Palacio de Gobierno informó éste sábado que la presidente Dina Boluarte «está a la espera de una respuesta (por parte del Ministerio Público) para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones (de manera virtual en la uinvestigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra manifestantes) en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución».
Aseguró que la presidenta solicitó que sea virtual, sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la Fiscalía”. Este pedido, aseveró, no ha sido resuelto aún”.
Esta es la información del Ejecutivo difundida a través de su cuenta oficial de Twitter;
“La presidenta está a la espera de una respuesta para ejercer su derecho a la defensa y prestar declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución”
“Por lo tanto, la señora presidenta de la república no rehúye ni posterga dar declaraciones. Asimismo, reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias que la Fiscalía de la Nación estime por conveniente”,
“En la primera citación, programada para el 30 de enero, la señora presidenta expresó su plena disposición para brindar su declaración de manera virtual. Dicha solicitud no ha sido respondida”.
“El Ministerio Público emitió una nueva citación para el 23 febrero y la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual, sustentado en los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia a la Fiscalía. Este pedido no ha sido resuelto aún”.
El pasado 11 de enero, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el entonces ministro del Interior, Víctor Rojas y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
La investigación también comprendía a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.
La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
