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Periodista, con experiencia en el manejo de medios de comunicación masivos, respaldados por 31 años consecutivos de ejercicio periodístico en Radioprogramas del Perú, RPP (donde ejerció cargos jefaturales desde 1995 hasta el 2013) y siete años como director del periódico digital Agenda País.

Cuestión de Confianza: Aquí los argumentos del jurista Olivera Díaz para denunciar constitucionalmente a 79 congresistas

Ocho  fundamentos jurídicos contempla la denuncia constitucional presentada en el Congreso de la República y en el Ministerio Público por el jurista Guillermo Olivera Díaz contra los 79 congresistas que el pasado miércoles 20 votaron a favor de la aprobación por insistencia de la Ley 31355 denominada de desarrollo constitucional sobre la Cuestión de Confianza, motivo por el cual el demandante denuncia a los legisladores de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Banda Criminal y por infracciones constitucionales de los artículos 206°, 43°, 102°, 38°, 39°, 44°, 45°, 46°, 103 y 106° de la Constitución Política.

Cinco de los fundamentos describen los delitos penales, sancionados con 24 años de pena privativa de la libertad para cada congresista (por el delito cometido más la mitad por encima del máximo legal por el agravante de funcionario público) y los otros tres están referidos a las infracciones constitucionales, que de ser aceptada y tramitada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede terminar con la suspensión, inhabilitación  y destitución  de los 79 congresistas.

¿Quién es Guillermo Olivera Díaz?. Vea su hoja de vida

En las siguientes lìneas reproducimos los argumentos descritos en el expediente presentado de manera virtual en el Legislativo por el jurista Guillermo Olivera Díaz y de modo prersencial en la Fiscalìa de la Nación.

FUNDAMENTOS DE HECHO y DE DERECHO

A.- Delitos de abuso de autoridad y banda criminal

1.- Cualquier congresista puede ser instigador, autor, coautor o cómplice primario de tanto delitos comunes como de función así como de infracciones de las normas de la Constitución Política. Tal digresión fluye  del texto de sus Artículos 93° y 99°. Incluso allí se prevé el delito flagrante, su detención, su procesamiento penal, condena final, previo el procedimiento de acusación constitucional o antejuicio político a fin de que el Congreso levante la inmunidad y autorice la acción de fiscales y jueces penales.

2.- Ni indemnidad menos patente de corso. El hecho de ser congresista, elegido por cualquier mayoría, no es tener patente de corso para delinquir ni transgredir las normas constitucionales. Ni lo uno ni lo otro.

En términos históricos podemos afirmar que el legislador que el pueblo ha elegido carece de patente autoritativa para ser corsario y gozar de impunidad por indemnidad. La irresponsabilidad penal solo es por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio lícito de sus funciones, tal como lo prescribe el Art. 93° invocado, pero no cuando perpetran delitos o infringen adrede o a propósito el texto diáfano de la Carta Magna, en cuyo artículo 206°, por ejemplo, se habla de dos (02) legislaturas ordinarias consecutivas, una tras otra, para aprobar una reforma constitucional y no en una sola legislatura como se hizo y sucedió aquel 16 de setiembre y se repitió el 20 de octubre último, mediando el dolo de sendas concertaciones entre 74 y 79 congresistas de diversas bancadas de oposición, pese a que fueron advertidos públicamente.Un voto que aprueba un “acto arbitrario” no es un voto lícito; un voto que viola la Constitución tampoco puede ser visto como legítimo o lícito. Siempre será ilícito.

Guillermo Olivera Díaz (Foto: agendapais.com).
Guillermo Olivera Díaz (Foto: agendapais.com).

3.- Cualquier medio comisivo. El delito común se puede consumar usando una pistola, un puñal, un palo o un mortal veneno. Cualquier medio es idóneo si el resultado llega.

Del mismo modo un delito de función tiene a la mano diversos medios idóneos de consumación: el reglamento del congreso, una resolución legislativa, un nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional y en el presente caso una ley artificiosa, aberrante, e inconstitucional, producto de un aquelarre jurídico, pues solo así se explica que mediante una ley ordinaria, llamada interpretativa, que no lo es, o ley de desarrollo, que tampoco lo es, se haya modificado la esencia de la Cuestión de Confianza, sin ley de reforma constitucional, quitando o cercenando al Poder Ejecutivo lo que la Constitución le concede en forma amplia y abierta, según lo ha reconocido en fallos el Tribunal Constitucional y violando en adición el procedimiento o modo de reforma de la Carta Política en dos legislaturas. Este hecho doble nunca sucedió.

