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Congreso aprueba por insistencia ley que sanciona acaparamiento y especulación

El pleno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar con penas de cárcel el acaparamiento, la especulación y la adulteración.

La insistencia del dictamen observado por el Ejecutivo, fue aprobada Congreso por 121 votos a favor, cero en contra y cinco votos en abstención de miembros de la bancada del Partido Morado.

Al igual que en la Comisión de Defensa del Consumidor todas las observaciones del Ejecutivo fueron desestimadas. Para el gobierno, la norma “vulnera los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas, por ende, no es posible que sea a través de esta regulación que se logre cubrir esta necesidad manteniéndose el vacío de protección”.

El proyecto

El dictamen dispone sancionar con una pena de cárcel de dos a seis años al que abusa de su posición dominante en el mercado o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.

También establece una pena de cárcel de cuatro a seis al que abusa de su posición dominante en el mercado o al que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva mercantil o de servicios, con el objetivo de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.

En el caso del acaparamiento, la norma dispone sancionar con una pena no mayor de cuatro ni menor de seis años al que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para al vida y al salud de las personas con la sustracción o acaparamiento, con la finalidad de alterar los precios habituales en su beneficio en perjuicio de los consumidores.

La norma precisa también una pena no menor de dos ni mayor de seis para el productor, fabricante, proveedor o comerciante que incremente los precios de bienes y servicios habituales esenciales para la vida y la salud de las personas usando prácticas ilícitas que no se sustenten en una real estructura de costos, aprovechando la mayor demandas. La pena será de 4 a 8 años si se comete el delito en estado de emergencia.

Para la adulteración, señala una pena de  uno a tres años de penal para el que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de algún bien en perjuicio del consumidor. Si el delito se comete en situación de calamidad pública o estado de emergencia, será de 4 a 6 años.

El debate

José Luis Luna Morales (PP), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, sostuvo que “es tiempo ya de poner fin a la situación y contemplar cárcel a los que especulen en emergencia y desastre”.

José Luis Ancalle del Frente Amplio, sostuvo que el Ejecutivo no aprobó la ley porque está velando por los intereses de las empresas, no de los ciudadanos. “Se ha permitido que los costos se eleven hasta en un 300 %. El Estado no solo tiene derecho, sino la obligación de intervenir en salvaguarda de los actores más débiles del mercado como son los usuarios y consumidores”, señaló.

Zenaida Solis, representante del Partido Morado, se refirió a los empresarios que han encontrado en la pandemia la oportunidad perfecta para acaparar. «Se defiende el libre mercado, pero no se observa cuando éste se deforma”. El Ejecutivo no encuentra fallas en el sistema. Los precios subieron 100 veces en emergencia, puntualizó.

Gupioc Rios (Podemos Perú) dijo que con las observaciones realizadas por el Ejecutivo, “el mandatario se ha convertido en el vocero de los acaparadores, blinda a quienes abusan con la necesidad de la población sostuvo anunciando el voto a favor en bloque de toda su bancada«.

La norma, aprobada por insistencia, acumuló 18 proyectos similares, todos con el mismo objetivo que es sancionar con cárcel el acaparamiento y especulación en tiempos de emergencia.

 

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