sábado, mayo 25, 2024
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Congreso rechazó informe que acusaba a cuatro congresistas llamados “niños” en tensa sesión que casi sale de control

El Pleno del Congreso de la República, en una sesión que estuvo a punto e salirse de control, rechazó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que proponía acusar por la  presunta comisión de  los delitos de Organización criminal y tráfico de influencias agravado a cuatro congresistas de Acción Popular, considerados “niños” Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza.

Previamente el Pleno estableció que se requerían 52 votos para la aprobación de los proyectos de Resolución Legislativa.

“Timorato”

En un momento de la sesión, hubo un “fuego cruzado” entre congresistas de Acción Popular, lo que originó que Edwin Martínez, llamara  “timorato” al presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata.

“Es una lástima, pasamos por un presidente timorato, que dejó en crisis al país; una presidenta que igual está timorata; y es muy lamentable decir que tenemos un presidente del Congreso también timorato. (…)

Luego expresó: “le exijo que usted ponga reglas claras en el Congreso. Usted es el presidente y aquí todos están gritando, tomando decisiones, y usted no ejerce el cargo que se le ha encargado”.

La votación

En el caso del legislador Raúl Doroteo Carbajo (AP) la acusación consiguió únicamente 37 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones, respecto a Darwin Espinoza Vargas (AP) 37 congresistas votaron a favor, 43 en contra y cinco en abstención.

En el mismo sentido, el artículo referente a Jorge Luis Flores Ancachi (AP) obtuvo 38 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones. Asimismo, la votación de la acusación contra  Elvis Vergara Mendoza (AP) fue de 39 a favor, 42 en contra y cinco abstenciones

Durante el debate, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP) solicitó que la naturaleza de la sesión cambie a secreta, con el objetivo compartir con la representación nacional el contenido de la carpeta fiscal que había recibido luego de la elaboración del informe.

Al retomar la sesión pública, Camones Soriano presentó una cuestión previa para que el informe presentado retorne a la Comisión Permanente, para que sea analizado en forma conjunta con la carpeta fiscal entregada por el Ministerio Pública. Su pedido no encontró eco en la representación y votaron 57 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones.

Antes de la votación final, el pleno del congreso aprobó una cuestión previa para habilitar a las congresistas María del Carmen Alva (AP) y Karol Paredes (AP) para ejercer su derecho al voto, pese a pertenecer a la Comisión Permanente; debido a que fueron incluidas en este grupo de trabajo de forma inconsulta, sin emitir un voto sobre la materia.

Sobre este último punto, se presentó una reconsideración a la votación, que no alcanzó los votos requeridos para anularla, ya que solo 62 legisladores votaron a favor, 51 en contra y uno en abstención.

Al respeto, el legislador José Balcázar Zelada (PB) solicitó que se respete el ordenamiento jurídico y el reglamento del Congreso de la República. Asimismo, Luis Aragón Carreño (AP) afirmó que debe  tomarse en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional, las que son vinculantes, en referencia a los congresistas aptos para votar.

Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP) señaló que los legisladores acusados habrían sostenido reuniones con las autoridades del Poder Ejecutivo para obtener réditos personales, lo cual debía ser sancionado con la suspensión de sus funciones.

Asimismo, Kelly Portalatino Avalos (PL) afirmó que aprobar el informe generaría un antecedente nefasto, lo cual fue secundado por su colega de bancada Margot Palacios (PL) dado que muchos legisladores acuden a oficinas ministeriales en representación de la población.

Derecho de defensa

Los congresistas acusados con la calificación de “niños” por supuestamente obedecer las órdenes del entonces presidente Pedro Castillo,  se presentaron ante el Pleno, acompañados de sus abogados, y defendieron sus posiciones de inocencia, argumentando falta de pruebas, testimonios y afectación a su derecho de función parlamentaria, al cuestionarse su visita a  ministros de Estado.

Empero, en varios de los casos, negaron haber pisado el umbral de las sedes de los portafolios de Producción, Vivienda y Transportes, aunque en el informe no se haya tomado en cuenta los dos últimos.

La denuncia

De acuerdo con el Informe final N° 300, los cuatro congresistas son acusados por ser presuntos autores de la comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo a una figura piramidal; organización que estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de la Producción.

Se señala, que en mérito a los abundantes elementos de convicción reveladores y objetivos aportados en la denuncia constitucional y en el procedimiento de acusación constitucional, por la Fiscalía de la Nación, los congresistas de la República denunciados, representarían el mando operativo, conocido como el «Brazo Congresal» de la organización criminal.

Los integrantes de esta supuesta organización habrían sido captados por la organización criminal a través de Auner Augusto Vásquez Cabrera, habiéndose comprometido los congresistas denunciados a votar en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitir votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, los mencionados parlamentarios, respaldarían así, la gestión de José Pedro Castillo Terrones, en ese entonces presidente de la República y como contraprestación del acuerdo ilícito, habrían solicitado beneficios indebidos, como nombrar en puestos claves de la institución a personas ligadas a los congresistas denunciados.

A manera de sugerencia, se incluyó en el referido informe, en la figura de “sugerencia” incluir la propuesta de suspensión en sus derechos constitucionales de los cuatro parlamentarios acusados por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en caso de resultar absueltos.

Archivo

En la exposición de señala que en el caso de los congresistas Ilich Fredy López Ureña y Juan Carlos Mori Celis, la Subcomisión no contó con el suficiente material probatorio por el delito de Organización Criminal y Tráfico de Influencia Agravado en perjuicio del Estado peruano.

“Esto es sin que se presenten nuevos medios para una posterior investigación y sanción en sede parlamentaria o judicial “, afirmó.

Camones Soriano sostuvo que durante el proceso, fueron respetadas las garantías del debido procedimiento de los acusados, sustentado en los medios probatorios presentados.

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Elí Joacim del Aguila Tuanama
Elí Joacim del Aguila Tuanamahttps://www.agendapais.com
Periodista, con experiencia en el manejo de medios de comunicación masivos, respaldados por 31 años consecutivos de ejercicio periodístico en Radioprogramas del Perú, RPP (donde ejerció cargos jefaturales desde 1995 hasta el 2013) y siete años como director del periódico digital Agenda País.
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