Ni siquiera se proyectó una norma de reforma de la Constitución que ordena el citado numeral 206°. Por cuya razón el engendro resultante no es ley interpretativa, ni de desarrollo, tampoco de reforma de nuestra Constitución. Es que un norte delictivo hace perder perspectiva y matices. El dolo, la consigna y tal vez la prebenda enceguecen.

4.- El delito de abuso de autoridad.- Este ilícito imputado, está tipificado en el Artículo 376° del Código Penal. Queda consumado cuando los denunciados, en su calidad de funcionarios públicos, “abusando de sus atribuciones”, aprueban un “acto arbitrario” vía la Ley artificiosa N° 31355, de 20-10-2021, que causa enorme perjuicio a los ministros del Poder Ejecutivo actual, los ata de brazos en su agravio funcional.

Nada más lesivo y arbitrario que restringirles casi a cero, y en ciertos supuestos anularles, la posibilidad de plantear cuestiones de confianza en la forma amplia que la Constitución les otorga y prohibirles esa posibilidad en materia de reformas constitucionales, de procedimientos llamados exclusivos y excluyentes del Congreso y de todo organismo constitucionalmente autónomo, como lo es por ejemplo el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, etc., donde la corrupción campea, pese a lo cual el Ejecutivo queda relegado al papel de mero espectador sin poder recurrir a cuestiones de confianza respecto de la aprobación o no de proyectos atinentes a tales organismos. Nada más arbitrario y perjudicial que eso: ¡lo que la Constitución les concede, una ley ordinaria les arrebata, les quita, por el dolo y la concertación de la arbitrariedad de bancadas opuestas al gobierno!

5.- Arbitrariedad en banda criminal.- Cualquier delito puede ser llevado a cabo al socaire de otro, llamado “banda criminal”, penado y previsto en el Artículo 317°-B del Código Penal, que viene a ser una “unión de dos o más personas” que cumple o tiene por “objeto la comisión de delitos concertadamente”, como en este caso es el abuso de autoridad, sin que lleguen a constituir una organización criminal con el carácter estable, permanente o por tiempo indefinido con el destino de solo delinquir. Basta el concierto de voluntades cada vez que es menester hacerlo, aunque fuere para el mismo delito, pero distantes e independientes en el tiempo, a diferencia del delito continuado.

En el caso que denunciamos tal concertación de más de dos personas se dio en dos momentos cercanos en el tiempo pero con reiteración homogénea u homóloga: fue el 16-09 y el 20-10 últimos que se consumó el “acto arbitrario” en el texto del engendro legislativo llamado Ley 31355, que, repetimos, ¡no es ley interpretativa, tampoco de desarrollo de alguna norma constitucional, menos de reforma de la Constitución y que no se siguió el procedimiento que regula en dos legislaturas ordinarias el Art. 206°! de nuestra Carta Política.

Simple y llanamente se aprobó un medio artificioso llamado “ley” que es como una pistola con un proyectil, o varios, que mata también a la función constitucional de muchos ministros y que aleja para siempre, muy lejos, el fantasma de la disolución del Congreso. El acto arbitrario se consumó, ahora se llama “ley” y benefició a sus autores: ¡nunca serán disueltos por este camino borrado! Nada les importó a los denunciados el tenor y sentido de las observaciones sesudas que hizo a la autógrafa el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones y la crítica que proliferó por doquier hasta el hartazgo. La decisión de delinquir pesó mucho más y la concertación dolosa fue de los legiferantes de las mismas bancadas en ambas ocasiones. Tanto el 16-09 como el 21-10-2021 reiteraron los mismos sujetos activos de los ilícitos denunciados.

B.- DE LAS INFRACCIONES CONSTITUCIONALES DENUNCIADAS

No es menester que la llamada en forma expresa por la Constitución Política “infracción de la Constitución Política”: en su Artículo 99°, esté abstractamente tipificada como lo están los variados delitos en la Parte Especial del Código Penal.

