En el momento que la presidente Dina Boluarte, rodeada de los ministros de Estado y los comandantes generales de las FF.AA. y PNP, ofrecía una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la Dircote-Policía Nacional del Perú realizó una diligencia policial en los locales del Nuevo Perú y la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú
En esto lugares, ubicados en la Plaza Bolognesi, se encontraban 26 personas llegadas del interior del país con el propósito de participar en Lima en las marchas que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Fueron retenidas y en horas de la noche liberadas tras la intervención de abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que aseguraron que no se conoció el tipo penal imputado a los intervenidos, pese a la presencia de 3 fiscalías: DDHH, terrorismo y crimen organizado.
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¿Que se hallaron en los locales?
Machetes, ondas, huaracas, clavos, pasamontañas y otros objetos que se presume, de acuerdo a la autoridad, serían utilizados en las próximas protestas en la ciudad de Lima.
Lo que señala el ministro del Interior
A decir del ministro del Interior, César Cervantes, la operación se realizó bajo el amparo de la Constitución y de los derechos humanos.
De acuerdo al ministro, participaron ocho representantes de la Fiscalía, aunque el Ministerio Público aclaró posteriormente que los fiscales llegaron luego del inicio de la diligencia.
“Al tomar conocimiento de que la Dircote – PNP realizaba diligencias en la ciudad de Lima, dispuso la presencia inmediata de fiscales especializados con el objetivo de garantizar la legalidad y los derechos humanos”, precisó un Tuit de la Fiscalía de la Nación.
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La palabra del jefe de la PNP
El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro expresó:
«Todo lo que se diga será parte de investigación, pero esta intervención se hace con respeto de los Derechos Humanos, dentro del marco de la ley y cumpliendo respeto de las personas detenidas», expresó.
Congresistas en el lugar de la intervención
Al lugar llegaron congresistas de izquierda, entre ellos Ruth Luque y Sigrid Bazán, ésta última en diálogo con la prensa elevó su voz de protesta por lo que consideró “irregular intervención” a la vez que hizo las siguientes precisiones:
Sigrid Bazán
“El estado de emergencia no suspende las garantías procesales: es un estándar internacional y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Esta intervención es arbitraria y desproporcionada: no hay justificación de comisión de delito para allanar los locales, los retenidos no cuentan con un abogado defensor y tampoco hubo presencia de un traductor que pueda comunicarles que está ocurriendo en su lengua. Es una vulneración a sus derechos como ciudadanos”.
“El local allanado no está concentrando una reunión, es de uso domiciliario. Se están acogiendo a personas, como si se tratase de una casa. Estamos alertas porque no se pueden hacer detenciones arbitrarias. La inviolabilidad de domicilio tiene que ser proporcional y razonable al contexto. Este actuar tiene sentido de persecución”.
Ruth Luque
“No es cierto que la “intervención” fue con la Fiscalía. Yo estuve aquí y fui impedida de ingresar. Luego de las denuncias ingresé y posterior a mi visita llegó el Fiscal de DDHH. Y luego se hizo presente Fiscal contra terrorismo”.
“Aquí permanecen 26 personas quechua hablantes mayoritariamente. PNP pretende atribuir a toda costa que estos objetos son para un delito o peor aún generar una hipótesis de terrorismo. Invoco a CIDH su pronta visita a Perú, pues este Gobierno está violando derechos. No hay garantías”.
“Luego de exigir se permita ejercer nuestra función de fiscalización y representación; logramos ingresar. No permitiremos derecho a la defensa se restrinja, cualquier limitación de derechos debe estar vinculado a un delito no a hipótesis no a sospechas”.
Ruth Luque (Foto: Facebook)
CNDDHH
La Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su cuenta de Twitter escribió:
“Recordamos a las autoridades que las limitaciones a la reunión pacífica tienen que ser excepcionales y cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad en todo momento”.}
“Nos preocupan las alegaciones de un allanamiento y detenciones en las oficinas de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos por la Dirección Contra el Terrorismo de la PNP (DIRCOTE) en el marco del estado de emergencia”.
