio como resultado la intervención y captura del empresario Zamir Villaverde García.
También fue detenido George Pasapera Adrianzen, dueño de Termirex. Empresa que ganó en consorcio la construcción del puente Tarata, en la región San Martín. A éste último investigado se le ubicó en la Clínica Tezza.
Estos dos empresarios están relacionados a Karelim López, quien a nombre de Termirex, acudía a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, días antes de que la compañía ganara la licitación, proceso posteriormente anulado por Provías Descentralizado luego de hacerse público la operación.
De acuerdo a la fiscal especializada en corrupción de funcionarios Karla Zecenarro, con base en las declaraciones Karelim López, el empresario Villaverde García actuaba como “operador del presidente”.
De acuerdo con la resolución de la fiscal Zecenarro, en el que describe el desarrollo de la investigación a su cargo, los sobrinos del jefe de Estado, la
La misma versión asegura que los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.
Villaverde, señala la carpeta fiscal, se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado. Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, quienes supuestamente coordinaban con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas.
Por estos hechos, la fiscal señala que resolvió ampliar y comprender a 12 personas en el presunto delito de crimen organizado, tipificado en el artículo 317º del Código Penal.
Están comprendido en la denuncia los sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez; el exsecretario presidencial Bruno Pacheco Castillo y el supuesto operador del presidente, Zamir Villaverde García así como los funcionarios del MTC que hicieron posible la adjudicación del proyecto de 232 millones de soles a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex.