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Covid 19: Gobierno deroga cuarentena para mayores de 65 años y autoriza caminatas

Gobierno deroga cuarentena para mayores de 65 años (Foto: MIDIS).

El gobierno derogó hoy sábado, mediante Decreto Supremo, el Nº 162-2020-PCM, la cuarentena para las personas adultas mayores de 65 años y  autorizó la realización de caminatas de tres veces por semana hasta 90 minutos a una distancia no superior de 500 metros respecto de su domicilio, en espacios abiertos y sin aglomeraciones.

La norma en su disposición complementaria señala: “Deróguese el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM”, el mismo que textualmente señala que “Los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años, así como las personas en grupos de riesgo como los adultos mayores de sesenta y cinco (65) años y los que presenten comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán continuar en aislamiento social obligatorio (cuarentena), con las excepciones señaladas en el presente decreto supremo”.

¿Qué pasará ahora con los mayores de 65?

El nuevo texto del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 139-2020-PCM, reza:

Las personas en grupos de riesgo, como los adultos mayores de sesenta y cinco (65) años y los que presentan comorbilidades, de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria Nacional no pueden salir de su domicilio, y excepcionalmente lo podrán hacer siempre que requieran de atención médica, ante una emergencia, urgencia o para asistir a una cita médica; así como, para la adquisición de alimentos, medicinas y servicios financieros, en caso de no tener a ninguna persona de apoyo para ello.

También pueden salir de su domicilio excepcionalmente para el cobro de algún beneficio pecuniario otorgado por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, para el cobro de una pensión en una entidad bancaria o para la realización de un trámite que exija su presencia física.

Las personas en grupos de riesgo no deben recibir visitas en su domicilio y deben evitar el contacto físico con las personas que se desplazan fuera del domicilio.

En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto y en caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, se sujetan a las disposiciones que se han emitido a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto supremo y a las acciones de fiscalización y supervisión de la Autoridad Sanitaria, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral–SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias.

Las personas en grupos de riesgo, como los adultos mayores y los que presentan comorbilidades, de acuerdo a lo señalado por la Autoridad Sanitaria Nacional, podrán realizar caminatas con las siguientes restricciones:

– A una distancia no superior de 500 metros respecto de su domicilio, en espacios abiertos y sin aglomeraciones.

– La circulación se limita a una caminata de máximo 60 minutos de duración, 3 veces a la semana y, de preferencia, en las mañanas para evitar aglomeraciones con las salidas de otros grupos poblacionales.

– Los adultos mayores dependientes o con discapacidad saldrán acompañados por una persona responsable de su cuidado.”

Defensoría del Pueblo

La modificación de la condición de los adultos de 65, que en el país es  superior a 2 millones, se produjo horas después de un pronunciamiento público de la Defensoría del Pueblo, en el que reclama al Gobierno por la situación de especial vulnerabilidad frente al COVID-19,  motivo por el, aseguró “el Estado debe garantizarles una especial protección, conforme al artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Tal como ha reiterado el Secretario General de las Naciones Unidas, a propósito del 30º aniversario del Día Internacional de las Personas de Edad, la pandemia no solo ha tenido un impacto grave y desproporcionado en lo referido a su salud, sino también a sus derechos y su bienestar”.

“En ese sentido, señaló la Defensoría, la prolongación del aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio del COVID-19 con relación a este grupo de riesgo, si bien busca proteger su salud, casi siete meses después de iniciada la pandemia, ha generado una severa afectación de otros derechos fundamentales. El confinamiento absoluto no solo afecta la dignidad de estas personas al desconocer su autonomía y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, recogido en el artículo 2, inciso 1 de la Carta Magna, sino su salud física y mental, dados los efectos indeseados de esta reclusión. Así, por ejemplo, la falta de actividad física, la pérdida de independencia, la soledad, sumado al impacto en la salud mental como la ansiedad, depresión, trastornos de sueño, estrés, hacen cuestionar la necesidad y proporcionalidad de esta política, en los términos impuestos”.

“Hay que recordar que toda medida limitativa de derechos fundamentales, durante un estado de emergencia, debe cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. No obstante el objetivo perseguido por el Gobierno, a la fecha y de acuerdo con la información oficial, urge que el Estado modifique estas medidas por unas menos rígidas que el aislamiento social absoluto, para salvaguardar la salud de estas personas y el resto de derechos fundamentales que la Constitución les reconoce”, sostuvo.

Y en la parte final insiste: “En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo hemos demandado, mediante oficio, a la Presidencia del Consejo de Ministros modificar, en el marco de las medidas de salud pública, la normativa que impone tales restricciones, a fin de que estas guarden coherencia con el respeto íntegro a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Nuestra institución, de conformidad con las competencias asignadas por la Constitución, se mantendrá vigilante del cumplimiento de este requerimiento”.

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