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sábado 23 octubre-2021

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Congreso prohíbe postulación de sentenciados a cargos de elección y aprueba 6% para Educación

Por mayoría, el Congreso aprobó este domingo en su último día de legislatura ampliada, además de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la reducción de las prerrogativas del presidente de la República, el proyecto de reforma constitucional que impide a sentenciados en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos públicos.

Otro proyecto aprobado en la sesión es el referido a la reforma constitucional que establece el presupuesto del sector Educación en no menos del 6 % del Producto Bruto Interno (PBI)

Impedimento a sentenciados

La fórmula legal, aprobada con 111 votos a favor y 14 en contra, establece que están impedidos de postular a cargos públicos todos los sentenciados por delitos dolosos, en primera instancia, ya sea en calidad de autores o cómplices.

Al tratarse de una reforma constitucional, la autógrafa requiere una segunda votación calificada en la próxima legislatura, que empieza hoy lunes 6 para que pueda tener vigencia en las elecciones generales del 11 de abril del 2021.

El dictamen aprobado plantea una reforma constitucional para incorporar los artículos 34-A y 39-A en la Carta Magna con el fin de establecer los impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública.

El artículo 34-A de la propuesta legislativa impide “postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

El artículo 39-A impide “ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

El predictamen debatido recayó en los proyectos de ley 1565, 2287, 2357, 2403, 2772, 4015, 4512, 4853, 5011 y 5496, todos ellos incorporan los mencionados artículos en la Constitución para establecer impedimentos para postular a cargos de elección popular y de función pública y fueron presentados por diversas bancadas en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

En el debate, la congresista Martha Chávez Cossío (FP) manifestó que no hay duda de que hay que luchar contra la corrupción, pero lo que se propone con esta iniciativa tiene un grave defecto: tanto la Constitución Política del Perú, en el literal e del inciso 24 del artículo segundo, así como el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos, señala como derecho fundamental el principio de presunción de la inocencia.

En función de ello, “una sentencia de primera instancia no tiene fuerza para romper la presunción de inocencia, porque es parte de un proceso que no ha concluido”.

En contra de ese criterio, Gino Costa Santolalla (PM) señaló que es necesario blindar la política de las influencias nocivas de personas que tienen una responsabilidad judicial. “La política debe ser protegida de ese tipo de personas, que no utilicen el poder que le da un cargo público, para impedir la acción de la justicia, al igual que en el caso de la inmunidad mal utilizada”.

El congresista Rennán Espinoza Rosales (SP), criticó que se coloque una valla mínima en alusión a los cuatro años de pena privativa fijada en la fórmula, y exigió que se deje el texto en cualquier tipo doloso, ya que existen figuras delictivas que merecen penas menores a esa cifra.

Esta propuesta fue aceptada por el titular de Comisión y Reglamento, y por ello decidió retirar de la fórmula legal del dictamen, en ambos artículos, la frase: “cuya pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, sea superior a cuatro (4) años”.

La tercera vicepresidenta del Congreso, María Cabrera Vega (PP), pidió subtitular los artículos 34A y el 39A, que no solo se debe tomar en cuenta los delitos dolosos, sino también los delitos culposos, y de debe ser con sentencia firme, y no en primera instancia. “No se puede soslayar el principio de la pluralidad de instancia, y el de la presunción de inocencia”, sostuvo.

Presupuesto no menos a 6 % del PBI

El dictamen, aprobado por 115 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones y a pocos minutos del término de la legislatura, contó con el voto favorable de las bancadas Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Frente Amplio y Acción Popular. Fuerza Popular y el Partido Morado tuvieron votos divididos.

El dictamen, que modifica el artículo 16 de la Constitución para fortalecer y asignar presupuesto al sector Educación, será sometido a segunda votación en la siguiente legislatura.

En su sustentación el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Omar Chehade Moya (APP), sostuvo que con esta disposición se dará un gran paso si se obliga al Estado peruano que destine un porcentaje importante del PBI justamente para la educación. “Esto no será un festival de dinero, sino para la capacitación de profesores y alumnos, para la infraestructura, la logística, que hoy está en ruinas”, anotó tras afirmar que “es hora de tomar decisiones históricas”.

El presidente de la Comisión de Educación, Reymundo Dioses (SP), expresó su satisfacción por la decisión histórica adoptada por el Parlamento y con ello hacer justicia al propiciar una educación de calidad.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, explicó la votación dividida de su bancada, unos en contra y otros en abstención, señalando que se encontraban de acuerdo con el objetivo, pero mantenía diferencias “en cuanto a realmente si se podrá mejorar la asignación de recursos por una cifra en la Constitución”.

 

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