Tampoco que haya un inventario descriptivo de infracciones de nuestra Carta Magna, pues cada uno de sus artículos puede ser ¡infringido!, transgredido o violado, que es contrariarlo, incumplirlo, pese a lo que su texto dispone. El sustantivo infracción viene del verbo infringir y no hay necesidad de una definición legal, ni Código. Basta y sobra que tengamos el tenor de cada norma constitucional para advertir que ha sido o no vulnerada.

Ah, también es suficiente que tales infracciones tengan su correlato de sanción. El Artículo 100° las prevé: ¡suspensión, inhabilitación y destitución! del infractor por decisión del Pleno del Congreso luego del procedimiento seguido regulado en su Reglamento que tiene fuerza de ley.

Guillermo Olivera Díaz (Foto: agendapais.com).
Guillermo Olivera Díaz (Foto: agendapais.com).

Del mismo modo la Constitución Política otorga poder sancionatorio a los jueces, a los policías (detienen en flagrancia y ponen papeletas de tránsito sin proceso alguno). Los municipios hacen lo propio: ¡clausuran locales y ponen multas! Pues al Congreso respecta el rol que la norma constitucional le ha atribuido. Por eso Vizcarra está inhabilitado por 10 años y a Fujimori se le infligió lo mismo, aparte de sus 25 años de pena por los crímenes de lesa humanidad que cometió y dicen los fallos judiciales. También la Corte Interamericana de San José., que vio La Cantuta y Barrios Altos.

También el presidente de la República puede, sin ser juez, “disolver el Congreso” (Art. 134°) y “suspender derechos constitucionales” (Art. 137°), porque así lo dispone nuestra Constitución Política. En fin, todo eso que está normado o regulado constituye el “ordenamiento jurídico nacional” y para el fin que denunciamos el “orden constitucional” en defensa del cual está establecido el derecho de insurgencia.

Del mismo modo al expedirse leyes abusivamente se pueden cometer infracciones de la Constitución Política e infligirse la respectiva sanción, pues ella misma “no ampara el abuso del derecho” (Art. 103°), que es algo muy diferente a pedir que el Tribunal Constitucional declare su “inconstitucionalidad” sin sancionar a los infractores de tal alejamiento del derecho (Art. 202°). Declarada aquélla la norma queda sin efecto (Art. 204°).

Pues bien, al aprobarse la Ley N° 31355, artificiosa, aberrante e inconstitucional se han infringido a su vez un buen número de normas constitucionales. Entre ellas están los artículos 206°, 43°, 102°, 38°, 39°, 44°, 45°, 46°, 103° y 106°.

Veamos cada uno de ellos para denunciar lo que estamos haciendo también a título de infracciones independientes, separadas y que acarrean una sanción diferente al delito.

1.- Infracción del Artículo 206° de la Constitución Política.- Lo que realmente ha hecho la artificiosa ley 31355 es pretender interpretar los Artículos 132° y 133° sobre la Cuestión de Confianza, pero su texto no interpreta nada, ni desarrolla nada, sino que modifica la esencia misma y amplitud actual de tal figura jurídica, incumpliendo lo que dispone el numeral 206° cuando de reformar la Constitución se trata, sin seguir su texto a rajatabla y más bien violándolo.

Al no sujetarse los denunciados al procedimiento expreso, allí normado con pelos y señales, han vulnerado inclemente esa norma, que exige que una nueva regulación constitucional sobre esa materia deba ser producto del debate y aprobación en ¡dos (02) legislaturas ordinarias consecutivas!, una tras otra, lo cual no ha sucedido de ninguna manera, en fondo y forma.

Con la sola aprobación en la sesión del Pleno del 16-09-2021 del texto proyectado no puede reformarse nada de la Cuestión de Confianza que contemplan los referidos numerales 132° y 133°, en virtud de los cuales es pasible de esta medida cualquier “iniciativa ministerial” –así lo dispone el 132°, in fine-, que a su vez el presidente del consejo de ministros puede hacer suya y plantear Cuestión de Confianza (Art. 133°), la que al ser desaprobada origina la crisis total del gabinete y su dimisión, hecho que al producirse por segunda vez faculta al presidente Pedro Castillo a disolver el Congreso (Art. 134°), disolución ésta que queda abolida por semejante ley 31355. ¡Y esto no es interpretar, ni desarrollar nada sino hacer añicos el instituto, más que reformarlo: ¡eliminarlo!

