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Denuncian que fiscal no atendió a venezolanas víctimas de presunta violación

Dos ciudadanas venezolanas que residen en el país denunciaron la falta de atención de la juez Soraya Soplin Tello ante un caso de violación cometido por un delincuente que ya posee antecedentes penales pero no había sido capturado.

Robert Martinez Pinto es acusado hace tres años de robo agravado y violaciones sexuales pero por casualidades de la vida nunca ha sido encarcelado, ha sometido a mujeres a abortos clandestinos por una suma módica de dinero y dos venezolanas fueron las últimas víctimas de este sujeto. Ambas buscaban interrumpir sus embarazos, como el aborto está penado en el país ya no sabían a quien recurir, pero vivieron otra pesadilla más.

Una de ellas, de 23 años, señaló el viernes de la semana pasada en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que vio un aviso pegado en un poste en Independencia que decía: “Atraso menstrual, solución inmediata” con un número telefónico y llamó. Estos anuncios abundan en Lima.

Martinez citó a la joven en el Mercado Santa Luzmila de Comas y la chica declaró que dos tipos la esperaban en un auto y cuando logró entrar le pidieron tomar una pastilla que le hizo perder el conocimiento y luego de dos horas despertó en un descampado, la violaron y robaron sus pertenencias. La otra joven también pasó por lo mismo, declaró.

FISCAL ES CUESTIONADA

Un oficial de Dirincri comentó que se montó una operación para capturar a Martinez en la Panamericana Norte y aunque niega los cargos se le incautaron diez pastillas de clonazepam y siete pastillas abortivas que están a la venta en puntos ilegales, también se le encontró envoltorios de cocaína con una pistola cargada junto a anuncios de “retrasos menstruales”.

La Defensoría de Lima Norte informó ayer que el resultado de los exámenes de Medicina Legal concluyó que las dos extranjeras fueron violadas.

Agentes del Ministerio Público designaron a la fiscal Soraya Soplin Tello para tratar el caso, la actitud de la magistrada con las venezolanas fue hostil y buscaba refutar como con preguntas: “¿De dónde sacaron el dinero para comprar el celular?”.

“En todo momento, parecía que minimizaba la denuncia de violación, de que las habían dopado para atacarlas. No preguntaba del ultraje, se centraba en atacar a las muchachas. Mi jefe tuvo que llamarle la atención inclusive”, comenta indignado un agente de la Dirincri que tuvo a cargo el caso y cuya identidad pidió que fuera mantenida en reserva.

Asimismo Soplin dispuso que el caso no fuera derivado a la Dirincri, solo al departamento de investigación local y la intención era que se procese por robo y tenencia ilegal de armas, mas no por violación.

De inmediato se comunicó el acto a la defensora de Lima Norte, Estela Lozano quien se acercó y recogió las quejas comentando lo siguiente:

“La fiscal habría estado en todo momento malhumorada y revictimizaba a las chicas. Ellas estaban atormentadas, llorando me dijeron que ya no querían denunciar nada”, detalló Lozano. De acuerdo a lo sucedido, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público ordenó que se investigue a la fiscal quien fue separada del caso.

Según Lozano, son ocho las mujeres que habrían sido violadas por Martínez. Según la policía, llegarían a 15.

“A veces las víctimas de violación que quedan embarazadas no denuncian al agresor porque se someten a abortos clandestinos, arriesgando sus vidas. Tienen miedo porque el aborto está penalizado en el Perú y pueden ser denunciadas”, dijo la defensora.

Vía: El Comercio

 

 

 

 

 

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