Ecuado: «Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político»., asegura el Gobierno de Quito
Tras el asalto a la Embajada de México en Quito, la Organización de Estados Americanos, a través de su Secretaría General, reiteró la obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador”.
Mas allá de las manifestaciones de condena y la decisión de México, seguida de Nicaragua, de romper relaciones con Ecuador, como consecuencia de la irrupción a la embajada de México en Ecuador la noche del 5 de abril de abril, el Gobierno ecuatoriano presentó una serie de argumentos para justificar su accionar. A decir:
“El asilo diplomático concedido a Jorge G. por parte de México viola el marco jurídico convencional y, por lo tanto, han procedido a su captura”.
“La decisión del presidente (Daniel Noboa) fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, en ejercicio de nuestra soberanía”.
“Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a la solicitud de asilo político para el exvicepresidente.”.
«Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político».
“Sobre Glas pesaban además dos condenas en firme por otros casos de corrupción”.
“Glas se encontraba como huésped en la Embajada diplomática de México en Quito desde el pasado 17 de diciembre, justo cuando la Fiscalía había emitido una orden de localización y captura por un caso de malversación de fondos públicos.
La Embajada de México en Quito, al haberlo recibido como huésped, «contribuyó» a que Glas incumpliera la orden de presentarse cada semana ante un tribunal, lo que, según ella, contravenía claramente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
En varias ocasiones el Gobierno de Ecuador comunicó a la Embajada mexicana su rechazo a que se concediera el derecho de asilo diplomático a Glas por tratarse de una persona juzgada por delitos comunes en tribunales ordinarios.
Incluso el pasado 29 de febrero la Cancillería ecuatoriana había solicitado a la Embajada mexicana que le diera permiso para que la fuerza pública pudiera entrar en su sede para cumplir con la orden de arresto de Glas, petición que fue negada.
A decir de Sommerfeld, la cancillería remitió información a la embajada de México de la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía sobre las sentencias condenatorias por asociación ilícita y cohecho, que pesan sobre Glas, así como la orden de captura por presunto peculado y se les recodó, añadió, que no procedía, de manera alguna, la concesión de asilo diplomático a Jorge Glas.
Las solicitudes se realizaron con base en los estatutos de la convención de Caracas de 1954 y de la convención de Montevideo de 1933. “Establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales competentes”, señaló.
Previamente, según la misma fuente, el presidente de México realizó declaraciones desafortunadas poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y banalizando el asesinato de Fernando Villavicencio; “violando la no intervención en asuntos internos de otros Estados”. Por esta razón, explicó, el Ecuador decidió declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito.
«El Ecuador es respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue persona alguna por su religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las leyes de la República».
Sobre Jorge Glass
Jorge Glas se encontraba alojado en la sede diplomática de México desde mediados de diciembre a la espera de respuesta a su solicitud de asilo político, al aducir ser un perseguido político y víctima de lawfare (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
El exvicepresidente está imputado actualmente por presunta malversación de fondos públicos en el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí tras el fuerte terremoto de 2016, y tiene pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas vigentes por cohecho y asociación ilícita.
La administración de López Obrador había otorgado el asilo político en el momento de máxima tensión entre ambos países, un día después de que el Gobierno de Daniel Noboa expulsase a la embajadora mexicana, Raquel Serur, por las declaraciones del mandatario mexicano donde relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo de Noboa
