El caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, investigada en el Legislativo, abrió un nuevo frente de discusión, esta vez entre la Junta Nacional de Justicia, JNJ, y el Congreso de la República. Ambas instituciones emitieron comunicados.
“Plena autonomía en la toma de sus decisiones”, es lo que expresó el Congreso de la República en respuesta al pedido de reflexión sobre la acusación constitucional contra la exfiscal Zoraida Ávalos por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«Por lo tanto, (el Congreso) reafirma que actuará con respeto a la Constitución, a la separación de poderes y la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos», finaliza.
La JNJ solicitó al Congreso una «mayor reflexión» sobre la acusación constitucional contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien es acusada por la presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4, de la Constitución Política.
Comunicado
En el diseño constitucional de la Junta Nacional de Justicia subyace su condición de garante de la independencia de los jueces y fiscales del Perú en todos sus niveles. A ella se le han reservado con exclusividad las facultades de selección, nombramiento, evaluación parcial, ratificación y sanción de los magistrados, para alejar tales procedimientos de toda intervención política o de cualquier otra índole. Cumple así una delicada función en el sostenimiento de los necesarios equilibrios propios de un estado democrático y constitucional de derecho.
Es sobre ese fundamento que la JNJ se permite invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia.
La JNJ respeta plenamente la atribución constitucional propia del Congreso de la República, contenida en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. No obstante, estima que el ejercicio de tales facultades debe hacerse ponderando cuidadosamente los valores constitucionales en juego, contenidos en los artículos 139.2, 146.1 y 158.2 de la Constitución, entre otros, relativos a la independencia en la administración de justicia.
La judicialización de la política y la politización de la justicia son fenómenos contemporáneos que laceran las instituciones y socaban la convivencia social y ciudadana. La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones.
Ninguna conciencia democrática y republicana debería permanecer indiferente ante los desafíos que estas circunstancias suponen.
La JNJ no acude en defensa de una persona. Este órgano constitucional autónomo defiende garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia.
Lima, 23 de mayo de 2023
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia
