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Defensoría a Osinergmin y empresas eléctricas: Revisen facturaciones de marzo a junio

Fachada de la Defensoría del Pueblo (Foto: Defensorían del Pueblo).

En el contexto actual de la pandemia por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo pidió al Poder Ejecutivo y en especial a Osinergmin, coordinar con las empresas eléctricas una solución viable y efectiva a los problemas en las facturaciones del servicio de electricidad emitidas durante el aislamiento social obligatorio, que permita, sin esperar el reclamo del ciudadano, reducir el impacto negativo que una deuda exorbitante genera en los hogares peruano.

En ese sentido, a fin de evitar aglomeraciones en las sedes de estas empresas, así como una mayor exposición a posibles contagios por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo solicitó a las empresas distribuidoras de electricidad y al Osinergmin:

  • Revisar en bloque el consumo correspondiente al periodo de marzo a junio, lo cual permitirá conocer los consumos reales de los usuarios y que no se incurran en cobros excesivos.
  • Anular las facturaciones realizadas a los usuarios comerciales con negocios cerrados a causa del COVID-19, así como las emitidas a los usuarios residenciales, y aplicar la facturación más beneficiosa tras comparar el promedio de consumo y el consumo real realizado.
  • Exonerar a los usuarios residenciales que califican para ser beneficiarios del “Bono Electricidad” del pago de aquellos consumos registrados por encima de su promedio de consumo, considerando la existencia de otros factores que incrementan la facturación.
  • Supervisar el cálculo del consumo promedio de electricidad durante un año hasta febrero 2020, para garantizar el acceso al “Bono Electricidad”, de 160 soles, y evitar errores que perjudiquen a las familias.
  • Igualmente, la Defensoría pidió al Ejecutivo otorgar medidas complementarias de apoyo económico para el pago del servicio de electricidad de los usuarios de las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en las que permanece la aplicación de las medidas de aislamiento social obligatorio y donde ya se vienen acumulando cinco recibos de luz.

Antecedentes

Desde el inicio del estado de emergencia para contrarrestar la propagación del  COVID-19, las 23 empresas eléctricas que prestan el servicio a más de 7 millones 500 mil usuarios, han empleado diferentes modalidades de facturación (promedio de consumos de las últimas 6 facturaciones emitidas antes del mes de marzo, lecturas de medidores e inclusive una combinación de ambas), lo cual ha derivado en errores en el cálculo de las facturas que no han sido corregidos por la insuficiente intervención de Osinergmin

A la fecha, existen numerosos casos que demuestran deficiencias en las facturaciones por un mal cálculo de los promedios de consumo o lecturas mal realizadas por las empresas. Por ejemplo, en Puno solo en el mes de marzo se emitieron 576 recibos que registraron consumos excesivos producto de mal proceso de facturación, dando indicios razonables sobre hechos similares que podrían estar ocurriendo en otras empresas del país.

Asimismo, se ha advertido que las empresas distribuidoras de electricidad están emitiendo recibos elevados a usuarios de comercios que se mantuvieron cerrados e inclusive a domicilios deshabitados por consumos que no se realizaron. Por tanto, aplicar a estas facturaciones el fraccionamiento de deuda o el bono de electricidad, implicaría obligar al pago de un consumo que no se realizó, lo cual afectaría  económicamente al usuario con una carga que no le corresponde cubrir para sólo beneficiar a las empresas  otorgándoles liquidez. Ante ello, los recibos deben corregidos o anulados.

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