La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, en su última sesión (del 6 de febrero de 2023) otorgar medidas cautelares de protección a favor de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, su cónyuge Luis Hernán Misael Espinoza Quiroz y sus tres menores hijos de iniciales H.R.E.B., A.C.E.B. y A.C.E.B. Vea la Resolución completa:
En una resolución de 18 páginas divulgada hoy en Washington, los jueces interamericanos Edgar Stuardo Ralón Orellana, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Roberta Clarke y Carlos Bernal Pulido consideraron que la máxima representante del Ministerio Público peruano y su núcleo familiar, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en Perú.
En consecuencia, el Estado peruano deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias.
- Concertar las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e
- Informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición.
“La Comisión, señala la resolución, solicita a Perú que informe, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.
A la vez, la Comisión aclara que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
Antecedentes
La solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la fiscal de la Nación y su familia, ingresó a la CIDH el 21 de septiembre de 2021 en momentos que el despacho fiscal investigaba al presidente de la República, Pedro Castillo y otros funcionarios de su Gobierno y las diligencias en curso habrían motivado ataques, actos de hostigamiento y campañas públicas de desinformación, descrédito y desprestigio en contra de la Fiscal y de la Fiscalía y que además atentaban contra la garantía de independencia de los operadores de justicia.
Hoy, quince meses después de la presentación del reclamo, el Estado peruano respondió que las medidas cautelares fueron requeridas en un contexto que ha cambiado sustancialmente, en la actualidad, lo que permite colegir el quiebre rotundo de la urgencia ante un riesgo de daño irreparable, dado que el supuesto riesgo que afronta la Fiscal de la Nación ya no se encuentra vigente.
Precisó que “existe un nuevo contexto político que se encuentra atravesando el Estado peruano, debido a que, desde el 7 de diciembre de 2022, sufrió un cambio de autoridades del más alto nivel que se relacionan estrechamente con las supuestas afectaciones denunciadas. Concretamente el Estado se refirió a las manifestaciones del expresidente Pedro Castillo.
“Con las nuevas designaciones en los cargos, la referencia a los ataques, actos de hostigamiento y campañas públicas de desprestigio y desacreditación generada por actores que ejercen el más alto poder político, como se adujo en la solicitud, ya no ostentarían dichos cargos y, por ende, tal poder. Por lo tanto, al encontrarse fuera del aparato estatal, el Estado peruano considera que se encuentra disipado riesgo que afecte algún derecho de la propuesta beneficiaria”.
El Estado señaló que el nuevo contexto de la propuesta beneficiaria permite colegir el quiebre rotundo de la urgencia ante un riesgo de daño irreparable, ya que el supuesto riesgo que afronta la Fiscal de la Nación ya no se encuentra vigente.
La insistencia de la CIDH
No obstante el nuevo contexto, la CIDH sostiene que la propuesta beneficiaria estaría encargada de nuevas investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a la actual presidente constitucional. Asimismo, se le habría derivado las investigaciones de las muertes por armas de fuego. Se informó también que la propuesta beneficiaria investigaría al actual ministro del Interior, tras lo ocurrido en las protestas en el país.
La Comisión considera que, dada la continuidad de las investigaciones a altas autoridades, sumado al contexto actual que enfrenta el país, Patricia Benavides se encuentra en una situación de riesgo, en la medida que podrían ocurrir situaciones como las que enfrentó durante el anterior gobierno, y dado que los mensajes en su contra continuarían presentándose desde incluso mensajes del expresidente Pedro Castillo y su entorno.
En vista de los anteriores elementos, y a la luz del contexto específico en que tendrían lugar, la Comisión estima que los derechos a la vida e integridad personal de Patricia Benavides se encuentran prima facie en una situación de grave riesgo. La Comisión también considera que podrían estar en riesgo sus familiares identificados frente a posibles represalias en contra de la señora Benavides Vargas.
En cuanto al requisito de urgencia, la Comisión también considera que se encuentra cumplido, toda vez que los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y de exacerbarse con el tiempo. De ese modo, ante la inminencia de materialización del riego, resulta necesario adoptar medidas para salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de la fiscal de la Nación de manera inmediata, incluyendo a su núcleo familiar.
