“Exhortamos al Poder Ejecutivo, a que los cambios o ajustes que realice en la PNP sigan el debido proceso y no sobrepasen el límite de sus debidas competencias, y que se ejecuten respetando la independencia Y autonomía funcional de la PNP, de manera que puedan cumplir su finalidad constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, es lo que señala la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento público a propósito de la renovación en la Policía Nacional del Perú dispuesta por el presidente Pedro Castillo, en su calidad de Jefe Supremo de la Policía Nacional del Perú.
Sostiene igualmente que “Si bien la renovación de cuadros es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, tal potestad no es ilimitada y se encuentra bajo control constitucional.
“Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC N.º 00002-2018-PCC/TC; STC N.° 090-2004-AA/TC), agrega, el ejercicio de esta prerrogativa debe encontrarse adecuadamente motivada, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el interés público y siempre respetando los derechos constitucionales, entre los que destacan el derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley”.
Vea el texto del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo:
x,x,x,
