🧦🎁Faltan para fin de año🌟

19.1 C
Lima
martes 7 diciembre-2021

Director: Elí del Águila Tuanama

Corte IDH dicta sentencia contra Perú por caso de secretaria judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH,  declaró que el Estado de Perú es responsable por la violación de las garantías judiciales (artículo 8), el principio de legalidad (artículo 9), los derechos políticos (artículo 23), y el derecho a la protección judicial (artículo 25), contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Norka Moya Solís.

Vea el resumen oficial emitido por la Corte Interamericana

Caso Moya Solís Vs. Perú

En 1982 la señora Norka Moya Solís se desempeñaba como Secretaria Judicial del Décimo Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima, cuando se inició el proceso que terminó con su no ratificación en el cargo.

En el marco de dicho proceso se produjeron violaciones a diversos derechos reconocidos en la Convención Americana.

La Corte indicó que, en un proceso de evaluación o ratificación en el cargo de un funcionario público, en tanto involucra la posibilidad de destitución de las personas evaluadas, son aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance puede ser de diferente contenido o intensidad.

En ese sentido, la Corte se refirió al alcance de los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa, cuestiones que no se habían garantizado en este caso.

La Corte también encontró que la señora Moya Solís no conoció oportunamente el contenido de la Resolución de no ratificación y que no hubo una adecuada motivación.

En relación con el principio de legalidad, la Corte encontró que el acta de Sala Plena y la Resolución de no ratificación no daban cuenta de las causales con fundamento en las cuales se decidió la no ratificación, porque dichas causales no estaban contenidas en ninguna norma, lo que llevó a una violación del principio de legalidad.

Por otra parte, a juicio de la Corte, aunque el recurso de amparo estaba previsto en la normatividad peruana y era formalmente admisible, no fue efectivo y su trámite, cuya duración global excedió el plazo de 15 años, desconoció la garantía del plazo razonable.

Por último, la Corte encontró que la desvinculación de la señora Moya Solís al haber desconocido las garantías del debido proceso, afectó de forma arbitraria su permanencia en un cargo público y, en consecuencia, llevó a una violación de sus derechos políticos.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 

Elí del Aguila Tuanamahttp://www.agendapais.com
Periodista, con experiencia en el manejo de medios de comunicación masivos, respaldados por 31 años consecutivos de ejercicio periodístico en el GRUPORPP (donde ejerció cargos jefaturales desde 1995 hasta el 2013) y seis años como director del periódico digital Agenda País.

Artículos relacionados

Mantente conectado

0SeguidoresSeguir
1,093SeguidoresSeguir

últimos artículos