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Contraloría presentará proyecto para ejercer su facultad sancionadora

El Contralor General, Nelson Shack, anunció el jueves que presentará un proyecto de ley para continuar ejerciendo, en la práctica, la facultad de sancionar a aquellos funcionarios y servidores públicos que incurren en inconducta funcional (infracciones graves y muy graves).

Esta decisión fue adoptada luego de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia, el pasado 23 de abril del 2019, donde si bien reconoce constitucionalmente la capacidad de sancionar de la Contraloría, declara inconstitucional las conductas infractoras (artículo 46 de la Ley 27785) dejándola sin marco legal para sancionar y limitando su labor.

“Saludamos que el Tribunal Constitucional reconozca la constitucionalidad de la facultad sancionadora de la Contraloría, sin embargo, nos sorprende que a la vez declare inconstitucional las conductas infractoras que motivan la sanción, es decir, aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen”, señaló Shack Yalta.

El Contralor General se reunió esta mañana con el Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para que priorice la iniciativa legislativa que presentará en los próximos días, así como también explicarle las consecuencias que tendrá la sentencia del Tribunal Constitucional cuando sea publicada en el diario oficial El Peruano.

“Cuando esta sentencia sea publicada en el diario oficial El Peruano -esta semana fue publicada en su portal web-, la Contraloría General no va a poder sancionar con la suspensión o inhabilitación temporal a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional”.

“Todas las investigaciones sobre responsabilidades administrativas graves y muy graves identificadas en los informes de control en forma objetiva, imparcial e independiente tendrán ahora que ser derivadas a las mismas entidades para que estas apliquen una sanción a los infractores y todo el Perú sabe que eso, en la práctica, es un engaña muchachos porque entre colegas no se van a sancionar. Si una autoridad contrata a su primo en la entidad y nosotros lo detectamos ¿usted cree que la entidad lo va sancionar?”, argumentó.

Aclaraciones del Tribunal Constitucional

En conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, aseguró que la sentencia emitida sobre la facultades de la Contraloría General de la República, fortalece la lucha contra la corrupción y constitucionaliza la potestad sancionadora del órgano de control.

Explicó que el artículo 2, inciso 24, d de la Constitución, establece expresamente que “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”, principio del derecho penal que, conforme a reiterada jurisprudencia, se traslada al derecho administrativo sancionador.

“Las infracciones previstas en el artículo 46 de la Ley 27785 no cumplían con expresar de forma inequívoca el acto u omisión que debía ser materia de sanción, y por lo tanto tuvieron que ser declaradas inconstitucionales”. Precisó que  no es exacto que el fallo del TC debilite a la Contraloría.

El titular del TC indicó que la Constitución establece que solamente se tipifican infracciones e ilícitos a través de una ley expresa y sin embargo el artículo 1 de la Ley 29622, delegaba en un decreto supremo, que es una norma de inferior jerarquía a la ley, la precisión y tipificación de ciertas faltas e infracciones que pueden cometer los funcionarios públicos.

Blume Fortini dijo que si la ley no es concordante con la Constitución, lo que puede ocurrir es que a futuro se puedan plantear acciones de amparo y al final se va retrotraer todo a la etapa inicial, porque no fueron sancionados mediante una norma que estaba totalmente acorde con la Constitución.

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