La defensa de Dina Boluarte no logró que la Fiscalía acceda a su pedido para que la presidente declare sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno y el Ejecutivo, de manera virtual.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desestimó el requerimiento y decidió citar a la presidente Dina Boluarte de forma presencial, a dar su declaración en la investigación abierta por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La diligencia se realizará el martes 7 de marzo, en la sede de la Fiscalía ubicada en el Centro de Lima, precisó Kelly Montenegro, abogada de la jefa de Estado.
En la misma investigación están incluidos el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
También están comprendidos Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. Eran titulares de los despachos respectivos durante las manifestaciones que se iniciaron el pasado 7 de diciembre.
«Si la Fiscalía lo dispone de esta manera, nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público», agregó la titular de la defensa técnica.
Declaración virtual
De acuerdo a lo señalado anteriormente por la Presidencia, «en las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta».En su primera citación, programada para el pasado 30 de enero, Boluarte expresó al Ministerio Público «su plena disposición para brindar su declaración de manera virtual».
En la segunda, emitida por Fiscalía para el último 23 de febrero, «la defensa de la presidenta solicitó que sea virtual» por «los riesgos de seguridad y agitación social que podría generar su asistencia» a la sede del Ministerio Público. «Este pedido no ha sido resuelto aún», señaló el tuit de Presidencia.
