“Sobre la reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios del Estado, existe unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural con la profundidad que amerita una modificación constitucional de esta envergadura, pensando en lo mejor para el país”, es el texto que aparece en el punto 5 del pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado tras la reunión que sostuvieron sus miembros en Palacio de Gobierno.
A tenor de dicha declaración, la cita que había sido convocada por el presidente de la República con el propósito, según sus palabras, “de encontrar juntos una salida” a la crisis desatada por la aprobación del Congreso de reformas constitucionales sin sustento técnico, sirvió para tratar otros temas como la reactivación económica, la evolución del covid-19 y mejoras para la eficiencia del gasto público en los tres niveles de gobierno”, se agregó en el comunicado.
Foto: Presidencia de la República
El Consejo de Estado, institución que no está regulada en la Constitución, funciona como una instancia consultiva y a través de la cual “se materializa el principio de cooperación entre poderes”. “Básicamente sirve como una mesa de coordinación y de acuerdos entre los poderes públicos”.
“Sirve como una mesa en donde se sientan los principales representantes de los principales poderes públicos y cuyo fin es coordinar planes de acción y coordinar políticas públicas para atender un fin común. En los últimos tiempos, cuando se ha realizado, se ha hecho para atender emergencias o asuntos muy puntuales”, sostiene López en diálogo con El Comercio.
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Participaron en la reunión además del jefe de Estado, Martín Vizcarra, el presidente del Congreso, Manuel Merino; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el contralor Nelson Schack; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, entre otros. No estuvo presente la titular del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma.