Este desenlace ya no será posible si rigiese el engendro de ley que motiva mi denuncia, ya que ella niega la posibilidad de plantear confianza en (a) materias exclusivas y excluyentes que ve el Congreso, como sería la censura de un ministro por separado o de todo el gabinete, (b) de cualquier otro organismo constitucionalmente autónomo que son un sinfín y (c) cuando se trate de reformas de la Constitución. Ya no se hará, pues, Cuestión de Confianza por el Ejecutivo respecto de la aprobación de cualquier norma que se refiera a tales organismos autónomos, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, a cualquier proyecto que busque reformar la Constitución y menos aún a procedimientos que ve en forma “exclusiva y excluyente” el Congreso, como la censura de ministros y la vacancia presidencial. En cambio, el Congreso queda con sus facultades de interpelar, censurar al gabinete y vacar al presidente a su antojo y capricho, sin posibilidad de ser disuelto. Esto es lo que fue, es y será una total falta de equilibrio de poder y la normada separación de poderes de que se ocupa elArtículo 43° constitucional que resulta violado, de contrabando y carambola.

Peor aún cuando la PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL de la norma aprobada,

Peor aún cuando la PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL de la norma aprobada, promulgada y publicada N° 31355 señala sin pudor y preñada de torpe y miope oscurantismo: “solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión”, por más arbitraria y delictiva que fuere, producto de un proceder en banda criminal, como viene actuando, delito que igualmente les imputa mi denuncia sin tiquismiquis.

2.- Infracción del numeral 43°.- También ha quedado transgredido el tenor y sentido de esta norma constitucional cuando prescribe que la República del Perú es “democrática” y que el gobierno en general se organiza y funciona según el “principio de la separación de poderes”.

No habrá más, por ende, tal ansiada y regulada separación de poderes si uno invade, sojuzga o anula al otro y el invasor es el único que “puede interpretar el sentido de su decisión”. ¿Habrá algo más inconstitucional, arbitrario, desequilibrante y delictivo que este engendro legiferante? No lo creo. Una norma así solo es producto de un aquelarre delictivo, de una actuación en banda, por eso se explican los 79 votos espetados sin pudicia alguna, escalofriantes en verdad.

Cualquier Cuestión de Confianza resultará ilusoria, ya que puede no ser admitida ni a trámite alguno, rechazada con fiereza y solo tal Congreso “puede interpretar el sentido de su decisión”, y ni siquiera los jueces ordinarios ni los del Tribunal Constitucional valdrían para otro parecer.

3.- También resulta vulnerado el Artículo 102°.- Quiere este precepto constitucional que sea una atribución del Congreso “interpretar las leyes” pero no la Constitución e igualmente “velar por el respeto de la Constitución”, no solo por parte de la población civil, de otros funcionarios públicos y de los propi os congresistas, con disposiciones que hagan “efectiva la responsabilidad de los infractores”, es decir, por esta denuncia de los mismos denunciados. ¿La hará la subcomisión de acusaciones constitucionales, dictaminando su propia suspensión en el cargo, su destitución y acaso su inhabilitación? Claro que lo dudo, pero me atrevo a denunciarlo.

Que estos 79 declaren su propia responsabilidad y se inhabiliten por 10 años y sean reemplazados por sus accesitarios, aunque eso resulte ingenuo pedir a quienes actúan en banda y en forma arbitraria. Toca pues a la Fiscalía de la Nación cumplir su cometido de modo ejemplar.

Vea el expediente completo presentado por el jurista Guillermo Olivera Díaz:

 

 

 

Elí Joacim del Aguila Tuanamahttp://www.agendapais.com
Periodista, con experiencia en el manejo de medios de comunicación masivos, respaldados por 31 años consecutivos de ejercicio periodístico en Radioprogramas del Perú, RPP (donde ejerció cargos jefaturales desde 1995 hasta el 2013) y siete años como director del periódico digital Agenda País.

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