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Francisco abolió el secreto pontificio en casos de abusos sexuales

El papa Francisco a través de una serie de cambios en las “Normae de gravioribus delictis” reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, abolió el secreto pontificio en casos de abusos sexuales, decisión considerada por el Secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Charles Scicluna, como “histórica “en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio”.

La disposición, contemplada en modificaciones de las Normas Sustanciales del Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de San Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001”, será publicada en L’Osservatore Romano y en el Acta Apostolicae Sedis y entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

El Papa Francisco también decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años”. Hasta ahora, se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años.

En esa modificación también se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral o la celebración de los sacramentos tenga que ser un sacerdote.

La Instrucción igualmente establece que los delitos que no estarán sometidos al secreto pontificio son los citados en el artículo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 de mayo de 2019, y en el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de san Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.

Además, en la Instrucción se concreta que “la exclusión del secreto pontificio también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con otros delitos”.

La Instrucción también subraya que “la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad” “con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas”.

Aunque se insiste también en que “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”.

La Instrucción concluye señalando que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”.

                                                                                                            Foto (w2.vatican.va).
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