El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo; disolvió el Parlamento, decisión que implicó la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales.
Esta decisión por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa, evita además la destitución del mandatario.
Al anunciar la medida, que implica adelantar la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales, Lasso acusó al Parlamento de tener “como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
En las siguientes líneas vea el texto del anuncio presidente de la denominada “muerte cruzada”.
Ecuatorianos, ecuatorianas:
El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social, que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que, lamentablemente, cada día se profundiza.
Debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad. Una solución que, además, responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil.
La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad, convencido de que ser presidente de la república es un honor sin comparación, y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano.
Desde el primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda.
Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador, escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder.
Ciudadanas, ciudadanos:
Ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una Asamblea Nacional que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado.
Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido.
En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el covid-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días.
Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea
Nacional intentara la destitución del presidente de la república bajo el argumento de “conmoción interna”. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana: millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad.
Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas porque –al entender de estos sectores políticos–, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para cuatro años, en apenas doce meses.
Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos, están archivadas. Otros proyectos, como la ley de recursos hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa.
En cambio, propuestas que dieron trámite, como la ley de uso progresivo de la fuerza, tienen absurdos como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero, en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia.
Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado.
Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión, que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flopec. Se trata de un contrato del 2018, tres años antes de que yo asumiera la Presidencia.
Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo, es el mecanismo para destituir al presidente. Han cambiado de acusación varias veces, han violentado el dictamen de la Corte Constitucional, han violentado la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que sea, para alcanzar su objetivo.
No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la Presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total, que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción.
Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar. ¡Absolutamente nada!
Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades.
Pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en dos años de gobierno.
Hay ministros que han tenido en un solo día hasta cinco comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno.
Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir al acoso político de la Asamblea Nacional, en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas.
Esto no es fiscalización. Es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna, que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional.
Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo
148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el Decreto Ejecutivo No. 741.
Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
Esta es la mejor decisión posible que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas.
A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos-ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes.
He firmado el primer decreto ley de urgencia económica, para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas, y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares.
Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo.
El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país.
Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un mejor futuro para el Ecuador.
Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós, termino este mensaje: Mi poder en la Constitución, y mi corazón en el pueblo ecuatoriano.
Que Dios nos bendiga a todos. Muchas grcias.
GUILLERMO LASSO MENDOZA
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
