La Fiscalía de la Nación dispuso hoy realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidente de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa; César Cervantes, exministro del Interior y otros involucrados.
Las denuncias tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022.
La información dada a conocer por el Ministerio Público, hasta el momento, no ofrece ningún detalle sobre las acciones programadas por la Fiscalía.
A través de sus redes sociales, la presidente Dina Boluarte saludó la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre del 2022 y aseguró que dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades.
Antecedente
La decisión se conoce tres días de la presentación de una acusación constitucional contra la presidente Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por las 27 muertes ocasionadas por la represión militar y policial, durante las manifestaciones de protesta y paro indefinido en las regiones de: Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho.
De acuerdo al documento presentado por la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático), la presidente Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional contemplados en los artículos 1, 2, 39, 44 y 118, inciso 1 de la Carta Magna), junto con el exjefe del Gabinete, Pedro Angulo, además de los ministros Alberto Otárola (ex Defensa y hoy titular de la PCM), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia).
Los artículos 39 y 44 establecen que la presidenta tiene el deber de actuar en cumplimiento de la Constitución y la ley, y que tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Sin embargo, señala el documento de la parlamentaria, durante el estado de emergencia fueron asesinados ciudadanos que ni siquiera tenían participación en las manifestaciones, tal como quedó en evidencia, con nitidez, en el caso de Ayacucho.
De acuerdo al documento, la conducta en la que habría incurrido la presidente de la República, Dina Boluarte Zegarra y los ministros Pedro Angulo Arana, Alberto Otálora Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, José Tello Alfaro atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución, con especial atención en lo referido a os derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica.
“A fin de demostrar porque la presidenta de la República como sus ministros no habrían observado el mandato constitucional de hacer cumplir la Constitución y las leyes como prevé el artículo 118.1 de nuestra Carta Magna, primero vamos a referirnos a los artículos constitucionales que se ven infringidos por sus decisiones y acciones para, a partir de ellos, concordarlo con el referido artículo 118 que contiene la obligación constitucional de la presidenta y por ende, de sus ministros también, de hacer cumplir los distintos dispositivos constitucionales y legales que son materia de análisis”.
Vea el contenido de la denuncia Constitucional.
